La inseguridad, el tráfico, el mal estado de vías y las deficiencias en los servicios básicos forman parte de los problemas que afectan la vida cotidiana en Ecuador. De cara a las elecciones 2026, conocer qué competencias tiene cada nivel de gobierno permite identificar qué pueden ofrecer los candidatos y, sobre todo, qué responsabilidades deberán cumplir si llegan al cargo.
En Quito, por ejemplo, el 58,5% de los encuestados por la iniciativa Quito Cómo Vamos, en agosto de 2026, respondió que la seguridad y la violencia son los problemas que más afectan su calidad de vida. En una medición de CIEES para Quito y Guayaquil, a inicios del año, la inseguridad también encabezó las preocupaciones ciudadanas: alcanzó el 54% en la capital y el 71% en el Puerto Principal.
Los resultados de ambas encuestas muestran que la seguridad ocupa un lugar central en las demandas de los habitantes de las principales ciudades.
Sin embargo, no todas las autoridades locales tienen las mismas atribuciones para responder a estos problemas. La Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) distribuyen las competencias entre municipios, prefecturas y juntas parroquiales rurales. Esta división también establece límites a las ofertas de campaña.
Seguridad: prevención y coordinación, no mando policial
La seguridad es uno de los asuntos en los que más se confunden las responsabilidades. Los municipios deben crear y coordinar consejos cantonales de seguridad ciudadana, formular políticas y planes locales de prevención y evaluar sus resultados. Los alcaldes también tienen la atribución de coordinar estas acciones con la Policía Nacional, la comunidad y otras instituciones.
Esto significa que un candidato a alcalde solo puede comprometerse a fortalecer los programas de prevención, mejorar la iluminación de espacios públicos, recuperar parques y zonas deterioradas, coordinar sistemas de videovigilancia y articular acciones con la Policía. También puede plantear políticas de convivencia y prevención de la violencia.
Pero hay un límite: el alcalde no dirige a la Policía Nacional ni tiene a su cargo la investigación penal. La protección interna y el orden público son competencias exclusivas del Estado central. Por eso, prometer que desde el Municipio se comandarán operativos contra bandas criminales o se desarticularán organizaciones delictivas excede sus atribuciones.
Los prefectos y presidentes de juntas parroquiales rurales también tienen responsabilidades de coordinación en seguridad ciudadana. El COOTAD establece que deben articular planes con la Policía Nacional, la ciudadanía y las instituciones correspondientes, de acuerdo con las necesidades de sus territorios. No obstante, tampoco tienen mando sobre la fuerza pública.
Movilidad: una responsabilidad directa de los municipios
En materia de tránsito y transporte, los municipios tienen competencias para planificar, regular y ejecutar el control operativo dentro de sus cantones, con excepción de la red vial estatal que no haya sido delegada. También deben planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
Por ello, los electores pueden exigir a los candidatos a alcalde propuestas sobre transporte público, rutas, frecuencias, integración de sistemas, señalización, semaforización y seguridad vial. También pueden pedir planes para reducir los tiempos de traslado, mejorar las condiciones de circulación de peatones y ciclistas y atender los puntos de mayor congestión.
La responsabilidad sobre las carreteras cambia según su clasificación. Las vías de ámbito provincial, fuera de las zonas urbanas, corresponden a las prefecturas. En las parroquias rurales, las juntas parroquiales planifican y mantienen los caminos vecinales en coordinación con los gobiernos provinciales, mediante convenios que deben establecer las responsabilidades de cada institución.
Así, una vía deteriorada no necesariamente es responsabilidad del alcalde. Antes de exigir una obra, hay que identificar si se trata de una calle urbana, una carretera provincial, un camino vecinal o una vía estatal.
Agua, alcantarillado y basura: servicios a cargo del municipio
El suministro de agua potable, el alcantarillado sanitario y pluvial, el tratamiento de aguas residuales y el manejo de desechos sólidos son competencias municipales. En estos temas, los ciudadanos pueden exigir planes de ampliación de cobertura, mantenimiento de redes, continuidad del servicio, calidad del agua y una gestión adecuada de los residuos.
Las propuestas de los candidatos también deberían precisar cómo financiarán las obras y qué plazos se plantean para ejecutarlas. No basta con ofrecer agua potable o una solución para la basura: el municipio debe prestar estos servicios y rendir cuentas sobre su funcionamiento.
Vialidad rural, riego y producción: el campo también tiene responsables
En las provincias, una parte importante de las atribuciones de los prefectos está relacionada con el desarrollo rural. El COOTAD les asigna la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial provincial fuera de las zonas urbanas; la gestión ambiental provincial; la construcción y operación de sistemas de riego; y el fomento de las actividades productivas, especialmente las agropecuarias.
Por eso, quienes aspiran a una prefectura pueden ser cuestionados por el estado de las carreteras rurales, la cobertura y mantenimiento de los sistemas de riego, los proyectos de apoyo a agricultores y las acciones para impulsar la producción provincial.
Las juntas parroquiales rurales tienen un papel más cercano a las comunidades. Pueden construir y mantener infraestructura y espacios públicos de la parroquia, planificar caminos rurales junto con la prefectura, incentivar actividades productivas comunitarias y promover la protección de la biodiversidad y el ambiente. También deben vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
Ordenamiento territorial y ambiente: decisiones que afectan la vida diaria
Los municipios tienen la competencia de regular el uso y la ocupación del suelo en sus cantones. Esto incluye la planificación urbana, el control de construcciones y la organización del crecimiento de las ciudades. Los ciudadanos pueden exigir que los candidatos expliquen cómo evitarán asentamientos en zonas de riesgo, cómo protegerán áreas verdes y cómo planificarán el crecimiento urbano.
En materia ambiental, los prefectos ejercen la gestión ambiental provincial y los municipios tienen atribuciones para prevenir y controlar la contaminación dentro de sus territorios, en articulación con las políticas nacionales. Las juntas parroquiales también pueden impulsar acciones de protección ambiental y conservación de la biodiversidad.
Las competencias también tienen límites y mecanismos de control en Ecuador
La distribución de responsabilidades no significa que cada nivel de gobierno trabaje de manera aislada. La Constitución permite la gestión concurrente y la colaboración entre instituciones. Además, existen convenios y delegaciones que pueden modificar quién ejecuta determinadas acciones, sin que eso implique necesariamente que cambie la titularidad de la competencia.
También hay responsabilidades para las autoridades legislativas locales. Los concejos municipales aprueban ordenanzas y presupuestos y fiscalizan la gestión del alcalde. Los consejos provinciales cumplen funciones de legislación y fiscalización sobre la prefectura, mientras que las juntas parroquiales vigilan la gestión de sus presidentes.