La ciberseguridad se ha vuelto una prioridad estratégica para las organizaciones de América Latina, en una época de auge de la Inteligencia Artificial, pero apenas el 5% ha implementado completamente todas las medidas de gestión de riesgos de datos, según revela la Encuesta Global Digital Trust Insights 2027 de Price Waterhouse y Coopers (PWC) presentada en Quito.
La encuesta de PWC indica que solo el 50% de las empresas mantiene el ciberriesgo en la agenda de sus directorios, evidenciando una brecha significativa entre la importancia percibida y la implementación práctica de la gestión de riesgos.
¿Qué pasa con la inversión en ciberseguridad?
Si bien el 74% de las empresas en Latinoamérica prevé aumentar la inversión en ciberseguridad, solo el 42% cuenta con planes de ante ciberataques. El incremento de la inversión tecnológica aún no se traduce en una preparación integral frente a las amenazas digitales, según PWC.
Patricio Ramón, socio de Risk Services de PwC Ecuador, señaló que el principal desafío empresarial no es solo agregar nuevas herramientas tecnológicas, sino fortalecer la gobernanza, anticipar riesgos y garantizar la continuidad del negocio.
Ramón enfatizó que “la ciberseguridad dejó de ser una responsabilidad exclusiva de las áreas tecnológicas para convertirse en una prioridad de la alta dirección. Las organizaciones necesitan integrar los riesgos digitales en sus decisiones estratégicas, porque un ciberataque puede comprometer su operación, sus resultados financieros y su reputación”.
¿Está la Inteligencia Artificial entre las prioridades?
El 68% de las organizaciones considera a la Inteligencia Artificial una prioridad en su inversión en ciberseguridad. Sin embargo, un 55% identifica la falta de fiabilidad y madurez de esta tecnología como barrera principal para ampliar la autonomía de los agentes de IA en operaciones de seguridad.
A esto se suma que apenas el 22% autorizaría a estos sistemas a ejecutar acciones de ciberdefensa de manera totalmente autónoma, sin aprobación humana. Ramón añade que esto evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control para una integración efectiva.
Ecuador frente a un nuevo escenario regulatorio
En Ecuador, estos desafíos adquieren mayor relevancia tras la vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad. La normativa se publicó en el Registro Oficial en mayo de 2026. La normativa establece nuevas responsabilidades, incluyendo notificación de incidentes, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas para las entidades sujetas a su aplicación.
Fernando Fernández, gerente Senior de Digital Risk de PwC en Ecuador, indicó que la nueva ley exige a las empresas ecuatorianas “mayores exigencias para prevenir y responder a incidentes digitales, incluyendo plazos de notificación y posibles sanciones económicas de hasta el 1,5% de sus ventas”, por lo que deben evaluar su preparación y fortalecer sus mecanismos de respuesta.