sábado 21 de noviembre de 2026
Irregularidades

Fallos judiciales en 5 provincias obligaron a entidades públicas a efectuar pagos millonarios

Jueces de Los Ríos, Guayas y Manabí son sospechosos de conceder irregularmente fallos judiciales contra el Estado. En algunos casos, la Corte Constitucional dispuso que los recursos sean recuperados.

En pocas palabras

  • Fallos judiciales: Resoluciones de varios jueces afectaron a 7 entidades estatales, generando la obligación de pagos millonarios.
  • Entidades afectadas: Petroecuador, SRI y CNEL, entre otras, debieron efectuar desembolsos para trabajadores o empresas.
  • Investigación fiscal: Se indaga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a resoluciones judiciales.
Resumen generado por Thinkindot AI

En Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Pichincha y Guayas, fallos judiciales dispusieron que empresas estatales como Petroecuador o entidades públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI) efectúen pagos millonarios a extrabajadores y a empresas. En algunos casos, la Corte Constitucional dispuso que los recursos sean recuperados.

Una investigación de la Fiscalía de mediados de 2026 por presunto lavado de activos en el Caso Blindado, desveló un posible esquema que habría buscado lucrarse a costa de las instituciones del Estado con fallos judiciales. Aunque ese hecho no representaría mayor novedad porque se ha dado a lo largo de los años y en algunas entidades estatales, la práctica habría continuado y conseguido la complicidad de algunos jueces.

Fallos buscaron perjudicar a entidades en más de USD 110 millones

Al menos siete entidades públicas habrían sido afectadas por resoluciones judiciales que disponían pagos o indemnizaciones a personas naturales y a empresas: Petroecuador, Senae, CNEL, Consejo de la Judicatura, CNT, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Correos del Ecuador en liquidación habrían sido las afectadas.

En algunos casos, la intervención de la Corte Constitucional (CC) ha frenado el perjuicio y en otros ha obligado a la devolución de los recursos.

¿Porqué decisiones judiciales de Esmeraldas afectaron a Petroecuador y Senae?

En la audiencia de vinculación al Caso Blindado, por presunto lavado de activos del 1 de septiembre de 2026, se evidenció que la estructura investigada habría utilizado acciones de protección y posteriores decisiones jurisdiccionales para obtener reparaciones económicas y pagos provenientes principalmente de Petroecuador y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Según la Fiscalía, los recursos obtenidos como consecuencia de determinadas decisiones jurisdiccionales habrían sido posteriormente incorporados al sistema financiero nacional mediante operaciones de colocación, transferencia, circulación, estratificación e integración. Para ello se habría utilizado a personas naturales, servidores judiciales, compañías y terceras personas, con la finalidad de ocultar su origen o conferirles apariencia de licitud.

De acuerdo con la Fiscalía, serían 7.543.716,52 dólares correspondientes a indemnizaciones y reparaciones económicas establecidas en las acciones constitucionales investigadas. En este caso se ha señalado a seis jueces de Esmeraldas que son parte de los investigados en el Caso Blindado.

En el caso de Senae la afectación habría sido por el pago de 680.000 dólares y la devolución de cuatro vehículos a una empresa.

Las acciones de protección

Con acciones de protección, jueces de Esmeraldas habrían ordenado que Petroecuador pague reparaciones económicas por 5.055.163,76 y 1.196.809,22 de dólares, respectivamente. Las causas presentan como elemento común la intervención de una misma perito dentro de los procedimientos de determinación de las reparaciones económicas. En total, 7.543.716,52 dólares.

El viernes 13 de noviembre de 2026, en una audiencia de formulación de cargos por presunto prevaricato contra tres jueces de Los Ríos, se conoció el caso de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP). Los tres judiciales, en primera y segunda instancia, habrían concedido una acción de protección presentada por un grupo de trabajadores en contra de la empresa.

Alrededor de 79 millones de dólares en montos indebidamente pagados

La sospecha es que habrían desnaturalizado las competencias de las garantías constitucionales. Se habló de montos indebidamente pagados que perjudicaron las rentas del Estado en alrededor de 79 millones de dólares, con una orden de congelar cuentas por 19 millones. Fue la Corte Constitucional la que dejó sin efecto lo actuado por los jueces que habrían modulado los efectos de las sentencias disponiendo el cambio de régimen laboral de 1.795 servidores de CNEL-EP al régimen del Código de Trabajo.

La Corte dispuso a CNEL-EP la inmediata recuperación de la totalidad de los valores entregados a los beneficiarios de la acción de protección, siendo estos últimos los obligados a devolver los mismos. Por otro lado, determinó que la conducta de los exjueces de la Corte Provincial de Los Ríos era constitutiva de la infracción gravísima de error inexcusable, por lo cual dispuso la notificación al Consejo de la Judicatura (CJ) para que inicie el procedimiento para su eventual sanción.

Pagos en la Judicatura por afectación a los derechos laborales

Entre 2017 y 2022, el Consejo de la Judicatura pagó 9.184.346 dólares a judiciales que demandaron la afectación a sus derechos. La información se conoció cuando el entonces vocal del Consejo, Juan José Morillo, durante el juicio político que se sustanció en la Asamblea Nacional, dio a conocer que los recursos respondían a procesos iniciados por aplicación de dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable a los jueces durante periodos anteriores.

En CNT la Corte Constitucional obligó a devolver USD 8 millones

En 2022, dirigentes sindicales de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) presentaron una acción de protección ante un juez de Rocafuerte, Manabí y consiguieron que se acepte el recurso y se extienda los beneficios del Código del Trabajo y del contrato colectivo a servidores administrativos sujetos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

La empresa debía pagar 7.931.860,83 en pagos no presupuestados por concepto de aumentos salariales, horas extra, indemnizaciones y jubilación patronal. Pero, la Corte Constitucional resolvió que los jueces de Manabí no tenían competencia territorial y que los actos impugnados ocurrieron en Quito. La Corte dispuso que los trabajadores devuelvan el dinero con acuerdos de descuento de los roles de pago en máximo tres años.

El SRI recuperó USD 9,3 millones en 2025

El 30 de junio de 2025 el Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció en un comunicado la recuperación de 9,3 millones de dólares que habrían sido concedidos de forma ilegítima por la Sala de lo Laboral de la Corte de Justicia del Guayas, que obligaban a la institución a pagar millones a dos empresas por supuestas vulneraciones de derechos.

La Corte Constitucional determinó que estas decisiones judiciales fueron emitidas con posible abuso del derecho. Las empresas fueron obligadas a devolver 6'822.613,33 y 2'516.854,86 de dólares.

Ivonne Núñez y Francisco Morales quedaron fuera de la Corte de Guayas

El Consejo de la Judicatura destituyó a los jueces de la Corte de Guayas: Ivonne Núñez y Francisco Morales, por presunto error inexcusable. Un fallo que habría ordenado que Correos del Ecuador, en liquidación, pague 500.000 dólares a una empresa, fue el motivo de la sanción. El caso fue conocido por la Corte Constitucional, que dejó sin efecto la resolución y concluyó que habría existido una infracción grave.

Pero Ivonne Núñez se defendió y dijo que el fallo no fue en favor de los trabajadores. Manifestó que es una resolución "que identifica vulneraciones a garantías normativas que benefician el derecho al trabajo". Indicó que en la sentencia ni siquiera consta el nombre de ningún trabajador. Además, en trámite se encontraría el desistimiento de Correos del Ecuador señalando que no hubo ningún pago.

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