Paraguay enfrenta un nuevo escenario político tras la renuncia del presidente Santiago Peña, anunciada el 5 de noviembre, poco antes de que el Congreso lo sometiera a un juicio político. La decisión se produce en medio de la crisis de Ueno bank, una entidad privada vinculada al mandatario y que recibió recursos de instituciones públicas durante su Gobierno.
El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a asumir la Presidencia para completar el período de Gobierno.
La renuncia se conoció después de varios días de cuestionamientos contra Peña por sus vínculos empresariales anteriores con el grupo relacionado con Ueno bank. La crisis también generó protestas de ahorristas que reclamaban recuperar sus depósitos y respuestas de las autoridades sobre los recursos públicos que permanecían en la entidad financiera.
Santiago Peña deja el cargo en medio de la presión política
La salida del mandatario se produjo cuando la Cámara de Diputados tenía previsto debatir una acusación impulsada por 35 legisladores de oposición y disidentes del oficialismo. El pedido de juicio político planteaba cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses, manejo de recursos públicos y posibles beneficios relacionados con la entidad financiera.
La convocatoria legislativa se fundamentó en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que establece el procedimiento para juzgar políticamente al presidente y al vicepresidente. La Cámara Baja debía reunir una mayoría de dos tercios para formular la acusación y remitirla al Senado, encargado de actuar como órgano juzgador.
La crisis también provocó cambios dentro del sistema financiero. El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, dejó el cargo después de que se conociera su anterior relación con Financiera Ueno, antecedente de la entidad bancaria. La intervención de Ueno también tuvo consecuencias fuera del sector financiero, como el cierre de cuatro medios de comunicación vinculados al Grupo Vázquez, que dejó a cerca de 300 trabajadores sin salario durante al menos 90 días.
Ueno bank y los vínculos empresariales de Santiago Peña
El Banco Central del Paraguay ordenó el procedimiento de resolución de Ueno bank el 2 de noviembre de 2026, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes.
Uno de los principales cuestionamientos contra Peña se relacionó con su participación accionaria anterior en Ueno Holding, conglomerado empresarial vinculado al banco. El mandatario vendió sus acciones en abril de 2025. Los legisladores también señalaron la presencia de fondos de instituciones públicas en la entidad financiera como parte de los presuntos conflictos de intereses.
Entre esos recursos constaban alrededor de 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos. Ese monto representaba el 9% de las inversiones de la institución, según reconoció su gerente financiera, Gladys Vera.
La caída de Ueno bank generó incertidumbre entre los ahorristas y cuestionamientos sobre la administración de los recursos depositados en la entidad. El impacto de la crisis también alcanzó a trabajadores de empresas relacionadas con el conglomerado, como ocurrió con los medios de comunicación que suspendieron sus actividades en Paraguay.
Pedro Alliana asumiría la Presidencia de Paraguay
Tras la renuncia de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana quedaría al frente del Ejecutivo, conforme al mecanismo constitucional de sucesión presidencial. Su llegada a la Presidencia supondría completar el período iniciado en agosto de 2023, que está previsto hasta agosto de 2028.
La salida de Peña ocurre después de que el Partido Colorado, al que pertenece el mandatario, registrara divisiones frente a la gestión de la crisis bancaria. El respaldo de sectores oficialistas al proceso de juicio político incrementó la presión para definir una salida institucional.
La renuncia abre una nueva etapa política en Paraguay, mientras las autoridades deben atender las consecuencias del procedimiento de resolución de Ueno bank y las demandas de los clientes afectados.