Un carné que acreditaba un 51 % de discapacidad habría permitido al exasambleísta Fabricio Villamar importar una camioneta con una exoneración de tributos que, según Fiscalía, no le correspondía. El exlegislador y la médica que habría avalado esa calificación son procesados por presunta falsificación y uso de documento falso.
La Fiscalía General del Estado informó del proceso el 12 de noviembre de 2026. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
La calificación de la discapacidad
Según la exposición del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón Argudo, el Ministerio de Salud Pública emitió el carné el 13 de noviembre de 2019.
La calificación habría contado con el aval de Carolina Marianela M. M., entonces médica calificadora de discapacidad del Centro de Salud Alfredo Baquerizo Moreno, en Juján, provincia de Guayas.
La teoría fiscal sostiene que la profesional acreditó al entonces legislador con un 51 % de discapacidad física auditiva, sin cumplir los requisitos técnicos y legales. Como respaldo, Fiscalía presentó un oficio del Ministerio de Salud que identificó inconsistencias en el procedimiento.
Una firma distinta y conversaciones por celular de Fabricio Villamar
Entre los elementos expuestos consta una pericia grafotécnica que determinó que la firma del carné no coincidía con las muestras entregadas voluntariamente por Villamar. Según Fiscalía, las firmas provenían de personas diferentes.
La médica habría señalado en su versión que atendió personalmente al exasambleísta el 13 de noviembre de 2019. Sin embargo, la investigación estableció que ese mismo día él asistió a una comisión legislativa entre las 15:16 y las 17:05.
Fiscalía también presentó conversaciones por mensajería instantánea entre los procesados, extraídas del teléfono del exlegislador, que estarían relacionadas con el caso.
El carné ya le costó el cargo
El 10 de mayo de 2021, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Villamar con 107 votos por la obtención irregular, uso y abuso del carné de discapacidad. La decisión también incluyó una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos.
La resolución publicada en el Registro Oficial recoge información de Aduana que registra una importación de vehículo a su nombre en 2020, bajo la categoría de bienes para personas con discapacidad.
Además, cita registros del SRI en los que constaba como beneficiario de rebajas en impuestos vehiculares y en el impuesto a la renta. La Asamblea exhortó entonces a Fiscalía y Contraloría a concluir las acciones administrativas y preprocesales iniciadas.
Prohibición de salida y retención de cuentas
En el proceso penal actual, un juez de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido fiscal de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para los dos procesados. Las defensas no se opusieron a esa solicitud, según Fiscalía.
El magistrado también ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas. El delito investigado está tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal.