mié 07 oct 2026
Una jueza suspendió una acción de protección y consultó si la restricción de visitas familiares en la cárcel del Encuentro es compatible con la Constitución.
Personal policial custodia la Cárcel del Encuentro.
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Gobierno Nacional
Una jueza decidió el 6 de octubre de 2026 consultar a la Corte Constitucional sobre la restricción de visitas familiares en la cárcel del Encuentro, según informó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), de Guayaquil.
La consulta busca determinar si la disposición es compatible con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Según la organización, la jueza suspendió la tramitación de una acción de protección mientras eleva la consulta al organismo constitucional.
El CDH y familiares de personas privadas de libertad presentaron la acción de protección el 24 de agosto de 2026 para solicitar que se permita la comunicación y las visitas a los internos.
Los familiares denunciaron que no habían podido comunicarse con sus parientes desde su traslado a esta prisión de máxima seguridad, inaugurada en noviembre de 2025 durante el Gobierno de Daniel Noboa.
También señalaron que habían presentado decenas de recursos judiciales para acceder a ese derecho, pero que estos fueron rechazados o no recibieron respuesta.
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Según el CDH, las restricciones se aplicaron durante varios meses sin una normativa que las estableciera de forma expresa. La organización indicó que el Ministerio del Interior expidió un reglamento el 12 de septiembre de 2026, dos días antes de la primera audiencia de la acción de protección.
El Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad dispone que las visitas familiares presenciales y telemáticas estarán restringidas como regla general para quienes se encuentren en el régimen penitenciario especial.
Este régimen comprende a personas clasificadas como de alto riesgo, consideradas una amenaza grave para la seguridad penitenciaria o del Estado y recluidas en centros de máxima seguridad.
La normativa contempla la posibilidad de autorizar una visita familiar telemática de forma excepcional, cuando exista una circunstancia grave, extraordinaria, estrictamente necesaria y debidamente acreditada.
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Para el CDH, la expedición del reglamento no subsana las presuntas vulneraciones anteriores. La organización también cuestiona si una norma reglamentaria puede eliminar, de forma general, el contacto de una persona privada de libertad con su familia.
Según su versión, la jueza consideró que la disposición podría ser incompatible con normas constitucionales e instrumentos internacionales, por lo que decidió elevar la consulta.
La cárcel del Encuentro fue construida para albergar a líderes de organizaciones criminales. Entre las personas trasladadas también están el exvicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
