Ser familiar, amigo o compañero de un integrante de una banda criminal no constituye, por sí solo, un delito. La responsabilidad por reclutamiento o colaboración exige demostrar que la persona participó de forma consciente en actividades de la organización o contribuyó a su funcionamiento. Así lo establece la Ley Antimafias, aprobada por la Asamblea, el 9 de noviembre de 2026.
El presidente Daniel Noboa se refirió a este alcance de la Ley Antimafias durante una entrevista con Radio Centro, este miércoles 11 de noviembre de 2026. El mandatario precisó que los vínculos con estructuras criminales deben sustentarse en elementos concretos. Como ejemplo, mencionó pagos y beneficios recurrentes de una empresa relacionada con actividades ilícitas, y los diferenció de la coincidencia de personas en una reunión social.
La precisión es relevante frente a las nuevas figuras que incorpora el proyecto de Ley Antimafias, aprobado por la Asamblea Nacional el 9 de noviembre. La reforma busca ampliar la capacidad del Estado para perseguir el crimen organizado y asfixiar su economía, a través del aumento de penas y tipificación de roles dentro de la organización criminal.
Reclutamiento de adultos: nuevas sanciones en Ecuador
Ecuador busca sancionar a quienes recluten nuevos integrantes para las organizaciones criminales. Estas estructuras necesitan más personas dispuestas a ejecutar delitos. Para mantener sus operaciones también requieren vigilancia, transporte, comunicación, abastecimiento y apoyo logístico, según recogió el proyecto de ley.
El proyecto incorpora el delito de reclutamiento de personas adultas. El texto fija penas de 10 a 13 años de prisión para quienes recluten, incorporen o entrenen a mayores de 18 años con conocimiento de que serán utilizados para cometer delitos en beneficio de una organización criminal. La sanción puede aumentar de 13 a 16 años cuando se aprovechen relaciones de autoridad, cuidado, confianza o subordinación.
La reforma también incorpora la figura de pertenencia funcional al crimen organizado. Esta apunta a quienes, sin ser necesariamente los autores materiales de los delitos, cumplen actividades que permiten el funcionamiento de la estructura criminal. La pena prevista es de 13 a 16 años, con incrementos en determinadas circunstancias.
Eso no significa que cualquier relación familiar, laboral o social con un integrante de una banda constituya un delito. La Fiscalía deberá demostrar que existió una integración consciente y estable o reiterada a la estructura delictiva.
¿A quiénes apunta el crimen organizado en Ecuador?
La reforma pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de las sanciones: ¿cómo identifican las bandas a quienes necesitan, qué les ofrecen y qué mecanismos utilizan para incorporarlos y mantenerlos dentro de sus estructuras?
Daniel Pontón, docente y experto en seguridad, explica que las personas jóvenes están entre los principales objetivos de estas organizaciones. Su capacidad física, la posibilidad de ejercer violencia y la disponibilidad para cumplir distintas tareas las convierten en un grupo de interés para las estructuras criminales.
El especialista identifica varios factores que pueden favorecer el reclutamiento: la pobreza, la marginalidad, los entornos familiares vinculados con actividades ilícitas, las amistades y la influencia del barrio. También menciona las aspiraciones de consumo y la promesa de obtener dinero de forma rápida, además del consumo de drogas y alcohol.
Según Pontón, los factores de riesgo pueden aparecer desde la preadolescencia, entre los 8 y 12 años, cuando el entorno familiar y social tiene un papel importante en el desarrollo de niños y adolescentes. Por eso, considera que la prevención debe comenzar antes de que se produzca la incorporación a una estructura criminal.
Reclutamiento de menores en Ecuador
La reforma se suma a otra normativa, aprobada a finales de septiembre, para enfrentar el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada. Esa ley, publicada en el Registro Oficial el 2 de octubre de 2026, elevó las penas hasta los 26 años de prisión e incorporó medidas de prevención, protección y atención.
Un estudio de 2025 de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) analizó la vinculación de niñas, niños y adolescentes con grupos criminales en nueve ciudades del país. La investigación incluyó 2.948 encuestas a adolescentes de entre 12 y 17 años.
El análisis advierte que el acercamiento a estas estructuras no ocurre únicamente mediante amenazas o coerción. También puede darse a través de amistades, redes sociales y contactos cercanos, así como por necesidades económicas o la búsqueda de protección y pertenencia. Estos mecanismos muestran que la captación puede avanzar de forma progresiva, hasta involucrar a los menores en actividades de las organizaciones.