lun 09 nov 2026
El fenómeno de El Niño motiva un mecanismo de alivio financiero. Los clientes deberán recibir una nueva tabla de amortización.
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Fenómeno de el Niño, afectaciones por las lluvias en Guayaquil.
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El Fenómeno de El Niño mantiene a Ecuador bajo un escenario de emergencias por lluvias, inundaciones y deslizamientos, que afectan a poblaciones y actividades económicas. En este contexto, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aprobó un mecanismo para que los deudores afectados puedan aplazar hasta 90 días el pago de sus créditos.
La disposición consta en la Resolución JPRFM-2026-051-F, aprobada el 8 de noviembre de 2026, y desarrolla lo establecido en el Decreto Ejecutivo 529, emitido el 5 de noviembre. El mecanismo comprende a las entidades financieras de los sectores público, privado y popular y solidario, por lo que incluye bancos, cooperativas y mutualistas.
La medida está dirigida a personas naturales y jurídicas que mantengan obligaciones crediticias y cuya actividad económica, ingresos o capacidad de pago hayan resultado afectados por El Niño. Las entidades financieras deberán verificar esa condición mediante sus políticas internas y conservar un registro documentado de los clientes que accedan al mecanismo.
Los deudores podrán aplazar las cuotas por vencer de sus operaciones crediticias durante un período máximo de 90 días. El beneficio podrá utilizarse una sola vez en cada entidad financiera, aunque el cliente tenga la posibilidad de incluir una o varias operaciones de crédito.
El procedimiento contempla dos alternativas:
En cualquiera de los dos casos, el acuerdo deberá contar con la aceptación expresa y por escrito del cliente, incluso cuando se utilicen medios electrónicos. Antes de aceptar, la entidad financiera tendrá que entregar la tabla de amortización actualizada para que el usuario conozca cómo quedarán sus obligaciones.
Una de las condiciones centrales es que el aplazamiento no represente costos adicionales para el deudor. Durante el período de diferimiento no se cobrarán intereses ordinarios sobre las cuotas aplazadas, ni se generarán intereses moratorios, gastos, recargos, multas, costos legales o tarifas.
Las cuotas que debían pagarse durante ese período se trasladarán al final de la respectiva tabla de amortización. La resolución también establece que el mecanismo no constituye una nueva operación de crédito, refinanciamiento, reestructuración o novación, sino un aplazamiento temporal de las obligaciones existentes.
Otro de los aspectos contemplados en la normativa es el tratamiento de las operaciones durante el período de aplazamiento. Los créditos mantendrán la calificación de riesgo que tenían cuando se instrumentó el diferimiento y las cuotas aplazadas no serán consideradas vencidas durante ese tiempo.
Las entidades financieras tampoco podrán revertir las provisiones constituidas sobre estas operaciones como consecuencia de la aplicación del mecanismo. Además, no podrán condicionar el acceso al diferimiento a la contratación de otros productos o servicios financieros.
La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria estarán a cargo de las acciones de supervisión y control. Los organismos deberán remitir información mensual a la Junta sobre las operaciones acogidas, los montos diferidos y el número de clientes beneficiarios, entre otros datos.
El mecanismo financiero se incorpora a las acciones institucionales frente a las consecuencias del evento climático. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró la alerta roja nacional el 29 de agosto de 2026, luego de que el Comité Nacional ERFEN declarara oficialmente el fenómeno de El Niño en el país.
Hasta el 7 de noviembre, el balance de la Secretaría contabilizaba 1.276 eventos adversos relacionados con las lluvias en 24 provincias. Las inundaciones representaban el 56,35% de los incidentes registrados y los deslizamientos, el 18,73%, según el reporte nacional de situación. Las respuestas institucionales también incluyen la entrega de asistencia humanitaria y acciones de prevención para las familias expuestas a inundaciones. Entre las necesidades de los hogares están la preparación de una maleta de emergencia y las medidas para evitar enfermedades durante la temporada de lluvias.
La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria evaluará durante el primer trimestre de 2027 la continuidad del mecanismo, con base en la evolución de las condiciones que motivaron su implementación y la información proporcionada por las autoridades competentes. La resolución entró en vigor desde su expedición, el 8 de noviembre de 2026.
