lunes 16 de noviembre de 2026
Ecuador

Ley Antimafias: Estas son las reformas para penas de hasta 60 años, sanciones a abogados y más

El proyecto de la Ley Antimafias plantea penas de hasta 60 años en casos excepcionales, nuevos delitos por desplazamiento y confinamiento forzado

En pocas palabras

  • Ley Antimafias: Propone penas de hasta 60 años, nuevos delitos y sanciones para abogados y contadores.
  • Nuevas figuras penales: Se penaliza el reclutamiento, la cesión de infraestructura y se crean delitos de desplazamiento y confinamiento forzado.
  • Mecanismos de investigación: Se refuerza la cooperación eficaz con la Fiscalía y se modifican reglas para la investigación de bienes ilícitos.
Resumen generado por Thinkindot AI

La Ley Antimafias también busca sancionar a quienes sostienen las actividades criminales desde otras funciones, proteger a las comunidades sometidas al control de las mafias y afectar su financiamiento. El objetivo es ampliar las herramientas de investigación y persecución penal, además de mejorar la recuperación y administración de bienes vinculados con actividades ilícitas.

La ley fue impulsada por la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y se aprobó a 20 días de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. La normativa reforma tres cuerpos legales: el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

¿A quiénes busca sancionar la Ley Antimafias?

Uno de los cambios centrales está en la definición de delincuencia organizada. La propuesta distingue los niveles de participación dentro de una estructura criminal y establece penas según las funciones que cumpla cada persona.

Tener una relación familiar, laboral, comercial o de amistad con un integrante de una banda no bastaría para configurar estos delitos. La Fiscalía tendría que demostrar que existió conocimiento de los fines criminales y una participación que encaje en las conductas descritas por la norma. El texto también excluye la prestación legítima de servicios profesionales y la defensa técnica.

¿En qué casos las penas podrían llegar a 60 años?

Otro cambio relevante está en el régimen de acumulación de penas. Actualmente, el límite general para sumar condenas privativas de libertad es de 40 años. La reforma mantendría ese máximo, pero incorporaría una excepción.

El límite podría subir hasta 60 años cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, siempre que la suma de las penas individuales supere los 40 años. La acumulación tampoco podría exceder el doble de la pena más grave.

Esto significa que no se elevaría automáticamente la pena máxima de todos los delitos ni se impondrían condenas de 60 años por integrar una organización criminal. La excepción dependería de la cantidad y naturaleza de los delitos cometidos y de las condiciones que establece el proyecto.

Sanciones para abogados y contadores

Otro punto de la propuesta se refiere a los profesionales que utilicen sus conocimientos para facilitar u ocultar delitos. Si un abogado o contador recibe una sentencia condenatoria por determinados delitos y se demuestra que utilizó de forma deliberada actos propios de su profesión como medio directo y esencial para cometer, facilitar u ocultar la infracción, un juez podría disponer su inhabilitación profesional.

La medida no alcanzaría a quienes ejerzan legítimamente la defensa técnica ni a quienes presten servicios jurídicos o contables dentro del marco legal.

El proyecto también contempla medidas para proteger la ubicación y los datos personales de jueces amenazados por conocer causas relacionadas con delincuencia organizada.

Reclutar personas o prestar infraestructura también sería delito

La reforma incorpora dos figuras penales adicionales. La primera sancionaría a quienes capten, recluten, incorporen o entrenen a personas mayores de 18 años para que cometan delitos en beneficio de una organización criminal. La pena propuesta va de 10 a 13 años y subiría de 13 a 16 años si se aprovecha una relación de autoridad, cuidado, confianza o subordinación.

La segunda figura sancionaría a quienes pongan a disposición de estos grupos inmuebles, instalaciones, vehículos u otra infraestructura física, sabiendo que serán utilizados para sostener sus operaciones o cometer delitos. La pena sería de 10 a 13 años y aumentaría de 13 a 16 años cuando esos espacios o medios se utilicen para ocultar armas, drogas, explosivos, bienes ilícitos o mantener personas retenidas.

Desplazamiento y confinamiento forzado: dos nuevos delitos

El proyecto también busca sancionar formas de violencia que afectan a barrios y comunidades sometidos al control de organizaciones criminales.

El desplazamiento interno forzado se configuraría cuando, como parte de las actividades de un grupo criminal, una persona sea obligada a abandonar su vivienda, barrio o comunidad mediante amenazas, intimidación, violencia, coacción o destrucción de sus bienes y medios de subsistencia. La pena propuesta es de siete a 10 años de prisión. La misma sanción se aplicaría a quienes impidan u obstaculicen el retorno de las víctimas.

El confinamiento forzado, en cambio, se refiere a las restricciones impuestas sobre accesos, vías o zonas de tránsito que impidan a dos o más habitantes movilizarse libremente y los obliguen a permanecer en un territorio contra su voluntad. Para esta conducta se plantea una pena de cinco a siete años.

La propuesta incluye agravantes cuando las víctimas sean, por ejemplo, periodistas, docentes, personal de salud, dirigentes comunitarios o defensores de derechos humanos, y cuando los responsables obtengan beneficios económicos mediante la ocupación o explotación de los inmuebles de las víctimas.

Cooperación con la Fiscalía y nuevas reglas para las investigaciones

La iniciativa incorpora un mecanismo de cooperación eficaz reforzada. Una persona investigada o procesada por delincuencia organizada podría acceder a una reducción de pena si entrega información precisa, verificable y útil para alcanzar resultados concretos.

Entre esos resultados están identificar, localizar o capturar a quienes dirigen, financian o controlan una organización; recuperar bienes vinculados con ella; prevenir un delito grave e inminente o contribuir a desarticular total o parcialmente la estructura.

La reducción no sería automática. La Fiscalía tendría que justificar la utilidad de la información y un juez verificar su eficacia. La pena resultante no podría ser inferior a un año de prisión ni se aplicaría la reducción a condenas por delitos contra la vida o contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.

También se plantean cambios para valorar los riesgos procesales en casos de delincuencia organizada. Los jueces podrían considerar, de forma individualizada, la capacidad económica, armada o logística de la organización y sus redes de apoyo, siempre que existan elementos vinculados con la persona procesada que demuestren un riesgo concreto de fuga, obstrucción o intimidación.

¿Qué pasaría con los bienes incautados?

La reforma busca evitar que los bienes relacionados con actividades ilícitas pierdan valor mientras permanecen bajo custodia del Estado. Por eso establece un régimen especial de administración y permite su asignación temporal a entidades públicas o fundaciones sin fines de lucro para usos sociales, comunitarios, educativos, sanitarios, productivos o culturales.

También regula la venta anticipada de bienes incautados cuando exista riesgo de deterioro, depreciación o pérdida significativa de valor, o cuando los costos de conservación sean desproporcionados frente al valor del bien.

Para hacerlo se necesitaría un informe técnico, un avalúo actualizado y autorización de un juez, quien resolvería en audiencia. El dinero obtenido no pasaría automáticamente al Estado, sino que sustituiría al bien dentro de la medida cautelar y permanecería individualizado, junto con sus rendimientos, hasta que exista una decisión judicial definitiva.

El proyecto también modifica la Ley de Extinción de Dominio. Si la Fiscalía presenta elementos objetivos suficientes que relacionen un bien con las condiciones para extinguir el dominio, su titular tendría 15 días para aportar documentos que justifiquen su origen lícito. La Fiscalía, sin embargo, conservaría la obligación de demostrar los presupuestos de la acción y la falta de documentos no determinaría por sí sola la extinción.

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