La Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2026 la prórroga número 56, que extendió la medida por otros 30 días. El Gobierno sostiene que el régimen permitió reducir los homicidios en el país.
De hecho, la tasa pasó de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025, según cifras oficiales. También reporta más de 93.000 detenciones de presuntos pandilleros, quienes han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel ícono del gobierno de Nayib Bukele, inaugurada el 31 de enero de 2023.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cuestionado la prolongación de la medida y documentó denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal. La Comisión pidió poner fin al uso continuado del régimen como política de seguridad.
Honduras: más de 20 prórrogas
Honduras también mantiene un régimen excepcional prolongado. El Gobierno de Xiomara Casto lo declaró el 6 de diciembre de 2022 para enfrentar la extorsión y la actividad de grupos criminales.
La medida restringió garantías como la libertad personal y de circulación, y la inviolabilidad del domicilio, tal como ocurre en Ecuador. Para septiembre de 2025 acumulaba 24 prórrogas; una nueva extensión rigió entre diciembre de ese año y enero de 2026.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) reconoce que las autoridades atribuyen al régimen parte de la reducción de homicidios.
El país pasó de 3.661 casos en 2022 a 2.598 en 2024. No obstante, el organismo contabilizó más de 1.000 quejas por presuntas vulneraciones de derechos y advirtió que no se presentó una evaluación suficiente para justificar las sucesivas prórrogas.
Sin embargo, el fin del estado de excepción no significó el cese de las medidas extraordinarias de seguridad. Durante 2026, el Congreso aprobó los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, con reformas penales y procesales para combatir las maras, pandillas y organizaciones calificadas como terroristas.
El 12 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió que, en conjunto, estas normas incorporan restricciones que se asemejan a facultades propias de un estado de excepción de facto, aunque no exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.
El organismo alertó sobre riesgos para el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal, mientras rigen estas medidas excepcionales.
Estados de emergencia en zonas de Perú
En Perú, los estados de emergencia se han aplicado por periodos de 30 días en zonas afectadas por homicidios y extorsiones. En marzo de 2025, el Gobierno declaró la medida en Lima y Callao y dispuso que las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policía.
Sin embargo, los homicidios en ambas jurisdicciones aumentaron 2,6% en abril de ese año frente al mismo mes de 2024. Human Rights Watch también reportó que, hasta agosto de 2025, los homicidios en el país habían aumentado 14,6% frente al mismo periodo de 2024 y las denuncias por extorsión casi 30%.
Pero los estados de emergencia por seguridad ciudadana no se limitan a Lima y Callao. El Gobierno ha prorrogado estas medidas en varias regiones para enfrentar delitos como homicidios, extorsiones y otras formas de criminalidad organizada.
En la capital y la Provincia Constitucional del Callao, por ejemplo, rige desde el 28 de octubre una nueva extensión de 60 días. La Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida también alcanza a las provincias de Tumbes y Zarumilla, en la frontera norte, y a Trujillo, Virú y Chepén, en la región La Libertad. En estas últimas, el Ejecutivo justificó la prórroga por la persistencia de extorsiones, robos y homicidios.
En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en cambio, las declaratorias responden a la presencia de grupos armados y actividades vinculadas al narcotráfico. Allí, las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno con apoyo de la Policía.
A este escenario se suman los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, así como Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu. En esa zona, el Gobierno relaciona la emergencia con delitos asociados a la minería y la tala ilegales, el tráfico de drogas y otras actividades criminales.
Además, desde el 19 de noviembre se prorrogará por otros 60 días la emergencia en los distritos de Pisco y San Andrés, en la región Ica. Así, Perú mantiene medidas excepcionales en distintas zonas del territorio, con despliegues policiales y militares que varían según el problema de seguridad de cada región.
Las medidas de excepción llegan al Caribe
En el Caribe, Jamaica y Trinidad y Tobago han recurrido a medidas similares frente a la violencia de pandillas.
En Trinidad y Tobago, el primer estado de emergencia se declaró en diciembre de 2024, tras una ola de asesinatos vinculados a enfrentamientos entre grupos criminales. La medida permitió ampliar las facultades de registro y detención.
Según un análisis de la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), los enfrentamientos entre pandillas y los ataques contra civiles disminuyeron 42% en 2025 frente al año anterior. Sin embargo, la organización advierte que no hay evidencia suficiente para atribuir esa reducción de forma directa y sostenida a los estados de emergencia.
El país levantó la medida el 17 de septiembre de 2026, después de haber pasado buena parte de los meses anteriores bajo este régimen.
Jamaica mantiene siete Zonas de Operaciones Especiales (ZOSO) en comunidades de cuatro parroquias. El Parlamento aprobó una nueva prórroga de 180 días, por lo que las intervenciones estarán vigentes hasta el 19 de diciembre de 2026. Las zonas están en Denham Town; Norwood y Mount Salem; Greenwich Town, Parade Gardens y August Town; y Savanna-la-Mar.
A diferencia de los estados de emergencia pública, las ZOSO son intervenciones territoriales que combinan operaciones de seguridad con programas de desarrollo comunitario. La Policía y las Fuerzas de Defensa trabajan bajo la estrategia "Despejar, Mantener y Construir", mientras el Fondo de Inversión Social de Jamaica coordina proyectos de infraestructura y atención social. Entre las acciones se incluyen mejoras de servicios básicos, recuperación de espacios comunitarios y programas educativos.
El Gobierno sostiene que estas intervenciones han contribuido a reducir la violencia. Según cifras de la Fuerza Constabularia de Jamaica difundidas por el Ministerio de Seguridad Nacional en junio de 2025, los homicidios en las siete zonas habían disminuido un 79% y los tiroteos un 42%.
Sin embargo, el Ejecutivo anunció una evaluación integral para medir sus resultados y definir una posible transición hacia un modelo de "Zonas de Paz", que busca mantener el trabajo comunitario sin depender de una presencia permanente de policías y militares.