Para cualquier quiteño de a pie, el nombre Quito Honesto evoca la promesa de un blindaje ético frente al manejo del dinero público en la capital. Pero, ¿cuál es la verdadera capacidad que tiene esta entidad y su independencia?
Con un presupuesto anual de 2,4 millones de dólares y más de dos décadas de existencia, Quito Honesto responde ante cuestionamientos de concejales.
Para cualquier quiteño de a pie, el nombre Quito Honesto evoca la promesa de un blindaje ético frente al manejo del dinero público en la capital. Pero, ¿cuál es la verdadera capacidad que tiene esta entidad y su independencia?
La investigación de Fiscalía a dos presuntos casos de corrupción dentro del Municipio (Caso Vacunas y Asfalto de Oro) fijan la mirada de los concejales en la entidad encargada de fiscalizar e intentar evitar que se consumen actos reñidos con la ley.
Creada en 2002 durante la alcaldía del general Paco Moncayo, la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción nació como una iniciativa para vigilar la administración local, recibir alertas ciudadanas e intentar evitar que los fondos municipales cayeran en las redes del soborno y el desvío.
Sin embargo, a 24 años de su fundación, la efectividad real de esta entidad está bajo el escrutinio público.
Aunque opera con un presupuesto anual de aproximadamente 2,4 millones de dólares y cuenta con una estructura burocrática especializada en prevención, auditoría, tecnología e investigación, la institución carece de facultades legales para imponer sanciones, suspender contratos o destituir a funcionarios involucrados en presuntos actos ilícitos.
En el Concejo Metropolitano, las opiniones sobre la entidad varían entre quienes demandan reformas radicales a su estructura y quienes afirman que sus informes son inofensivos frente al poder político de turno.
Para el concejal Bernardo Abad (CREO-RETO), la institución arrastra una limitación de diseño jurídico que vuelve estéril su labor fiscalizadora en la práctica:
Según el concejal, lo máximo que esta entidad puede hacer es “decir que se habría cometido algún acto irregular o delito y enviarlo a la Fiscalía General del Estado porque no es Contraloría General del Estado, que sí tiene verdaderos poderes".
Abad recuerda que los fiscalizadores formales del Municipio, por mandato de la ley, son exclusivamente los concejales, por lo que una ordenanza no puede otorgar atribuciones sancionadoras a Quito Honesto. A su criterio, la única salida técnica viable sería articular una coordinación permanente con personal delegado de la Contraloría que trabaje directamente en sus oficinas.
Por su parte, el concejal Fidel Chamba, quien llegó al Municipio por una alianza del Partido Socialista Ecuatoriano y SUMA, enfoca sus reparos en dos niveles: el diseño estructural y el nulo peso jurídico de sus resoluciones:.
Chamba reclama que el director de Quito Honesto no tiene la autonomía funcional requerida porque es nombrado directamente por el alcalde de Quito. El concejal dice que en materia legal no tiene facultad para parar o suspender procesos contractuales donde observe fraudes, es decir, que se queda en una simple alerta.
La concejala Analía Ledesma, de la Izquierda Democrática, insiste en que la entidad debe preservarse pero debe ser sometida a una reingeniería profunda. Ledesma cuestiona la contradicción que supone que la institución encargada de vigilar a toda la administración —incluido el despacho del alcalde— esté dirigida por un funcionario designado “a dedo” por el propio fiscalizado.
Para la concejala, una pregunta legítima que se debería resolver mediante una reforma constitucional es si puede existir confianza ciudadana plena cuando quien dirige una institución de control depende de la autoridad que debe ser fiscalizada.
Frente a las críticas de los concejales, el presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, Rodrigo Cáceres, defiende con cifras el papel de la entidad y aclara el alcance de sus dos grandes competencias: la prevención y la investigación.
Cáceres explica que, tras la eliminación de los informes previos de la Contraloría en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el Municipio de Quito conservó este filtro mediante resolución de Alcaldía para todos los procesos que superan los 690.000 dólares.
Bajo este esquema, Quito Honesto examina la justificación técnica de la necesidad contractual, los estudios de mercado, los presupuestos referenciales y los términos de referencia antes de que las obras o adquisiciones se convoquen en el portal del Sistema Nacional de Compras Públicas (Sercop).
En ese balance preventivo, Cáceres dice que la entidad emitió 184 informes de contratación por 442 millones de dólares, en 2024; 225 informes por 772 millones, en 2025 y 163 informes por 546 millones de dólares, en 2026.
Desde septiembre de 2024, por disposición de la Alcaldía, ningún proceso que reciba observaciones de Quito Honesto podría ser publicado por las empresas metropolitanas hasta que se subsanen los justificativos técnicos o se actualicen los estudios desfasados, añade.
Respecto a la cuestionada independencia frente al alcalde Pabel Muñoz, Cáceres sostiene que su designación responde a lo establecido en la ordenanza vigente y remarca que no llegó al cargo por 'compadrazgo' político:
Además, explica que el pleno de Quito Honesto está conformado por cinco miembros delegados:
En el ámbito de la investigación, el funcionario defiende que los informes con indicios de responsabilidad penal generados por su despacho no caen en saco roto: en 2024, la entidad remitió 21 informes a la Fiscalía, en 2025 envió otros 21, y en 2026 ya suman 14 expedientes.
Entre ellos, Cáceres cita como precedente la sentencia penal condenatoria contra agentes de tránsito (AMT) en el caso 'Pico y Plata' y la remoción o destitución de servidores municipales en entidades como la Secretaría de Salud tras determinarse faltas administrativas graves.
El debate de fondo permanece abierto, a menos de dos semanas de las elecciones seccionales: mientras la administración defiende la fiscalización preventiva de los contratos en el papel, los concejales insisten en que, sin potestad sancionadora ni un método de elección ajeno a la Alcaldía, Quito Honesto seguirá siendo un vigilante sin poder efectivo.




