lun 09 nov 2026
Luisa González, excandidata de la Revolución Ciudadana investigada por presunto lavado de activos, buscaba salir libre con un recurso de habeas corpus
Vista de los exteriores de la cárcel de Riobamba, el 23 de octubre de 2026, donde está detenida la excandidata presidencial, Luis González.
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El tribunal de jueces de la Corte de Justicia de Chimborazo, presidido por Fabián Toscano, rechazó el habeas corpus con el que la defensa de Luisa González buscaba obtener su libertad. La resolución se anunció pasadas las 14:00 en una audiencia que se realizó por la plataforma Zoom.
Luisa González es una de cuatro personas sospechosas de presunto lavado de activos que se investiga en el Caso Laberinto. González fue detenida en Canuto, provincia de Manabí y trasladada a la Unidad de Flagrancia ubicada en el Cuartel Modelo de Guayaquil. Desde ahí siguió la audiencia de formulación de cargos en donde se dictó su orden de prisión preventiva. Posteriormente fue llevada a la cárcel de Riobamba en donde permanece detenida desde el viernes 23 de octubre de 2026.
Diego Guarderas, uno de los defensores de González presentó la semana pasada un recurso de habeas corpus para obtener su libertad. El tribunal escuchó el viernes 5 de noviembre de 2026 los argumentos de los defensores, de la Procuraduría y del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI). Los jueces en contra de quienes se presentó la demanda no comparecieron y el tribunal solicitó información antes de tomar una resolución.
Finalmente, la reinstalación de la audiencia se convocó para este lunes 9 de noviembre a las 14:00. El juez Toscano anunció que la resolución se tomó de forma unánime. Recordó que la defensa de Luisa González señaló que existen tres puntos que convertían a la orden de privación de la libertad en ilegal, arbitraria e ilegítima. Argumentaron que los jueces demandados no eran los competentes para haber dictado la prisión de Luisa González porque ella y Andrés Arauz tienen fuero de Corte porque son voceros de la Revolución Ciudadana y voceros de la oposición. Dijeron también que la orden de prisión no contiene motivación adecuada y que se vulnera la Constitución la prohibición de cumplir una pena en un cuarte policial o militar. Para los defensores, esos hechos harían que la retención sea ilegal e ilegítima.
Pero, después de analizar las pruebas, el tribunal concluyó que tras recibir la certificación de la directiva de la Revolución Ciudadana para el periodo 2026-2028 avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se incorpora el nombre de Luisa González como secretaria de asuntos internacionales. Y no consta que, posterior a designarse la directiva, ella hubiese sido nombrada como vocera de la Revolución Ciudadana.
A eso se suma el contenido del amicus curiae del exjuez español Baltazar Garzón en el que indica que Revolución Ciudadana está suspendida y no puede participar en la vida política ecuatoriana. Por eso no puede prevalecer la vocería adjudicada a Luisa González. No consta que después de la elección de la directiva se haya notificado al CNE que la excandidata seguía siendo vocera. No está justificada la incompetencia de los jueces en razón del supuesto fuero. El tribunal rechazó el recurso y lo declaró improcedente.
Diego Guarderas, abogado de González, apeló la resolución antes de que el juez ponente concluya con el anuncio del fallo. Hubo muestras de apoyo a la excandidata que se emitieron desde varios de los simpatizantes correístas conectados. Entre ellos desde Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la agrupación y de otras tiendas políticas como Unidad Popular que respaldan a la dirigente investigada por la Fiscalía.
