Sin embargo, contar con nuevas herramientas legales es solo un paso para derrotar a las organizaciones criminales. Para el general en servicio pasivo, Gustavo Acosta Yacelga, excomandante del Ejército Ecuatoriano, el éxito de la ley dependerá de que las instituciones puedan aplicarla y se medirá por las sentencias obtenidas, los bienes recuperados y los territorios devueltos a la población.
¿Qué cambia en la estrategia del Estado frente al crimen organizado con la entrada en vigencia de esta normativa?
Esta ley busca enfrentar en mejores condiciones la creciente capacidad del crimen organizado transnacional para desafiar al Estado. Hay que comprender que la amenaza no es delincuencia común, son organizaciones con estructuras de mando, ingentes recursos financieros, capacidad logística, control territorial y conexiones internacionales que, además, se valen de empresas, testaferros y sectores estratégicos para sostener sus operaciones, como lo reconoce la propia ley en sus considerandos.
Desde la óptica militar, toda organización armada tiene un centro de gravedad, y en estas estructuras no es el sicario, que se reemplaza en días, sino el mando, las finanzas y la logística. Que la ley apunte hacia allí es el enfoque correcto.
A pesar de ello, debemos estar claros en que la ley solo proporciona las herramientas jurídicas. En términos de seguridad, su éxito no se medirá por el número de detenidos, sino por las sentencias obtenidas, los activos recuperados y los territorios devueltos a la población. Para lograrlo es fundamental que todas las instituciones desarrollen las capacidades necesarias para utilizarlas eficazmente.
¿Qué aspectos de la lucha contra el crimen organizado no se resuelven con las reformas legales?
Las leyes son necesarias, pero no son suficientes, sino contamos con instituciones capaces de aplicarlas. Lo que la ley no resuelve por sí sola es la corrupción institucional, las debilidades tecnológicas de la inteligencia, el deficiente sistema penitenciario, la vulnerabilidad social que facilita el reclutamiento y la ausencia de una planificación estratégica que integre y coordine todos los recursos del Estado.
En lo jurídico, una pena más alta disuade poco si la probabilidad de ser investigado y sentenciado sigue siendo baja. La ley protege los datos personales de los jueces amenazados, inhabilita a los abogados y contadores que pongan su profesión al servicio de las mafias y sanciona al servidor que filtre información, pero no aumenta por sí misma el número de fiscales, peritos y jueces especializados, ni depura a las instituciones infiltradas.
Desde la perspectiva militar, el empleo prolongado de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna tampoco es una solución permanente. Genera desgaste, exige doctrina, entrenamiento y equipamiento distintos a los de la defensa externa, y requiere respaldo jurídico claro para el personal que cumple esas misiones.
No se puede derrotar al crimen organizado únicamente incrementando las penas o con más fuerzas de seguridad. Necesitamos un Estado con instituciones profesionales, coordinadas, transparentes y capaces de sostener una estrategia de largo plazo, que llegue con educación, empleo y servicios a los sectores donde hoy las mafias reclutan.
¿Qué implica para la seguridad de un país que grupos criminales puedan expulsar a comunidades de sus hogares o impedirles movilizarse? ¿Qué señales permiten identificar ese control territorial?
Es un hecho muy grave. Significa que el Estado está perdiendo su autoridad, debilitando su soberanía y, por tanto, perdiendo el control efectivo del territorio.
Cuando un actor armado ilegal decide quién entra, quién sale y quién permanece en una comunidad, está ejerciendo de hecho una función de gobierno. Esos espacios se convierten en zonas de refugio, corredores logísticos y áreas de reclutamiento para las organizaciones criminales.
Un territorio comienza a estar sometido al control criminal cuando la población deja de obedecer las normas del Estado y se somete a las órdenes de los delincuentes por miedo a sus represalias. Una señal engañosa es la disminución de denuncias en zonas donde la violencia persiste, no refleja tranquilidad, sino silencio.
Las señales son reconocibles: extorsión generalizada a comercios, transportistas y familias; horarios y restricciones de circulación impuestos por los grupos; vigilantes en los accesos al barrio; viviendas abandonadas u ocupadas por terceros; negocios que cierran; deserción escolar y reclutamiento de jóvenes bajo presión; una “justicia” paralela que resuelve conflictos; y servidores públicos, como médicos, docentes o policías, que ya no pueden ingresar.
¿Cómo debería actuar el Estado cuando una comunidad está confinada por amenazas o restricciones impuestas por grupos delictivos? ¿Cómo evitar que la intervención termine poniendo en mayor riesgo a sus habitantes?
La respuesta debe ser inmediata, integral y sostenida. Pero, la recuperación territorial no puede limitarse al empleo de la Policía o de las Fuerzas Armadas; debe acompañarse de una intervención humanitaria e institucional que proteja a la comunidad y permita restablecer sus derechos.
En lo operativo, la intervención debe iniciar con inteligencia previa que identifique a la estructura responsable, para luego recuperar los accesos, restablecer la libre movilidad y proteger a la población, que es el objetivo central de la operación. Ninguna fuerza debería ingresar a un territorio si el Estado no está en condiciones de permanecer en él.
El mayor riesgo es que el Estado ingrese, se retire a los pocos días y la comunidad quede expuesta a las represalias del grupo criminal contra quienes colaboraron. Por eso, se lo evita si el Estado ingresa y permanece en el territorio recuperado, garantizando la protección de las víctimas, de los denunciantes y de los testigos.
En lo institucional, deben llegar de inmediato la salud, la educación, los servicios básicos y la justicia. La ley ofrece aquí un instrumento valioso: los bienes incautados al crimen pueden asignarse temporalmente a usos sociales, comunitarios, educativos o sanitarios, lo que tiene un alto valor simbólico para la comunidad.
Debo recalcar que una operación militar o policial puede recuperar temporalmente un territorio, pero solo la presencia permanente de las instituciones permite recuperar la seguridad y la confianza de sus habitantes. Las Fuerzas Armadas abren la puerta, pero es el Estado el que debe ingresar, quedarse y gobernar.
¿Qué dificultades enfrentan las autoridades para investigar estos delitos y qué papel cumplen la inteligencia militar y policial?
Los nuevos tipos penales exigen probar que la conducta se cometió como parte de la actividad delictiva de un grupo de delincuencia organizada; es decir, la Fiscalía debe acreditar la existencia de la estructura y el nexo del procesado con ella. En el confinamiento, además, debe demostrar que se impusieron restricciones sobre los accesos o vías y que estas afectaron a dos o más habitantes.
Desde la experiencia puedo citar otros obstáculos: el miedo de las víctimas a denunciar; el control territorial, que dificulta el trabajo de los investigadores; la corrupción, que permite la filtración de información y compromete las operaciones; y el hecho de que la inteligencia no es prueba, pues para que tenga valor en juicio debe ser incorporada legalmente a la investigación que dirige la Fiscalía.
En seguridad, es indispensable la contrainteligencia. Estas organizaciones infiltran a las instituciones, y una filtración puede costar vidas y frustrar meses de trabajo.
El desafío, en definitiva, es reunir pruebas que permitan obtener condenas sin exponer a las víctimas. Para ello hay que apoyarse más en la prueba técnica, como la financiera, la de comunicaciones y la de imágenes, y depender menos del testimonio de personas que siguen viviendo bajo amenaza.