La Policía Nacional incautó 18 sacos de yute con cerca de media tonelada de presunta marihuana en un inmueble del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, el 21 de noviembre de 2026. En el operativo, a cargo de Antinarcóticos, fueron aprehendidas cuatro personas.
Según la Policía, el lugar era una mecánica arrendada por el grupo y lo usaban como bodega. Desde ahí, la droga se distribuía hacia el norte de la capital. "Este lugar fue de acopio, donde almacenaban toda esa sustancia, y de ahí salía a distribuir a la parte norte de la ciudad", explica Paúl Saavedra, quien es jefe de Antinarcóticos de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito.
Saavedra calcula que la carga tendría un valor aproximado de 40.000 dólares en el mercado ecuatoriano. Se trata de una estimación policial.
Una denuncia ciudadana abrió la investigación por la presunta marihuana
El caso empezó con una denuncia enviada a través de los códigos QR que la Policía tiene habilitados para recibir alertas de la ciudadanía. "Todo comenzó a través de los códigos QR, con nuestro principal aliado estratégico, la comunidad. A través de una denuncia tuvimos conocimiento y ahí es cuando Antinarcóticos asume las investigaciones", afirma el coronel Germán León, comandante subrogante del Distrito Metropolitano de Quito, quien presentó los resultados del operativo.
Desde entonces, Antinarcóticos vigiló el inmueble durante unas seis semanas, con apoyo de los subsistemas preventivo y de inteligencia de la Policía. "Hacíamos vigilancias, seguíamos esta sustancia que ingresaba", cuenta Saavedra.
Los aprehendidos y lo que sigue
Los aprehendidos son cuatro adultos. La Policía identificó a dos de ellos como M. Salazar, que tiene antecedentes, y L. Salazar Guamán, sin antecedentes. Además de la presunta droga, los agentes decomisaron teléfonos celulares, que forman parte de los indicios.
La Policía investiga a qué organización criminal pertenecerían los cuatro detenidos. Saavedra no descarta que haya más involucrados en el caso.
Saavedra también destacó la importancia de que la ciudadanía denuncie. La Policía tiene varios canales para recibir alertas de forma confidencial, entre ellos los códigos QR, incluido el que está en la cédula de identidad.