El correísmo y sus aliados fueron los únicos que votaron en contra de la Ley Antimafias, aprobada por la Asamblea Nacional el lunes 9 de noviembre de 2026. La reforma modifica tres cuerpos legales vigentes en el país con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado.
La ley reformatoria se aprobó con 85 votos a favor, provenientes de asambleístas oficialistas, de Pachakutik y de legisladores independientes que antes estuvieron ligados al correísmo. No hubo votos en blanco ni abstenciones.
El proyecto fue impulsado por la presidenta de la Asamblea, la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno, y llegó al Pleno con un informe de la Comisión de Seguridad Integral. Durante el segundo debate intervinieron 18 legisladores. La moción para aprobar el texto íntegro fue presentada por la asambleísta Inés Alarcón, también de la bancada oficialista.
La elaboración de la Ley Antimafias contó con asesoría técnica italiana a través del programa de cooperación jurídica ITAJUS, ejecutado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA). El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, explicó en junio de 2026 que el acompañamiento se desarrollaba desde hacía, al menos, dos años e incluía el trabajo de un fiscal italiano especializado en la lucha contra las mafias, quien asesoró y capacitó a instituciones ecuatorianas.
La experiencia italiana también sirvió como referencia para el contenido de la propuesta. Davoli explicó a El Universo dos mecanismos:
- Tipificar la asociación mafiosa como delito.
- Aprovechar los bienes incautados para fines sociales, en lugar de mantenerlos almacenados mientras pierden valor o generan gastos al Estado.
La referencia histórica de la nueva ley ecuatoriana es la ley Rognoni-La Torre, aprobada en Italia en 1982, que incorporó el delito de asociación de tipo mafioso y mecanismos para afectar el patrimonio de esas organizaciones. En septiembre de 2026, la Asamblea y el programa ITAJUS suscribieron una declaración conjunta para mantener la cooperación mediante capacitación legislativa e intercambio de experiencias.
Con la aprobación legislativa, el proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa para el trámite correspondiente, que contempla su revisión antes de la entrada en vigencia.
¿Quiénes no asistieron al Pleno?
Los cinco asambleístas que no estuvieron presentes en la sesión para la aprobación de la Ley Antimafias fueron:
- Guillermo Báez, asambleísta por Orellana, de la RC
- José Fernando Nantipia, asambleísta nacional, por Pachakutik
- Lauro Saant, asambleísta nacional, por RC
- Dominique Serrano, asambleísta por Pichincha, de ADN
- Alejandro Vanegas, asambleísta por Guayas, de la RC
¿Qué plantea la Ley Antimafias?
La Ley Orgánica reforma tres cuerpos legales para fortalecer las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado y busca ampliar las herramientas para investigar, perseguir y sancionar a las organizaciones criminales, así como afectar sus fuentes de financiamiento.
Uno de sus cambios más relevantes es el régimen excepcional de acumulación de penas de hasta 60 años. Este límite no se aplicará a cualquier delito. Se establece cuando una persona sea condenada por tres o más infracciones dolosas, autónomas e independientes, y la suma de las penas supere los 40 años.
La reforma también diferencia las responsabilidades dentro de las estructuras criminales. Establece sanciones para quienes las dirijan, financien o integren, pero también para quienes cumplan funciones operativas o colaboren de forma consciente y reiterada para facilitar sus actividades. La relación familiar, laboral, comercial o profesional con un integrante de una organización no será suficiente, por sí sola, para configurar esa responsabilidad.
Entre las nuevas figuras penales están el desplazamiento interno forzado y el confinamiento forzado. La primera sanciona a quienes obliguen a personas o comunidades a abandonar sus hogares mediante amenazas, violencia o coacción; la segunda, a quienes restrinjan la movilidad de habitantes mediante intimidación o controles territoriales.
La normativa incorpora, además, mecanismos de cooperación eficaz con la Fiscalía. Las personas procesadas podrán acceder a una reducción de pena si entregan información precisa y verificable que produzca resultados concretos, como identificar a responsables, recuperar bienes o contribuir a desarticular organizaciones criminales. El beneficio estará sujeto a condiciones y control judicial.
Otro eje es la recuperación y administración de bienes vinculados con actividades ilícitas. La reforma permite su venta anticipada en circunstancias específicas, como el riesgo de deterioro o pérdida de valor, siempre con autorización judicial. El dinero obtenido deberá mantenerse bajo custodia hasta que exista una decisión sobre el destino de esos bienes.
La ley también establece medidas de protección para jueces amenazados por conocer causas relacionadas con delincuencia organizada y contempla la inhabilitación profesional de abogados y contadores cuando se demuestre que facilitaron u ocultaron delitos de forma dolosa.