jue 05 nov 2026
Paraguay debate la acusación contra Santiago Peña por presuntos conflictos de intereses y vínculos con Ueno bank.
Cámara de Diputados de Paraguay debate juicio político contra Peña por crisis de Ueno bank.
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Agencia EFE.
Paraguay abrió un nuevo frente político para el presidente Santiago Peña, luego de que la Cámara de Diputados iniciara el debate de una propuesta de juicio político por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno bank. La iniciativa, respaldada por 35 legisladores, se presentó tras la intervención de la entidad financiera por problemas de solvencia.
La sesión extraordinaria comenzó a las 10:38 del 5 de noviembre de 2026 y tiene como punto central el análisis de la acusación presentada por diputados de oposición y disidentes del oficialismo. El proceso legislativo se desarrolla en medio de una crisis que afecta a cerca de 2,94 millones de clientes de la entidad financiera.
El documento presentado contra el mandatario señala un supuesto conflicto de intereses por sus vínculos anteriores con Ueno Holding, conglomerado empresarial que agrupa a distintas compañías, entre ellas Ueno bank. Peña vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.
Entre los cuestionamientos también consta la designación de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) en 2023. Carvallo había presidido Financiera Ueno, entidad de la que nació el banco que actualmente atraviesa el proceso de resolución.
La acusación también cuestiona presuntas modificaciones al marco legal sobre conflictos de intereses y una supuesta injerencia presidencial en el Instituto de Previsión Social (IPS). Los legisladores sostienen que se habrían favorecido las operaciones de Ueno mediante la colocación de recursos de instituciones públicas.
La situación del banco ya había trascendido el ámbito financiero y alcanzado a otros sectores del país. La intervención de la entidad coincidió con el cierre de cuatro medios de comunicación en Paraguay, en un contexto de incertidumbre por las consecuencias de la resolución bancaria.
Uno de los puntos señalados en la acusación involucra al Instituto de Previsión Social, organismo que administra el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos. La gerente financiera de la institución, Gladys Vera, reconoció que el IPS mantiene alrededor de 355 millones de dólares en Ueno bank.
Ese monto representa el 9% de las inversiones de la entidad previsional, según la funcionaria. La presencia de estos recursos en el banco incorporó al debate político las posibles repercusiones de la crisis sobre los fondos destinados a las pensiones.
El libelo acusatorio también menciona dos préstamos simultáneos que habría recibido Peña de Ueno y plantea presuntos beneficios patrimoniales indebidos e indicios de enriquecimiento ilícito. Además, atribuye al mandatario una responsabilidad en la afectación de la confianza en el sistema financiero paraguayo.
El Banco Central dispuso el procedimiento de resolución de Ueno bank el 2 de noviembre de 2026, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida se adoptó tras ajustes realizados a los estados financieros de la entidad durante un proceso de regularización.
El artículo 225 de la Constitución paraguaya establece que el presidente puede ser sometido a juicio político por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos durante el ejercicio del cargo o delitos comunes. Para que la acusación avance desde la Cámara de Diputados se requiere el respaldo de dos tercios de sus integrantes.
Si supera esa instancia, el proceso pasa al Senado, que actúa como órgano juzgador y necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al mandatario. Una decisión en ese sentido implicaría su separación del cargo.
Santiago Peña asumió la Presidencia de Paraguay en agosto de 2023 para un período de cinco años. La propuesta de juicio político representa un nuevo escenario institucional para su Gobierno, mientras la crisis de Ueno bank mantiene la atención sobre los recursos públicos y las responsabilidades señaladas por los legisladores.
