lun 02 nov 2026
La Asamblea Nacional tiene 30 días para analizar las cuentas del Gobierno, que prevén más recursos para inversión pública, salud, seguridad y gobiernos locales.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en su sesión del 2 de noviembre de 2026 en Quito.
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Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional comenzó la revisión de la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2027, cuyo monto asciende a USD 50.213 millones. El análisis también comprende la programación presupuestaria cuatrianual. El Legislativo dispone de 30 días para examinar la propuesta del Gobierno y emitir un pronunciamiento en un solo debate del pleno.
La Comisión de Desarrollo Económico tiene a su cargo este trámite. El lunes 2 de noviembre de 2026, sus integrantes avocaron conocimiento de los documentos y abrieron el debate sobre las cifras del proyecto.
Durante la sesión, representantes del Ejecutivo presentaron los principales indicadores, las previsiones económicas y las prioridades de gasto para el próximo ejercicio fiscal.
Miguel Hernández, viceministro de Finanzas de Ecuador, informó que el proyecto contempla ingresos por USD 34.427 millones y gastos por USD 38.838 millones. La diferencia deja un déficit fiscal de USD 4.412 millones, equivalente al 3,1 % del producto interno bruto (PIB).
El funcionario señaló que este déficit es USD 1.014 millones menor al previsto en la proforma de 2026. A su criterio, la reducción refleja una mejora progresiva de las cuentas públicas y el cumplimiento de las reglas fiscales.
Hernández aseguró que, durante el ejercicio fiscal de 2026, el país no ha incumplido esas reglas. También destacó que Ecuador registra uno de los niveles más altos de ejecución presupuestaria de los últimos cinco años.
La proforma se elaboró con las siguientes previsiones macroeconómicas:
PIB nominal: USD 142.725 millones.
Crecimiento real del PIB: 2,5 %.
Precio promedio del barril de petróleo exportado: USD 66.
Producción petrolera: 165,6 millones de barriles.
Inflación anual promedio: 2,2 %.
El viceministro prevé que la inflación se mantenga estable. Explicó que el Gobierno utilizó criterios conservadores para elaborar las estimaciones, sobre todo por la volatilidad del precio del petróleo en los mercados internacionales.
En cuanto al financiamiento público, la proforma incorpora USD 13.671 millones de deuda interna y externa.
Hernández indicó que las necesidades de financiamiento y las amortizaciones serán menores en 2027. Relacionó esta reducción con la operación de manejo de pasivos que Ecuador ejecutó en enero de 2026, cuando el país retornó a los mercados internacionales de capitales.
El funcionario subrayó que la recuperación de la confianza de los inversionistas resulta fundamental para facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
El Ejecutivo prevé transferir USD 4.345 millones a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Esta asignación representa un aumento de USD 618 millones frente al presupuesto codificado hasta septiembre de 2026.
Las transferencias a la seguridad social —IESS, Isspol e Issfa— sumarán USD 3.955 millones, es decir, USD 256 millones más que el monto codificado en septiembre.
Los bonos sociales también tendrán un incremento de USD 29 millones. La asignación total llegará a USD 1.471 millones. Según Hernández, el objetivo es mantener el enfoque de protección social.
De los USD 34.427 millones de ingresos que contempla la proforma, USD 24.863 millones corresponden a ingresos permanentes y USD 9.564 millones a ingresos no permanentes. En este último grupo constan los recursos petroleros y los provenientes de la monetización de activos.
El Gobierno calcula que la recaudación tributaria alcanzará USD 20.703 millones en 2027. Hernández afirmó que esta proyección incorpora las medidas tributarias aprobadas hasta el momento y descartó nuevos incrementos de impuestos.
El aumento esperado de los ingresos tributarios dependerá, según el viceministro, de una mayor eficiencia del Servicio de Rentas Internas (SRI), el fortalecimiento de los controles, las acciones contra la evasión y la optimización de los procesos para las devoluciones del IVA.
Judith Guedes, asesora de la directora general del SRI, presentó otra estimación. De acuerdo con los cálculos econométricos de la entidad, la recaudación bruta de 2027 podría llegar a USD 25.727,5 millones.
De ese total, el impuesto al valor agregado (IVA) aportaría alrededor de USD 13.482 millones, mientras que el impuesto a la renta generaría USD 8.477 millones.
La funcionaria consideró que existe la posibilidad de superar la recaudación total prevista.
Por su parte, Juan Carlos Campuzano, director de Planificación del SRI, señaló que el monto esperado para 2027 supera en aproximadamente 4 % la cifra con la que se estima cerrar 2026.
En el lado de los egresos, el Gobierno proyecta USD 25.896 millones para gastos permanentes y USD 12.942 millones para gastos no permanentes. El total asciende a USD 38.838 millones.
Uno de los principales componentes es el Plan Anual de Inversiones (PAI). Su asignación pasará de USD 2.437 millones en 2026 a USD 3.000 millones en 2027, un crecimiento del 23 %.
Edwin Zumba, subsecretario general de Planificación, explicó que el PAI incluye proyectos y obras que ya están en ejecución. Además, señaló que el plan guarda relación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
El funcionario destacó que la inversión pública prevista para 2027 también supera en 37,5 % la asignación de 2026 y se ubica entre los montos más altos de los últimos años.
El PAI reúne 301 proyectos, distribuidos en cinco ejes:
Eje social: USD 1.698,66 millones para 186 proyectos.
Eje económico: USD 191,26 millones para 29 proyectos.
Eje ambiental: USD 761,40 millones para 56 proyectos.
Eje institucional: USD 334,98 millones para 27 proyectos.
Eje de riesgos: USD 13,70 millones para tres proyectos.
La distribución por gabinetes interinstitucionales asigna el 30,24 % de los recursos al gabinete social; el 29,65 %, a infraestructura y energía; y el 20,42 %, a seguridad. El porcentaje restante se reparte entre otros sectores.
La proforma asigna USD 5.538,53 millones al sector de salud pública en 2027. De ese monto, USD 5.328,69 millones corresponden a gasto corriente y USD 209,84 millones a inversión.
El presupuesto sectorial incluye los recursos de las entidades adscritas al Ministerio de Salud Pública (MSP), entre ellas el Inspi, Arcsa, Indot y Acces.
Los representantes del Ministerio expusieron ante la Comisión el destino de los recursos para gasto corriente. El rubro más alto corresponde a personal y jubilaciones, con USD 1.788,29 millones, equivalentes al 33,56 % del total.
Esta asignación permitirá mantener a 75.664 profesionales de la salud y a 4.491 personas que cumplen su año de servicio rural y deben devengar sus becas.
El fortalecimiento de capacidades y la prestación de servicios de salud recibirán USD 1.760,31 millones, que representan el 33,03 % del gasto corriente.
Otros USD 725,93 millones (13,62 %) se destinarán a medicamentos y dispositivos médicos. Con estos recursos, el MSP busca cubrir el 80 % de la provisión de medicamentos vitales y esenciales, así como mantener sus existencias.
La distribución también contempla:
Gastos operativos: USD 480,30 millones (9,01 %).
Servicios externalizados: USD 366,08 millones (6,87 %).
Estrategias de salud: USD 207,78 millones (3,90 %).
La planificación incluye recursos para 2.119 establecimientos de salud, entre unidades de primer nivel, hospitales y centros de segundo y tercer nivel de atención.
El Ministerio de Defensa contará con USD 1.945,57 millones en 2027. La cifra representa un aumento cercano a USD 50 millones frente al presupuesto codificado hasta septiembre de 2026.
El objetivo de esta asignación es fortalecer las capacidades militares para proteger la soberanía, la integridad territorial y la autoridad estatal en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo.
Juan Francisco Martínez, subsecretario de Planificación y Economía del Ministerio de Defensa, presentó la propuesta ante los asambleístas. Durante su intervención, leyó una carta del ministro Gian Carlo Loffredo dirigida a los integrantes del Legislativo.
En el documento, Loffredo destacó la prioridad de diez proyectos de inversión para mejorar la movilidad, la vigilancia, el mando, el control y la capacidad de respuesta operacional de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el Ministerio del Interior, responsable de la Policía Nacional, recibirá USD 210,36 millones.
Pablo Rivera, coordinador de Planificación de esa cartera de Estado, explicó que USD 175 millones corresponden a gasto no permanente. Estos recursos financiarán ocho proyectos para fortalecer la seguridad policial.
Las iniciativas abarcan infraestructura, protección personal, tecnología, vehículos, prevención del delito y apoyo a unidades especializadas.
