En pocas palabras
- Fiscalía imputó al expresidente Santiago Peña por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
- La acusación se centra en la colocación de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad donde Peña mantuvo vínculos económicos.
- Se solicitó prisión preventiva para Peña y Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central, en una causa que involucra a 27 personas.
Resumen generado por Thinkindot AI
La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado 7 de noviembre prisión preventiva contra el expresidente, Santiago Peña, tras ser imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación relacionada con el cierre de Ueno Bank.
El exmandatario fue detenido el viernes 6 de noiembre, después de su destitución mediante un juicio político por supuesto mal desempeño de funciones. Un juez deberá decidir en una audiencia si acepta la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.
¿De qué acusa la Fiscalía a Santiago Peña?
La imputación sostiene que Peña habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de fondos de instituciones públicas y previsionales en Ueno Bank. El documento también señala que el exmandatario mantuvo vínculos económicos anteriores con el conglomerado empresarial propietario del banco.
Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación, según la acusación legislativa. Las autoridades investigan posibles irregularidades en operaciones financieras relacionadas con empresas del mismo grupo económico.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central de Paraguay. Carvallo enfrenta imputaciones por presunta lesión de confianza, elaboración de documentos públicos falsos y administración en provecho propio. El exfuncionario fue detenido después de presentarse ante las autoridades.
Fondos de jubilados bajo investigación
Ueno Bank tenía cerca 2,94 millones de clientes, incluidos unos 32.000 jubilados. El Instituto de Previsión Social mantenía inversiones cercanas a 355 millones de dólares en la entidad. La investigación también involucra a directivos bancarios y otras personas relacionadas con el caso.
La Fiscalía ha imputado a 27 personas, hasta el momento. Las responsabilidades penales deberán determinarse mediante los procesos judiciales correspondientes.