Desplazamiento y confinamiento forzados
Para sancionar estas formas de violencia ejercidas por organizaciones criminales, se tipificaron dos nuevos delitos: el desplazamiento interno forzado y el confinamiento forzado. Ambos existen, con otros nombres, en países de la región que también mantienen guerras contra el narcotráfico.
El desplazamiento forzado establece penas de siete a diez años de prisión para quienes, como parte de las actividades de un grupo de delincuencia organizada, obliguen a personas o comunidades a abandonar sus lugares de residencia mediante amenazas, intimidación, violencia o coacción. La sanción también alcanza a quienes impidan u obstaculicen su retorno.
El segundo delito, de confinamiento forzado, fija penas de cinco a siete años. Se configura cuando integrantes de organizaciones criminales restringen la movilidad de dos o más habitantes mediante amenazas, violencia o intimidación, por ejemplo, al controlar accesos, vías o zonas de tránsito y obligarlos a permanecer en un territorio contra su voluntad.
¿Qué pasa en la región?
Estas conductas no son ajenas a otros países de la región. Colombia, El Salvador, Honduras y México han desarrollado respuestas legales frente al desplazamiento forzado, mientras que en Colombia el confinamiento de comunidades por grupos armados también ha sido documentado como una de las consecuencias de la violencia sobre la población civil.
Colombia: cuando la violencia obliga a abandonar el hogar
Colombia incorporó el desplazamiento forzado en su Código Penal mediante la Ley 599, en el 2000. El artículo 180 sanciona a quien, de manera arbitraria y mediante violencia u otros actos coercitivos dirigidos contra un sector de la población, provoque que una o más personas cambien su lugar de residencia.
Una particularidad de esta figura es que no exige que el desplazamiento ocurra en el contexto de un conflicto armado. La interpretación de la justicia colombiana ha establecido que puede configurarse con independencia de la identidad del responsable o de las razones de la violencia.
El país también reconoce el confinamiento de comunidades como una afectación humanitaria. La Defensoría del Pueblo de Colombia lo describe como una situación en la que una persona o comunidad pierde la libertad de movilizarse dentro de su territorio por las restricciones impuestas por grupos armados ilegales. Estas limitaciones pueden impedir el acceso a alimentos, servicios de salud y otros bienes necesarios para sobrevivir.
El confinamiento ha sido visible en regiones afectadas por enfrentamientos y disputas territoriales. En el Catatumbo, por ejemplo, la Defensoría y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) documentaron desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y restricciones a la movilidad durante la crisis que se intensificó desde comienzos de 2025, por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
La diferencia con Ecuador es que la Ley Antimafias incorpora el confinamiento forzado como un tipo penal específico asociado a las actividades de organizaciones criminales. En Colombia, el confinamiento está reconocido como una afectación a la población y un hecho victimizante.
El Salvador: limitar la circulación también puede implicar desplazamiento
En El Salvador, el Código Penal no utiliza la denominación 'desplazamiento forzado' para esta conducta. Sin embargo, el artículo 152-A sanciona la limitación ilegal a la libertad de circulación. La norma castiga con cuatro a ocho años de prisión a quien, mediante violencia, intimidación o amenazas contra las personas o sus bienes, impida que otra persona circule libremente, ingrese, permanezca o salga de cualquier lugar del territorio nacional.
Si la conducta es cometida por dos o más personas, la pena aumenta de seis a diez años.
La legislación establece una sanción mayor cuando esas acciones buscan obligar a alguien a abandonar su domicilio, residencia, trabajo, centro de estudios o el lugar donde realiza una actividad lícita.
En ese caso, la pena es de ocho a doce años de prisión. La disposición fue incorporada al Código Penal mediante una reforma aprobada en 2016, antes de la llegada de Nayib Bukele y su política de guerra contra las pandillas, en 2019.
Además, el artículo 345 del mismo código sanciona por separado la pertenencia a determinadas pandillas y organizaciones criminales proscritas, con penas de 20 a 30 años de prisión para sus integrantes y de 40 a 45 años para sus creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. La reforma de 2022 establece que este delito se sanciona en concurso con otros delitos, por lo que puede concurrir con la limitación ilegal a la libertad de circulación cuando se configuren ambas conductas.
Honduras y México: otras respuestas al desplazamiento interno
Honduras también tipificó el desplazamiento forzado en su Código Penal, aprobado mediante el Decreto 130, en 2017. La figura se relaciona con delitos contra la libertad de determinación y contempla distintas formas de obligar a una persona a abandonar su lugar de residencia, trabajo, estudio o actividad.
En México, en cambio, el delito no está tipificado a escala federal. Sin embargo, los estados de Sinaloa, Sonora y Guerrero, los más afectados por el narcotráfico, incorporaron figuras penales propias entre 2020 y 2021.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un manual elaborado junto con ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja, recoge estas diferencias y advierte que la ausencia de una figura federal puede dificultar la investigación y sanción del desplazamiento interno.
Pero existen casos que marcan el camino en políticas contra el narcotráfico, principalmente cuando se trata de la vulneración de los derechos de civiles. En Chiapas, en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a comunidades indígenas tzotziles que enfrentaban agresiones, hostigamiento y amenazas por la presencia de personas armadas.
Italia acompañó la elaboración de la Ley Antimafias en Ecuador
La reforma ecuatoriana también contó con asesoría de expertos italianos mediante el programa de cooperación jurídica bilateral ITAJUS, ejecutado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).
En una entrevista con El Universo, publicada el 8 de junio de 2026, el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, explicó que la asesoría se desarrollaba desde hacía al menos dos años e incluía a un fiscal italiano especializado en la lucha antimafia, quien tenía la tarea de asesorar y capacitar a instituciones ecuatorianas.
Davoli mencionó como referencias de la experiencia italiana la tipificación de la asociación mafiosa y la utilización social de los bienes incautados. También precisó que el papel de los expertos de su país era aconsejar y acompañar el proceso, mientras que las decisiones sobre el contenido de la ley correspondían a las instituciones ecuatorianas.
¿Qué busca sancionar Ecuador con la Ley Antimafias?
Con estas dos figuras, el texto aprobado busca reconocer y sancionar conductas que afectan directamente a la población cuando las organizaciones criminales ejercen violencia y control sobre los territorios. No se trata únicamente de perseguir los delitos que cometen las bandas, sino también de establecer responsabilidad penal por las consecuencias que sus acciones generan en la vida de las personas y las comunidades.
La Asamblea aprobó la Ley Antimafias con 85 votos a favor y 61 en contra, correspondientes a la bancada correísta. El proyecto debe seguir el trámite constitucional ante el Ejecutivo y su entrada en vigor dependerá de la sanción y publicación en el Registro Oficial.