vie 16 oct 2026
Las pruebas recabadas por la Fiscalia señalan que el agresor cometió actos de extrema violencia que desencadenaron en el femicidio de Luisa B.
Derian A., autor del femicidio, fue capturado tres semanas después de cometer el delito, el 26 de junio de 2025.
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Policía Nacional
El caso de femicidio cometido en Cotacachi en mayo de 2025 ya tiene sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura. Derian A. de 28 años, fue hallado culpable como autor directo del delito y deberá cumplir una condena de 22 años de cárcel, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General.
Según las pericias realizadas en el caso, el agresor cometió actos de extrema violencia física, crueldad e intimidación contra la víctima, Luisa B., de 52 años.
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El caso se remonta al 31 de mayo de 2025. La información recabada determinó que ese día Derian A. acudió a la casa de la víctima luego de haber acordado un encuentro con ella. Allí cometió actos de "extrema violencia física" aprovechando su condición de vulnerabilidad. La mujer vivía sola.
Antes de huir, escribió una frase en la pared y dejó el cuerpo en el patio de la vivienda, con la llave de agua abierta.
Al día siguiente, varias personas acudieron al inmueble en busca de Luisa B. y encontraron la escena del crimen. De inmediato, dieron aviso a las autoridades.
La captura del agresor ocurrió el 26 de junio del mismo año en el sector Lomas de Azaya, en Ibarra. Según la Fiscalía, se logró su identificación y localización debido a que el hombre utilizaba el teléfono celular de la víctima.
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La Fiscal a cargo del caso expuso el testimonio de la agente investigadora, quien recabó videos en los que se observa al procesado ingresar al domicilio con la víctima y salir solo durante la noche.
Además, el análisis telefónico determinó que Derian A. fue la última persona con la que la víctima mantuvo contacto.
También testificaron personas cercanas a la víctima y las profesionales que practicaron la autopsia médico-legal, la pericia de entorno social y familiar del procesado y la valoración psiquiátrica.
La autopsia psicológica y el informe de contexto de género determinaron la existencia de una relación de poder entre el procesado y la víctima. A su vez, el informe social y familiar de la mujer identificó su situación de vulnerabilidad.
