jue 22 oct 2026
El Gobierno Nacional cuestionó las adjudicaciones de la Epmmop, mientras el Sercop identificó un "patrón recurrente de contrataciones" en el Municipio de Quito.
Imagen referencial de obras de la Epmmop, en Quito.
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Epmmop
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) identificó un posible patrón de concentración de contratos de obra pública por cerca de 64 millones de dólares en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) de Quito. El hallazgo fue expuesto este jueves 22 de octubre de 2026 por autoridades del Gobierno Nacional, que solicitaron explicaciones al alcalde Pabel Muñoz.
En un video difundido en redes sociales, el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, junto con la directora general del Sercop, Nataly Avilés, y la secretaria general de Integridad Pública, Doménica Bajaña, cuestionaron los mecanismos de adjudicación y control de los contratos municipales.
El pronunciamiento ocurre un día después de los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en dependencias del Municipio de Quito, las oficinas de la Epmmop, el despacho de un abogado particular y las instalaciones de un consorcio en Rumiñahui.
Nataly Avilés explicó que, entre marzo y septiembre de 2026, el Sercop identificó un patrón recurrente que podría evidenciar una concentración de contratos mediante distintas empresas, consorcios y personas naturales vinculadas a un mismo proveedor.
Según la funcionaria, los antecedentes incluyen ocho contratos adjudicados durante 2024, por un monto total de 17,4 millones de dólares.
Neira precisó que la constitución de sociedades y consorcios no constituye, por sí misma, un delito. Sin embargo, señaló que debe esclarecerse si estas estructuras fueron utilizadas para obtener contratos en contravención de la normativa de contratación pública.
Avilés indicó que el Sercop continuará identificando riesgos en los procesos de contratación y promoviendo las acciones que correspondan ante los organismos de control e investigación.
Durante el pronunciamiento, José Julio Neira dirigió sus cuestionamientos al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sobre los controles aplicados por su administración para identificar posibles adjudicaciones recurrentes a proveedores relacionados.
El secretario preguntó si las presuntas irregularidades responden a fallas de gestión, negligencia o un posible favorecimiento deliberado por parte de funcionarios municipales.
Por su parte, Doménica Bajaña señaló que es necesario esclarecer quiénes participaron en la preparación, revisión y aprobación de los procesos, así como identificar a los responsables de autorizar las contrataciones.
La funcionaria recordó que detectar riesgos, investigar los hechos y establecer responsabilidades son competencias diferentes que corresponden a distintas instituciones del Estado.
El pronunciamiento del Gobierno se produce después de que el concejal de Quito Michael Aulestia presentara dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de peculado y lavado de activos.
El edil sostiene que un mismo proveedor habría concentrado aproximadamente 65 millones de dólares en contratos de mantenimiento vial, infraestructura y provisión de asfalto entre 2022 y 2026, mediante una estructura integrada por sociedades, consorcios y personas naturales.
En declaraciones a Diario HOY, Aulestia explicó que este mecanismo habría permitido eludir restricciones contempladas en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), relacionadas con la adjudicación de nuevas obras a contratistas que mantienen trabajos anteriores pendientes de entrega.
El concejal también cuestionó que una planta de asfalto ubicada en Rumiñahui, vinculada al proveedor señalado, presuntamente opere sin los permisos requeridos, pese a abastecer a la Epmmop.
