lun 12 oct 2026
Una iniciativa parlamentaria, suscrita en Tanzania, plantea intercambiar información entre países y combatir el financiamiento frente al crimen organizado.
Acuerdo regional contra crimen organizado y narcoterrorismo.
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Valentina Centeno
Representantes parlamentarios de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay suscribieron una declaración conjunta durante la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada del 5 al 9 de octubre de 2026 en Arusha, Tanzania. El documento propone fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.
La iniciativa fue impulsada por Ecuador y cuenta con la firma de nueve legisladores de los ocho países participantes, entre ellos la asambleísta ecuatoriana Valentina Centeno. Tras la suscripción, Centeno publicó en su cuenta de X que la cooperación busca articular esfuerzos para enfrentar a estas estructuras y proteger a las familias.
La declaración plantea fortalecer los mecanismos internacionales para rastrear y congelar flujos financieros ilícitos, así como intercambiar información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. El objetivo es afectar los recursos económicos que sostienen a las organizaciones criminales y mejorar la capacidad de anticipación de los países.
El documento también propone incorporar el combate al crimen organizado como una prioridad en la iniciativa de reforma de las operaciones de paz de Naciones Unidas, conocida como ONU80. Además, llama a reforzar las capacidades institucionales y la cooperación operativa, con respeto a la soberanía de cada Estado.
En materia legislativa, los firmantes plantean armonizar las normas nacionales y aplicar las convenciones de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, y contra la Corrupción, denominada Convención de Mérida. La declaración busca que los compromisos internacionales se traduzcan en mecanismos de actuación coordinada.
El documento advierte sobre los efectos del crimen organizado en la seguridad, la gobernabilidad y la estabilidad institucional de América Latina y el Caribe. También menciona el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y las economías ilícitas entre las consecuencias de estas redes.
Según el balance anual de InSight Crime, publicado en marzo de 2026, América Latina y el Caribe registraron al menos 108.838 homicidios durante 2025, una reducción superior al 5 % frente al año anterior. Pese al descenso regional, Ecuador y Haití alcanzaron máximos en sus tasas de homicidios, de acuerdo con el informe.
En Ecuador, la violencia vinculada a las disputas entre organizaciones criminales continúa siendo un desafío de seguridad pública. La problemática también se refleja en procesos judiciales y operativos contra presuntas estructuras delictivas, como el caso de las 36 personas presuntamente relacionadas con una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el allanamiento de una hacienda en Guayas que, según las autoridades, habría sido utilizada por una estructura vinculada a esa organización.
La declaración constituye un llamado a fortalecer la coordinación parlamentaria y la cooperación entre instituciones de los países participantes. Sin embargo, la firma del documento no demuestra por sí sola que ya existan operaciones conjuntas o mecanismos regionales activos de intercambio de información.
La aplicación de las propuestas dependerá de las decisiones posteriores de los países y de las medidas legislativas, judiciales y operativas que adopten. El texto plantea la necesidad de pasar de los compromisos a acciones coordinadas para debilitar las redes criminales y sus fuentes de financiamiento.
