mar 03 nov 2026
El Banco Central del Paraguay intervino el Ueno Bank por crisis de insolvencia. Hay fondos públicos involucrados y directivos señalados por presuntos delitos.
Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank en Asunción, el 3 de noviembre de 2026.
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EFE
La crisis de Ueno Bank en Paraguay representa uno de los escándalos financieros y judiciales más graves de los últimos años en el país y en América Latina. Este 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) comenzó un procedimiento de resolución contra Ueno bank, donde han sido invertidos fondos de las pensiones.
Según la gerente financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, unos 355 millones de dólares de esa entidad estatal encargada de las pensiones fueron a para al Ueno Bank, cuyos directivos se entregaron este mismo 3 de noviembre a la justica.
A continuación, se detallan los puntos clave de este suceso, incluyendo los motivos de la intervención, el impacto institucional y la situación judicial de los directivos:
El Banco Central del Paraguay declaró formalmente la resolución e intervención de Ueno Bank debido a una situación crítica de insolvencia y graves irregularidades financieras detectadas en la entidad. El regulador actuó con rapidez para proteger los depósitos de los clientes y mitigar un posible contagio sistémico en el sistema financiero nacional.
Como consecuencia inmediata, las operaciones, cuentas y activos/pasivos del banco quedaron temporalmente congelados mientras se elabora un balance de exclusión. No hay otros bancos involucrados.
El BCP presentó ante el Ministerio Público una voluminosa denuncia de aproximadamente 200 páginas respaldada por unas 2.000 fojas de documentos. La investigación apunta a supuestos delitos como lesión de confianza, vinculados principalmente al otorgamiento irregular de créditos a empresas relacionadas de manera prebendaria o poco transparente, poniendo en riesgo el patrimonio de la institución.
La intervención afectó severamente recursos del Estado y de instituciones públicas clave:
Fondos atrapados: Se detectaron sumas millonarias congeladas pertenecientes a organismos como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS) —que resguarda los fondos jubilatorios de miles de trabajadores—, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y fondos vinculados a la entidad binacional Itaipú.
Garantía a pequeños ahorristas: El BCP activó los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el cual cubre hasta un límite de 75 salarios mínimos por persona (equivalente a unos 228,3 millones de guaraníes). Las autoridades centrales y asociaciones bancarias trabajan contrarreloj para agilizar el desembolso a los ahorristas afectados.
El impacto político no se hizo esperar. En medio de los cuestionamientos y la urgencia por estabilizar el sistema, el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, presentó su renuncia al cargo para otorgar tranquilidad y independencia técnica a los procesos de investigación en curso.
Tras la denuncia del BCP, el fuero Civil ordenó medidas cautelares de embargo preventivo por montos masivos (que alcanzan los 70 millones de dólares y miles de millones de guaraníes) sobre el patrimonio de los directores y las empresas accionistas.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado emitió órdenes de captura contra ocho directivos y ejecutivos de la entidad:
Entrega voluntaria: Ante la orden de captura girada en su contra, los principales directivos de la entidad decidieron ponerse a disposición de la justicia. Entre ellos, Federico Miguel Vázquez Villasanti (CEO de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez) y Juan Manuel Gustale (presidente de la entidad) se presentaron de manera voluntaria ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional junto a sus equipos legales.
Situación judicial: Varios integrantes de la cúpula directiva ya se encuentran detenidos a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías, mientras que el grupo de fiscales anticorrupción analiza los elementos probatorios para formalizar las imputaciones penales definitivas.
