lunes 16 de noviembre de 2026
Comercio

Tarjetas de crédito y bancos examinan el alcance de las reformas ordenadas por la Junta de Regulación

Los representantes de bancos y tarjetas de crédito examinan cuál es el alcance de la nueva normativa que regula la operación de los plásticos en Ecuador.

En pocas palabras

  • Nueva normativa: Se establecen nuevas condiciones para la emisión, uso y administración de tarjetas de crédito, débito y prepago en Ecuador.
  • Reacciones sectoriales: Bancos y Mastercard Ecuador analizan el alcance de las reformas, destacando la consolidación de prácticas existentes y la importancia de la digitalización.
  • Plazos y ajustes: Superintendencias y el Banco Central del Ecuador tienen seis meses para emitir el reglamento y realizar los ajustes normativos correspondientes hasta mayo de 2027.
Resumen generado por Thinkindot AI

El 6 de noviembre de 2026 la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria expidió una normativa que establece nuevas condiciones para la emisión, uso y administración de tarjetas de crédito, débito y prepago. Aunque, todavía queda pendiente la emisión del reglamento, para lo cual hay un plazo de seis meses.

Entre otras normas que se aprobaron constan: la prohibición de emitirse tarjetas sin autorización del cliente; imposibilidad de cobrar intereses sobre intereses; explicación clara de los cobros en los estados de cuenta; incorporación de mayores seguridades; notificaciones inmediatas y bloqueo de tarjetas.

La reacción de los bancos privados

Para Marco Rodríguez, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), muchos de los principios que recoge la resolución de la Junta ya forman parte del marco legal vigente y, de hecho, son parte de la práctica de la banca privada.

Marco Rodríguez, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

Marco Rodríguez, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

Entre ellos están la responsabilidad de las entidades frente a fraudes originados en fallas de sus sistemas, la existencia de canales de atención disponibles 24/7 para el bloqueo de tarjetas, a través de la banca móvil, banca en línea y centros de atención telefónica, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, los estándares internacionales de seguridad y la autenticación de transacciones, y la atención de reclamos, incluidos los relacionados con posibles fraudes.

En buena medida, la norma consolida y ordena disposiciones que antes estaban dispersas en distintas regulaciones. En buena medida, la norma consolida y ordena disposiciones que antes estaban dispersas en distintas regulaciones.

Asimismo, es importante señalar que los cargos por servicios financieros están determinados por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, y la nueva resolución no introduce modificaciones a estos valores, añade.

"Lo más importante para los usuarios es que sus tarjetas seguirán funcionando con normalidad. Esto incluye tanto las que están en circulación como aquellas que se emitan durante el período de transición, hasta que las autoridades expidan la normativa correspondiente", explica.

Además, el directivo dice que cualquier cambio se implementará de manera ordenada, conforme a los plazos de transición que establezcan las autoridades, y será comunicado oportunamente por cada entidad financiera.

De acuerdo con la normativa, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador tendrán un plazo de seis meses, es decir, hasta mayo de 2027, para realizar los ajustes normativos correspondientes.

La posición de Mastercard Ecuador

Camilo Mier, country Manager de Mastercard Ecuador, considera que, aunque es temprano determinar el impacto de las regulaciones, siempre que mejore la competencia en los mercados, será va algo muy bien visto.

Camilo Mier, country Manager de Mastercard Ecuador.

Camilo Mier, country Manager de Mastercard Ecuador.

Una de las preocupaciones es cómo se va a dar la transición hacia tarjetas que no tengan números, datos. ¿Quién va a asumir ese costo?

Tenemos que esperar el reglamento, a ver cómo se procede. Hay que comprender que el objetivo es proteger al ciudadano de que si le roban su tarjeta, esta no tenga ningún registro ni de número, ni de nombre, ni de código, ni nada, con lo cual le puedan hacer un fraude y le puedan robar su dinero.

Ahora, la pregunta es cuál va a ser la capacidad de las instituciones emisoras de estas tarjetas y credenciales de pago de digitalizar los productos. El costo estará atado a esa capacidad de digitalización.

Va a depender de cada una de las instituciones financieras de cómo su modelo de negocio avanza hacia la digitalización, porque, además, la tecnología cada vez está más avanzada. Y el medio de pago ya no está en la tarjeta física, sino que en el celular, por ejemplo. Y eso significa también un ahorro, porque ya no habría costos de emisión de la tarjeta, de envío por el courier a la persona, etcétera.

De su experiencia en otros países más avanzados en digitalización de pagos, ¿cuán alta es la inversión para las instituciones financieras para cambiar todo su proceso tecnológico y adaptarse a esta regulación?

No se puede hablar de cifras exactas, desafortunadamente, porque cada institución financiera es diferente, en su core bancario, en management system, en su procesador, etc. Lo que sí puedo decir es que entre más viejos los sistemas, más costoso será hacer ese upgrade a nuevas tecnologías.

Entre más digitalizado pueda estar un sistema, mejor va a ser la protección al usuario. Entre más digitalizado pueda estar un sistema, mejor va a ser la protección al usuario.

Sin embargo, hay aún desconfianza en los sistemas digitales, más aún cuando se reportan ciberataques y la gente ve esfumarse su dinero.

Desafortunadamente en el mundo seguirán existiendo los hackers malos, delictivos, que siempre están buscando cómo hacer un fraude y cómo robar a alguien. Sin embargo, esto es independiente un poco de lo que diga la regulación

Si la vulnerabilidad es tal que un hacker entra a una institución financiera y se roba información, eso no tiene nada que ver con que se haya emitido o no una tarjeta, son cosas aisladas. Porque de igual manera podrían entrar a una empresa que no sea financiera y a robarse también la data privada. Es la misma vulnerabilidad del ecosistema.

Lo que sí puedo decir es que en el sector financiero, que es con el cual trabajamos, las instituciones invierten mucho tiempo y dinero en proteger y salvaguardar la información del usuario final, de la mejor manera posible.

¿Cómo ve la apertura para que entren a operar adquirentes no financieros, por fuera del ecosistema bancario? ¿El piso de 500.000 dólares de capital social para operar es suficiente?

Que si el valor es alto o bajo va a depender de la empresa que quiera entrar a jugar en este campo de la adquirencia, de si le es atractivo o no. Hay que tener en cuenta que además se les exige un 5% que tienen que tener de previsión para el manejo de los dineros.

SEGUIR LEYENDO