La Asamblea Nacional no trabajará durante la campaña para las elecciones 2026. La vacancia legislativa coincide con el periodo de propaganda de las seccionales, en las que por primera vez participará el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) que, por ahora, domina el Parlamento ecuatoriano.
Entre el 12 y el 26 de noviembre se suspenderán las sesiones ordinarias del Pleno y de las 15 comisiones especializadas permanentes. También se detendrán los plazos y términos para el trámite de proyectos de ley y procesos de juicio político. Las actividades administrativas y de gestión de la institución continuarán.
La pausa llega después de una etapa de actividad legislativa en la que el Parlamento aprobó normas sobre seguridad, economía, educación y otros sectores. Entre las más recientes están la Ley Antimafias, las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la proforma presupuestaria de 2027 y el tratado de extradición entre Ecuador y Costa Rica.
La Asamblea también concedió una licencia al presidente Daniel Noboa para participar en actividades de apoyo a los candidatos de ADN durante la campaña electoral.
La producción legislativa: 42 leyes en el registro oficial
Durante el primer año del periodo 2025-2029, el Observatorio Legislativo contabilizó:
- 28 nuevas leyes: 22 correspondieron a proyectos aprobados en segundo debate y seis, a la resolución de objeciones presidenciales de procesos que venían de legislaturas anteriores.
- En ese mismo periodo se presentaron cerca de 300 proyectos y se contabilizaron 326 informes no vinculantes. No todos los proyectos llegan al Pleno ni terminan convertidos en ley. El trámite pasa por las comisiones especializadas, donde se elaboran los informes que luego se someten a los debates correspondientes antes de una eventual aprobación.
- La cifra de leyes ha aumentado desde entonces. El portal oficial de la Asamblea registra 42 normas aprobadas en el periodo legislativo 2025-2029, con publicaciones en el Registro Oficial hasta el 19 de octubre de 2026.
Seguridad y economía, entre los temas centrales
Una parte importante de la agenda legislativa estuvo vinculada con la seguridad, uno de los principales ejes del Gobierno Nacional, que busca enfrentar al crimen organizado. Esto ocurre en un contexto complejo: 2025 cerró como el año más violento de Ecuador, con una tasa de 50,1 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En 2026, la tendencia de número de crímenes está a la baja.
Entre las normas aprobadas están la Ley para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, que establece mecanismos frente a amenazas y delitos informáticos, y la reforma para fortalecer el sistema penitenciario, que contempla cambios en la clasificación de las personas privadas de libertad y el trabajo penitenciario.
También se aprobó la ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, así como la reforma que sanciona el uso delictivo de uniformes, insignias y distintivos de instituciones de seguridad.
En materia económica, el Parlamento aprobó reformas relacionadas con vivienda de interés social, minería y energía, el gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, el fortalecimiento crediticio y la vinculación entre el sector productivo y la educación.
La producción legislativa incluye, además, normas sobre adopción, extradición, materia aduanera, tránsito, educación ambiental y gobernanza del espacio marino-costero. También se creó el cantón Borbón, en Esmeraldas.
En la última semana de actividades, el Pleno aprobó la proforma presupuestaria de 2027, por 50.213 millones de dólares, y el tratado de extradición con Costa Rica. La Ley Antimafias, aprobada con 85 votos el 9 de noviembre, fue uno de los últimos proyectos tramitados antes de la vacancia.
Leyes cuestionadas por la Corte Constitucional
El balance legislativo también está marcado por decisiones de la Corte Constitucional.
Durante el primer año, dos de las leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo —la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública— fueron declaradas inconstitucionales. Otras normas aprobadas por la Asamblea también han enfrentado demandas ante la Corte.
La fiscalización, uno de los puntos pendientes
El trabajo de control político muestra un panorama distinto al de la producción de leyes.
El Observatorio Legislativo registró siete pedidos de juicio político durante el primer año del actual periodo. Cinco fueron archivados antes de llegar al debate en el Pleno. Entre los casos señalados estuvieron las investigaciones relacionadas con Progen y el desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos.
En los últimos meses, la fiscalización también se concentró en administraciones locales. Entre los procesos abiertos están las investigaciones sobre la compra de camiones recolectores de basura para Quito, el caso denominado Asfalto de Oro y los contratos de entidades públicas con la compañía Tonello Soluciones Integrales.
La investigación sobre el caso Progen también quedó entre las tareas pendientes: el informe de la Comisión de Fiscalización aún no ha sido tratado por el Pleno.