jue 08 oct 2026
La estructura criminal vinculada a Comandos de la Frontera extendió sus operaciones a Ecuador con delitos de lavado de activos y tráfico de armas.
Grupo de personas detenido por su presunto vínculo al grupo Comandos de la Frontera.
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Fiscalía
El caso denominado Comandos de la Frontera ya tiene sentencias por dos de las principales líneas investigativas que llevó la Fiscalía: delincuencia organizada y lavado de activos. Entre ellas la de ‘Gerente’, quien fue capturado en Dubai y extraditado a Ecuador.
Pero la investigación también ha abierto nuevas aristas relacionadas con el tráfico de armas y con una presunta red que habría intentado favorecer judicialmente a integrantes de esta supuesta estructura criminal.
La causa comenzó con una investigación sobre una organización vinculada al tráfico internacional de drogas y terminó revelando, según la Fiscalía, una estructura que habría utilizado empresas y actividades económicas para mover y dar apariencia de legalidad a cientos de millones de dólares.
Paralelamente, una investigación denominada Fachada puso bajo la lupa a funcionarios judiciales por presuntas actuaciones destinadas a favorecer a procesados relacionados con la organización.
El 8 de septiembre de 2026, la Fiscalía procesó a siete personas por presunto tráfico ilícito de armas, luego de una operación desarrollada en el sector Alto Punino, en la provincia de Orellana.
Los sospechosos formaban parte de un grupo de nueve aprehendidos durante un operativo ejecutado el 7 de septiembre de 2026 por la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Armadas.
Según la Fiscalía, los siete investigados serían miembros del grupo Comandos de la Frontera. Durante la acción policial se recopilaron armas y otros indicios que fueron incorporados al expediente. La causa está en instrucción fiscal. Los sospechosos pasaron a ser procesados.
Esta nueva investigación muestra que las operaciones atribuidas a la estructura no se limitan a los expedientes originales por posible delincuencia organizada y lavado de activos.
El 6 de septiembre de 2026, la Fiscalía informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra 15 personas naturales y cinco personas jurídicas por posible lavado de activos. La investigación determinó movimientos financieros irregulares por aproximadamente 397,8 millones de dólares entre 2015 y 2025.
De las 15 personas condenadas, 14 recibieron 13 años de cárcel, entre ellas Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘El Gerente’. Otra persona, Mentor Segundo Á. E., recibió una pena de 10 años.
Las cinco empresas fueron sancionadas con disolución, clausura, multa y comiso penal. Además, los sentenciados deberán pagar una multa equivalente al triple del monto del lavado, cuyo valor específico debe establecerse en la sentencia escrita.
El tribunal ratificó la inocencia de Eysten Geobani S. P. y Mónica Lucía C. R. La Fiscalía anunció que apelaría esas absoluciones.
Según la Fiscalía, la estructura utilizó empresas y actividades económicas para introducir recursos de origen presuntamente ilícito al Sistema Financiero Nacional y darles apariencia de legalidad.
Entre las compañías identificadas durante la investigación de la Fiscalía están Alvial-Corp S.A.S., Industria Agrícola Ganadera Kaeri S.A., Constructora Inmob Cía. Ltda., Ecuabodegas S.A.S. y Transchul S.A.
La investigación encontró depósitos en efectivo y cheques, transferencias y giros desde y hacia el exterior, además de créditos bancarios que habrían sido cancelados en períodos cortos.
En la investigación también se identificaron adquisiciones de bienes muebles, vehículos y enseres por aproximadamente 3 millones de dólares, además de activos pecuarios —bovinos, porcinos y equinos— valorados en alrededor de 8,5 millones de dólares.
Las pericias identificaron compra de bienes inmuebles que, según las pericias, iban desde unos 200.000 dólares hasta los 20 millones de dólares, por procesado. Para la Fiscalía, los recursos investigados provendrían del posible tráfico internacional de drogas.
Para sustentar su acusación presentó pericias financieras y contables, análisis de lavado de activos, información societaria y de cumplimiento, seguimientos, análisis telefónicos, pericias de audio y video y documentación procedente de otras investigaciones.
Uno de los principales nombres de esta investigación es Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’. La Fiscalía lo identifica como presunto cabecilla de la estructura investigada y sostiene que habría mantenido vínculos con los Comandos de la Frontera.
Álvarez fue detenido el 26 de junio de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mediante una operación coordinada entre la Policía ecuatoriana e Interpol. Sobre él pesaba una notificación roja y una alerta relacionada con la organización.
En diciembre de 2025 fue trasladado a Ecuador. Para entonces ya existía una orden de prisión preventiva y un llamamiento a juicio por posible delincuencia organizada. En la causa por lavado de activos, Álvarez fue uno de los condenados a 13 años de prisión.
La Fiscalía también identificó dentro de esta estructura a Carlos Andrés Álvarez Cordero, Kerly Dayani Álvarez Cordero, Aldair Alfredo O. C., Juan Carlos Ch. Ch. y Josué Alfredo M. C., entre otros procesados.
La primera investigación fiscal se concentró en una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, armas y lavado de activos.
La investigación del caso llevó a que el 29 de agosto de 2024, la Fiscalía en coordinación con la Policía, ejecute la operación Gran Fénix 40, en Sucumbíos, Orellana, Pichincha, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La Policía informó entonces que fueron capturadas 18 personas y que la organización trabajaba de manera articulada con los denominados Comandos de la Frontera. Entre los indicios encontrados estuvieron armas, vehículos, celulares, dinero en efectivo y otros indicios.
La Fiscalía formuló cargos inicialmente contra 16 personas y posteriormente vinculó a otras cuatro. Luego de la instrucción fiscal (investigación del caso), tres personas fueron sobreseídas y 17 fueron llamadas a juicio. Fueron juzgadas 13 personas. Para las otras cuatro se suspendió la etapa de juzgamiento porque se encontraban prófugas.
En julio de 2025, el tribunal declaró la culpabilidad de los procesados y les impuso penas que van de entre 10 y 13 años de prisión, dependiendo del grado de participación. Las condenas fueron ratificadas en apelación (Segunda instancia) luego de que la Sala Especializada Penal para el juzgamiento de delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial rechazó el recurso de apelación de 12 personas condenadas.
Entre quienes apelaron estaban Kerly Dayani Álvarez Cordero, Carlos Andrés Álvarez Cordero, Juan Carlos Ch. Ch., Aldair Alfredo O. C., Henry Tomás C. J., Gerardo Giovanny P. C., Luis Andrés A. Y., Alexandra Carolina R. B., José Agustín M. C., Cristian Santiago R. S., Josué Alfredo M. C. y Heiner Steven C. L.
La investigación por lavado de activos comenzó en noviembre de 2024, después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).
Las primeras diligencias permitieron identificar a personas y empresas que, según Fiscalía, estarían vinculadas con la estructura criminal.
Inicialmente, la Fiscalía calculó que el dinero ingresado irregularmente al sistema financiero y los bienes adquiridos con fondos presuntamente ilícitos superaban los 354 millones de dólares entre 2015 y 2025.
El 9 de septiembre de 2025, la Fiscalía y la Policía ejecutaron 62 allanamientos simultáneos en ocho provincias. Al día siguiente se formularon cargos contra 15 personas naturales y cinco jurídicas. Hubo una vinculación al caso que sumó 24 procesados: 19 personas naturales y cinco empresas. Pero a juicio llegaron 17 personas naturales y cinco jurídicas.
De ellas, el 6 de septiembre de 2026, 15 personas naturales fueron sentenciadas y dos recibieron ratificación de inocencia. Las personas jurídicas fueron sancionadas con su disolución, clausura y comiso penal. La sentencia es de primera instancia.
Durante el juicio, el monto analizado por Fiscalía se actualizó a 397,79 millones de dólares. La sentencia de septiembre de 2026 se refiere precisamente a ese monto.
