dom 25 oct 2026
La violencia en Ecuador, vinculada al crimen organizado, posee raíces estructurales y dinámicas propias distintas a las de las redes criminales transnacionales.
Columnista
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El crimen organizado y la violencia suelen abordarse como un fenómeno único para explicar la severa crisis de seguridad en el Ecuador. Con frecuencia se intenta correlacionar el crecimiento de las incautaciones de cocaína tras la pandemia con el aumento exponencial de la tasa de homicidios y otros problemas sociales.
Sin embargo, aunque ambos fenómenos se relacionan y complementan, constituyen procesos distintos impulsados por dinámicas de proliferación autorreferenciadas: en términos estadísticos, correlación no implica causalidad.
Aunque existen diversas definiciones de crimen organizado, la más extendida lo concibe como una estructura de tres o más personas que actúan de manera coordinada y continua para obtener beneficios económicos o poder mediante actividades ilícitas. Medir su magnitud resulta complejo debido al alcance transnacional y opaco de sus redes. En consecuencia, la medición se efectúa de forma indirecta a través de la tasa de homicidios, indicadores de productividad policial (arrestos, desarticulación de bandas e incautación de drogas o armas) y denuncias de extorsión o secuestro.
Para contar con información comparada a nivel internacional, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC) creó el Índice Global de Crimen Organizado. Sin embargo, este indicador se fundamenta en una evaluación cualitativa basada en la percepción de expertos, en lugar de datos duros.
Por otro lado, aunque la violencia abarca diversas manifestaciones (estructural, simbólica o autoinfligida), se la asocia habitualmente con los homicidios por ser su expresión más representativa. Su medición es más directa y se realiza mediante el registro de muertes violentas, lo que convierte a este indicador en un dato más concreto y objetivo, salvo que existan prácticas de ocultamiento. Por lo general, estos registros provienen de sistemas estandarizados sometidos a auditorías continuas para garantizar su confiabilidad y comparabilidad.
Es un hecho que el crimen organizado requiere de la violencia para ejercer control territorial. No obstante, existen contextos globales donde opera con fuerza, pero las tasas de homicidio no superan los 2 por cada 100.000 habitantes; de hecho, entre los diez países con mayor penetración de crimen organizado en 2025 según el GITOC, cuatro registran tasas inferiores a 5. En contraste, América Latina combina una alta penetración criminal con tasas de homicidio en niveles pandémicos.
La violencia latinoamericana es un problema estructural que crece desde los años ochenta, impulsado por conflictos sociales diversos, problemas de convivencia ciudadana, impunidad, el tráfico de armas y fallas de gobernanza. En territorios con altos índices históricos, el crimen organizado encontró un nicho para expandirse. Este es el caso del Ecuador, donde la delincuencia se ensañó con provincias y cantones con tasas de violencia elevadas desde los noventa. Según datos de la Policía Nacional, el 87,7 % de los homicidios entre 2021 y 2025 correspondieron a delincuencia común, y el 51,8 % de ellos a venganzas, una cifra en aumento continuo. Esto revela que la lucha contra el crimen organizado se libra en medio de una espiral sistémica de venganzas.
En síntesis, la violencia es un mecanismo de expansión del crimen organizado, pero ambos deben analizarse como dinámicas distintas: el primero es un problema de economía y redes criminales; el segundo, de regulación social e historia.
