mar 03 nov 2026
Ecuador enfrenta una crisis eléctrica que exige acciones inmediatas y una hoja de ruta clara, buscando transformar la adversidad en una oportunidad.
De esta crítica situación debemos estar todos conscientes y actuar en consecuencia. La solución en el corto, mediano y largo plazo debe ser vista como una oportunidad que nos una como nación en torno a lograr un cambio positivo y definitivo.
¿Cómo transformar la crisis eléctrica del Ecuador en una oportunidad?
Propongo, concretamente, la creación (vía decreto ejecutivo) de un espacio que una al sector público, al sector productivo, a la academia y a la sociedad civil para gestionar, en el marco de la política pública de energía y ambiente, las acciones para mitigar los efectos de la crisis y delinear una hoja de ruta.
Este espacio reducirá efectos de antieconómicas e inconsultas desconexiones generalizadas en el sector productivo y sus consecuencias sobre producción, empleo y exportaciones.
También contribuirá a fortalecer la capacidad institucional que permita cumplir los objetivos de las recientes reformas legales, como la del decreto ejecutivo 515 del 29 de septiembre de 2026, para acelerar inversión privada, permitir inyección de excedentes sin límites, obligar autogeneración en nuevos proyectos de sectores extractivos, incorporar normativa para gestión de sistemas de almacenamiento y crear distritos autónomos energéticos.
Las finanzas públicas también deben asignar subsidios a la demanda a través del Presupuesto General del Estado, sin que responda a un sistema de precios de la oferta fijados política o electoralmente y sin comprometer la utilización de recursos del mercado eléctrico (o petrolero). Este error histórico, en la práctica, ha conducido a la descapitalización de sectores estratégicos y ha condicionado el crecimiento de la capacidad pública y privada para proveer un servicio suficiente, confiable y eficiente de energía eléctrica.
Esto además abre la oportunidad para planificar, también a través del Presupuesto General del Estado, un proceso de capitalización que permita compensar el capital perdido de las empresas públicas, como mecanismo financiero para reconocer el grave desequilibrio producido por el déficit tarifario. Este proceso debe estar acompañado de una nueva ley de empresas públicas: la propiedad o monopolio público (como en el caso de Ecuador) no es argumento para tolerar la actual ineficiencia, falta de transparencia y corrupción en la administración del sector eléctrico. Sin duda, una de las prioridades en esta materia debe ser mejorar la gestión de las empresas públicas de distribución.
Es fundamental que se tomen acciones de política pública que generen facilidades e incentivos para el financiamiento interno y externo de largo plazo (bajo la modalidad “project finance”) para proyectos de autogeneración a nivel de los grandes consumidores (AV1 y AV2) y de eficiencia energética a nivel del consumo de los hogares y empresas.
Además, hay que determinar con transparencia y claridad por parte de las autoridades del sector eléctrico la real capacidad de generación térmica: llama la atención que se mencione que se tiene una capacidad de generación según ARCONEL de 9254.92 megavatios, que no es capaz de atender una demanda de alrededor de 5.23 a 5.49 gigavatios, según el CENACE.
Contar con una agenda y un plan de trabajo nacional y plurianual, público y privado, de gestión de la crisis (que estructuralmente nos acompañará unos años más, los menos que sean posibles) y de reforma estructural del sector eléctrico, permitirá transformar esta situación en una verdadera oportunidad de unir esfuerzos para sentar las bases de un proceso de desarrollo para el Ecuador.
