mié 07 oct 2026
La lucha contra la corrupción en Ecuador expone un entramado de casos y condenas que involucran a expresidentes, exvicepresidentes, ministros, exfuncionarios y exjueces.
Lenín Moreno, Rafael Correa y Jorge Glas figuran entre las autoridades sentenciadas por corrupción.
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Foto: Collage generado con IA
La sentencia de primera instancia contra del exvicepresidente de la República, Lenín Moreno, por el presunto delito de cohecho amplía la larga lista de expresidentes, exvicepresidentes, ministros y asambleístas de Ecuador que han recibido condenas por su vinculación con casos de corrupción.
Moreno fue señalado como exvicepresidente por, supuestamente, haber beneficiado a la empresa china Sinohydro para que consiguiera el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ubicada en la Amazonía, hecho que habría ocurrido durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa.
El 9 de septiembre también fue sentenciado el expresidente Abdalá Bucaram, y su hijo Jacobo, en el caso Pruebas Covis-19 por el delito de delincuencia organizada. El supuesto delito atribuido a Bucaram se produjo cuando él ya no era primer mandatario.
En general, los casos investigan el manejo irregular de recursos públicos y el abuso de funciones, abarcando delitos como cohecho, peculado y tráfico de influencias.
El expresidente Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado en el caso conocido como Sobornos 2012-2016.
La Fiscalía centró su investigación en una estructura de aportes irregulares realizados por contratistas del Estado, quienes entregaban dinero en efectivo o mediante cruce de facturas a cambio de contratos públicos. En abril de 2020, la Corte Nacional declaró culpables a Correa, al entonces vicepresidente Jorge Glas y a otros exfuncionarios y empresarios.
La sentencia fue ratificada en apelación y casación, quedando ejecutoriada en septiembre de 2026 tras el rechazo de los últimos pedidos de aclaración presentados por varios de los condenados. Sin embargo, un recurso de revisión que se puede interponer en cualquier momento podría revertir esa sentencia.
Además de Correa, en este mismo caso fueron condenados a ocho años de prisión el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís, y los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri.
Intervención. Rafael Correa en una de sus intervenciones públicas cuando era presidente. Actualmente reside en Bélgica, país que le reconoció la calidad de refugiado, en 2022.
El exvicepresidente Jorge Glas acumula dos condenas relacionadas en firme por casos de corrupción y permanece recluido en la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Hay una tercera sentencia que aún es de primera instancia y tiene dos recursos pendientes: apelación y casación.
La primera condena, de seis años de prisión, fue dictada en 2017 por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
La segunda sentencia, de ocho años por cohecho, corresponde al caso Sobornos 2012-2016, en el que también fue implicado Rafael Correa. Ambas sentencias se encuentran ejecutoriadas.
La tercera condena fue de 13 años y es por presunto peculado el denominado caso Reconstrucción de Manabí. La resolución es de primera instancia y aún no está en firme.
En 2023, las penas fueron unificadas y se estableció que Glas debía cumplir ocho años de prisión, al computarse una condena dentro de la otra al corresponder a procesos distintos.
Adicionalmente, Glas recibió una sentencia de ocho años por peculado en el caso Singue, pero esta decisión fue anulada y quedó sin efecto.
El expresidente Jamil Mahuad fue condenado por peculado debido a las decisiones tomadas durante la crisis financiera de 1999, incluido el llamado feriado bancario.
La sentencia inicial de 2014 fijaba 12 años de prisión, pero la Corte Nacional redujo posteriormente la condena a ocho años.
Mahuad interpuso varios recursos, pero en diciembre de 2025, la Corte Constitucional desestimó su acción extraordinaria de protección, confirmando que no existió vulneración al debido proceso.
Con esa decisión, la condena quedó firme en Ecuador. Mahuad reside en Estados Unidos y en agosto de 2026 su defensa acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando persecución política y negando el peculado.
El exvicepresidente Lenín Moreno fue condenado en agosto de 2026 por un delito relacionado con corrupción, en el caso Sinohydro.
La Corte Nacional lo declaró culpable como autor directo de presunto cohecho, imponiéndole una pena de cinco años de prisión.
El caso investigó pagos indebidos vinculados a la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un presunto movimiento de 76,1 millones de dólares mediante diversas estructuras.
Moreno fue condenado junto a otras 19 personas, incluyendo al empresario Conto Patiño y representantes de Sinohydro.
En septiembre, la Corte Nacional también rechazó el pedido de suspensión condicional de la pena presentado por el exmandatario y otros sentenciados. La condena para Moreno es de primera instancia y puede ser apelada.
Abdalá Bucaram fue procesado por dos casos de corrupción durante su gobierno, que fue desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997.
Las investigaciones fueron por el presunto delito de peculado en los casos "Mochila Escolar" y "Fondos Reservados". Se le dictó prisión preventiva, pero Bucaram abandonó el país y viajó a Panamá en 1997 luego de su salida del cargo, por lo que no fue detenido y tampoco pudo ser juzgado.
Ambos casos prescribieron en 2017 por el tiempo reglamentario transcurrido desde el procesamiento y tras 20 años de ocurridos los hechos investigados.
Luego, fuera de sus funciones como primer mandatario, Bucaram, fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por posible delincuencia organizada.
Bucaram, de 74 años, y su hijo Jacobo fueron declarados culpables en el caso Pruebas Covid-19, cuya investigación se inició seis años atrás.
La Fiscalía señala a Bucaram por colaborar con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para detección del Covid-19 durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
Dos extranjeros, uno de ellos asesinado en la cárcel, fueron acusados de haber trasladado los insumos médicos bajo custodia de agentes de tránsito hasta la casa de Bucaram.
Uno de ellos, Sheinman O. fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de cárcel como autor directo de delincuencia organizada.
La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña fue sentenciada por concusión en el denominado caso Diezmos, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como asambleísta por Guayas, antes de llegar a la Vicepresidencia de la República, cargo designado por Moreno.
La Fiscalía sostuvo que Vicuña exigía aportes económicos a sus colaboradores en la Asamblea Nacional. Durante el juicio se estableció que recibió 68 transferencias bancarias por 43.295,04 dólares de tres de sus asesores. Según la acusación, esos pagos fueron exigidos mientras los colaboradores ocupaban cargos en su despacho y estaban relacionados con el financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
En enero de 2020, la Corte Nacional de Justicia la declaró culpable y le impuso una pena de un año de prisión, además de una reparación económica y el comiso de un inmueble. La Fiscalía había sostenido que Vicuña abusó de su cargo para exigir dinero a sus colaboradores a cambio de estabilidad laboral.
La sentencia fue modificada posteriormente. En enero de 2021, un tribunal de apelación aumentó la pena a dos años de prisión, luego de aceptar parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía.
Sin embargo, en diciembre de 2022, al resolver el recurso de casación, la Corte Nacional volvió a fijar la pena en un año de prisión y concedió la suspensión condicional de la pena.
El excontralor general del Estado Carlos Pólit fue condenado a seis años de prisión por concusión, en un proceso relacionado con pagos de Odebrecht.
Según la acusación fiscal, Pólit habría exigido 10,1 millones de dólares a la constructora brasileña: 6 millones de dólares para desvanecer glosas relacionadas con la hidroeléctrica San Francisco y otros 4,1 millones de dólares a cambio de informes favorables en otros proyectos.
La sentencia de seis años fue dictada inicialmente en 2018. En 2020, la Corte Nacional declaró improcedente el recurso de casación y dejó firme la condena.
Pólit también enfrentó un proceso en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con los recursos provenientes de los sobornos y fue condenado a 10 años de prisión, aunque aún busca la reducción de la pena.
El exministro de Hidrocarburos y exgerente de Refinación de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli, conocido como Capaya, es uno de los funcionarios con mayor número de condenas derivadas de una misma trama de corrupción.
La Fiscalía registra sentencias en su contra por cohecho, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias.
Entre las condenas consta una pena de cinco años por cohecho, seis años por asociación ilícita, diez años por enriquecimiento ilícito, diez años por peculado y seis años por tráfico de influencias.
En 2023, además, una sentencia por enriquecimiento ilícito fue ratificada en segunda instancia. La Fiscalía ha señalado que las diferentes condenas están relacionadas con la trama de corrupción detectada en Petroecuador.
Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador y primo del expresidente Rafael Correa, fue condenado a ocho años de prisión por peculado bancario en el caso Cofiec.
El proceso se originó por un crédito de 800.000 dólares concedido al empresario argentino Gastón Duzac sin cumplir, según la sentencia, los requisitos establecidos por el banco.
En 2015, el Tribunal Penal declaró culpables a Delgado y a otros cinco procesados. La sentencia escrita estableció ocho años de prisión para los seis autores del delito.
Delgado se encontraba fuera del país cuando se dictó la condena y la justicia ecuatoriana inició gestiones para su extradición, sin que se haya concretado hasta octubre de 2026.
El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado fue condenado en septiembre de 2024 a cinco años de prisión por peculado dentro del caso Secom I.
La causa se refiere a hechos ocurridos en 2014, cuando Alvarado estaba al frente de la Secretaría Nacional de Comunicación. Según la acusación fiscal, utilizó recursos públicos y personal de la institución en beneficio de una empresa privada.
La condena fue dictada en segunda instancia por la Corte Nacional de Justicia. Los cuatro sentenciados también fueron obligados a pagar una reparación integral de 225.000 dólares. Está pendiente la resolución de un recurso especial de doble conforme en la Corte Nacional. Alvarado solicitó el recurso porque en primera instancia fue declarado inocente y en la segunda culpable del delito de peculado.
Además de esta sentencia, Alvarado enfrenta otro proceso relacionado con el retiro de un dispositivo electrónico y el incumplimiento de medidas judiciales.
