vie 16 oct 2026
El Cpccs acumula polémicos intentos de restarle funciones o eliminarlo. Mientras tanto, intenta completar concursos para la designación de autoridades.
Edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en Quito, Ecuador.
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Foto: CNE
El concurso para elegir al próximo Fiscal General del Estado atraviesa una nueva etapa de cuestionamientos. Tras las impugnaciones, 21 de los 26 postulantes quedaron fuera del proceso, aunque pueden apelar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La selección aún debe superar las etapas de oposición, que incluyen pruebas escritas y orales.
Las dificultades del concurso se suman a los cuestionamientos que ha recibido el Cpccs por los procesos de designación de autoridades y por los conflictos que han involucrado a sus integrantes. Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza las elecciones para renovar a los vocales del organismo, el Gobierno de Daniel Noboa impulsa una reforma para trasladar a la Asamblea Nacional la facultad de designar autoridades.
No es la primera vez que se propone reducir las atribuciones del Cpccs. Desde su creación, la institución ha pasado por una reestructuración extraordinaria, cambios en la forma de elegir a sus integrantes y varias iniciativas para modificar sus competencias.
El concurso para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado ha atravesado cambios en su cronograma y actuaciones judiciales. En 2024, una medida cautelar suspendió el reglamento del proceso.
El Cpccs cuestionó la decisión judicial y pidió que se revocara. Tras nuevos trámites y ajustes, el concurso continuó.
En 2025, el Consejo avanzó en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. En febrero de 2026 abrió la convocatoria para elegir al próximo Fiscal General.
La fase de impugnaciones volvió a retrasar el avance hacia la selección final. El 6 de octubre de 2026, la Comisión Ciudadana aprobó los informes de 41 impugnaciones presentadas contra 26 postulantes: aceptó 25, relacionadas con 21 aspirantes; negó 13 y archivó tres. Las impugnaciones aceptadas implican la descalificación de los candidatos cuestionados, sin perjuicio de los recursos que correspondan.
Los postulantes y los impugnantes pueden apelar ante el Pleno del Cpccs dentro de los tres días posteriores a la notificación de las resoluciones. Una vez que concluya esta etapa, la Comisión deberá remitir al Pleno el informe final para dar paso a la fase de oposición.
Los procesos para designar a las principales autoridades del Estado también han generado cuestionamientos al Cpccs. En algunos casos hubo decisiones judiciales, revisiones de requisitos e impugnaciones que modificaron el desarrollo de los concursos.
El Cpccs nació con la Constitución de 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. Se incorporó a la Función de Transparencia y Control Social, una de las cinco funciones del Estado.
Según la institución, su misión es promover la participación ciudadana, el control social, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, una de sus competencias más relevantes es intervenir en la designación de autoridades públicas.
El Consejo designa o participa en los procesos para elegir, entre otras autoridades, al Fiscal General del Estado, al Contralor, al Defensor del Pueblo y al Defensor Público. También interviene en la conformación de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Constitución y la ley.
Esta atribución ha ubicado al organismo en el centro de las disputas sobre quién debe elegir a las autoridades que dirigen instituciones clave del Estado.
En sus primeros años, los consejeros del Cpccs eran seleccionados mediante concurso. Ese mecanismo cambió tras la consulta popular del 4 de febrero de 2018, cuando cerca del 63% de los votantes respaldó la pregunta que permitió reestructurar el organismo y crear un Consejo Transitorio.
Presidido por Julio César Trujillo, el Consejo Transitorio recibió facultades para evaluar a las autoridades designadas por el Cpccs y cesarlas. Según el balance oficial presentado en 2018, evaluó a autoridades de nueve instituciones y cesó a 29, después de recibir 1.200 denuncias ciudadanas relacionadas con esos procesos.
Entre las instituciones intervenidas estuvo el CNE. El 17 de julio de 2018, el Consejo Transitorio terminó anticipadamente el período de Mauricio Tayupanta y cesó a Nubia Villacís, Ana Marcela Paredes, Paúl Salazar y Luz Haro, entonces vocales del organismo electoral.
El Consejo Transitorio también asumió procesos de selección de autoridades. En 2019 designó a Diana Salazar como fiscal general del Estado, después de un concurso en el que obtuvo 88,17 puntos.
Con el fin del período transitorio, el Cpccs retomó su funcionamiento regular. La consulta popular también cambió la forma de elegir a sus integrantes, los consejeros pasaron a ser escogidos mediante voto popular en elecciones como las que se llevarán a cabo el 29 de noviembre de 2026.
En 2019 surgieron propuestas para limitar las atribuciones del Cpccs. En marzo de ese año, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, socializó una propuesta para retirar al organismo la facultad de designar autoridades de control.
En septiembre, un grupo de asambleístas presentó un proyecto de enmienda constitucional para trasladar esa potestad a la Asamblea Nacional. La iniciativa incluía la designación del Fiscal General, el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público y los integrantes del CNE, el TCE y el Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades.
La propuesta no prosperó, pero el funcionamiento del Cpccs y las actuaciones de sus integrantes continuaron bajo escrutinio. Desde entonces han sido destituidos 19 vocales y la inestabilidad continúa.
En 2022, el entonces presidente Guillermo Lasso planteó otra reforma constitucional para retirar al Cpccs la facultad de designar autoridades y cambiar el mecanismo de elección de sus propios consejeros.
La Corte Constitucional determinó que las modificaciones propuestas podían tramitarse por la vía de una enmienda. La iniciativa buscaba trasladar la designación de autoridades a otros mecanismos, incluida la participación de la Asamblea Nacional.
El cambio no se concretó y el Cpccs conservó sus atribuciones.
La elección popular de los consejeros no puso fin a los conflictos en el organismo. El período 2023-2027 ha estado marcado por destituciones, renuncias y reemplazos.
El 31 de enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral destituyó a Yadira Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y a la consejera suplente Vielka Párraga. Después se principalizó a los nuevos integrantes.
En septiembre de 2025, la Asamblea destituyó mediante juicio político al consejero Gonzalo Albán Molestina. En junio de 2026, Roberto Gilbert Febres-Cordero renunció al cargo y, en julio, la Asamblea posesionó a Johnny Escobar Coronel.
El 13 de octubre de 2026, la Asamblea censuró y destituyó a David Rosero con 84 votos. La decisión se fundamentó en una presunta reunión con una aspirante al cargo de Fiscal General, que el proceso legislativo consideró un conflicto de intereses. Rosero negó los señalamientos. La sanción incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.
En septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa presentó ante la Corte Constitucional una propuesta de enmienda para trasladar a la Asamblea Nacional, en la que tiene mayoría, la facultad del Cpccs de designar autoridades.
La iniciativa plantea que la Asamblea asuma esa atribución mediante procesos que incluyan participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público. No propone eliminar el Cpccs, sino retirar una de sus competencias principales.
En marzo de 2026, la Corte Constitucional emitió el Dictamen 9-25-RC/26A, favorable a la pregunta y sus considerandos, condicionado a corregir un error de forma en la propuesta normativa. Una vez cumplido ese requisito, el Ejecutivo puede continuar el procedimiento para convocar a referéndum, conforme a la normativa vigente.
Mientras avanza esa iniciativa, el CNE organiza las elecciones de los nuevos integrantes del Cpccs para el período 2027-2031. La votación está prevista para el 29 de noviembre de 2026.
La ciudadanía elegirá a siete consejeros: tres mujeres, tres hombres y una persona de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios, o ecuatorianos en el exterior.
La renovación del Consejo y la propuesta de reforma coinciden con un nuevo cuestionamiento a su capacidad para conducir los concursos de autoridades. El resultado de la iniciativa del Ejecutivo determinará si el Cpccs conserva o pierde la facultad de designación que ha marcado su papel desde su nacimiento con la Constitución de 2008.
