jue 08 oct 2026
Además de Guayas y Los Ríos, Manabí y El Oro, son dos de las provincias con mayores índices de violencia, según datos policiales de 2025 y 2026.
Operación. El fin de semana pasado se incautaron 2.3 toneladas de droga al oeste de Manta. (Foto: Armada del Ecuador)
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La inseguridad y el aumento de muertes violentas en provincias como Manabí y El Oro se atribuyen a la disputa territorial entre grupos de delincuencia organizada. Lo evidencian operativos policiales y militares que dan cuenta de capturas de líderes de bandas e incautación de alcaloides.
Estas provincias se suman a Guayas y Los Ríos, que ya registran elevados índices de violencia. El fenómeno está ligado a organizaciones como Choneros, Lobos y Chonekillers, Fatales y otros.
Manabí es una de las provincias con más muertes violentas del país. En 2025, registró 1.225 casos, la mayoría en Manta y Portoviejo. De enero a octubre de 2026, se contabilizaron 929 fallecimientos, con Manta y Portoviejo liderando las cifras con 388 y 176 decesos, respectivamente. El Oro no está lejos de estas estadísticas.
Se observa un incremento de víctimas en distritos como Sucre, 24 de Mayo, Chone, Pedernales, El Carmen y Jipijapa en comparación con 2025. En el cantón 24 de Mayo, las muertes aumentaron un 70%, pasando de 30 a 51 casos. La policía mantiene acciones activas en la provincia.
El 5 de octubre de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, informó la detención de 10 extorsionadores en los operativos Fénix y Libertad llevados a cabo en Manabí y Guayas. Las acciones, ejecutadas por la Dinase, evitaron el pago de 103.000 dólares y permitieron el decomiso de teléfonos y vehículos.
En la provincia de El Oro, 2025 cerró con 756 muertes violentas y en lo que va de 2026 suman ya 815 casos. El 89% de las armas utilizadas son de fuego. El 95% de los homicidios se cometen usando motocicletas. 554 muertes ocurrieron en lugares públicos y 261 en sitios privados.
Sobre las víctimas: 741 fueron hombres y 72 mujeres. El 90% (733) corresponde a ecuatorianos, 30 venezolanos, nueve colombianos y dos ciudadanos peruanos. En 32 casos no se pudo determinar. Los problemas en El Oro se atribuyen al crimen organizado representado en narcotráfico, minería ilegal, contrabando de armas, municiones y explosivos, extorsiones.
Uniformados que han laborado en Manabí y en Manta -y que pidieron la reserva de sus nombres- señalan que la provincia en general es conflictiva. Desde hace más de dos décadas y tras la salida de la Base de Manta el problema se atribuye a temas de tráfico de drogas. En su momento fueron avionetas que llegaban a pistas clandestinas y se aprovisionaban con el alcaloide que era transportado a México y Centroamérica.
La incidencia ahora y desde al menos dos décadas es del tráfico de droga por medio de barcos pertenecientes a pescadores que serían reclutados por los grupos de delincuencia organizada, por puertos pequeños o en lanchas rápidas.
Según el coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército y experto en seguridad, por Manabí saldrían unas 400 toneladas de droga, de las cerca de 1.800 que estima que ingresan al país por el norte y por el sur, para ser entregada a buques nodriza o a través de sistemas en los que ya tienen enlaces.
Lo evidencian las capturas de la Armada del Ecuador. La última operación ocurrió el 3 de octubre de 2026en Manta y dejó 2,3 toneladas de alcaloides incautados con una afectación de 50 millones de dólares a las estructuras criminales.
El coronel Mario Pazmiño sugiere una militarización temporal y que la Armada del Ecuador se haga cargo de los puertos privados y estatales para regular y evitar que exista una contaminación más grande de parte de las mafias que operarían en los puertos.
De no ser así, “las organizaciones delictivas van a seguir conquistando espacios territoriales”. Por eso sugiere que esas zonas, consideradas santuarios para el crimen organizado, se conviertan en espacios hostiles a sus actividades.
Los hechos violentos han alcanzado a pescadores, funcionarios de la Fiscalía y de la Agencia de Tránsito de Manta y otros. Uno de los casos más recordados ocurrió la mañana del 14 de junio. La fiscal Alexandra Bravo y su hermana fueron asesinadas en el centro de la ciudad. Bravo conocía casos de secuestros, asesinatos, extorsiones y delincuencia organizada.
Fue la tercera fiscal que perdió la vida desde 2022. La noche del 14 de junio dos personas más fueron masacradas en el cantón 24 de Mayo y una cabeza humana apareció la mañana del lunes 15 de junio cerca de una dependencia de Bomberos de Manta.
Entre los casos que más han llamado la atención en Manta están los asesinatos de funcionarios relacionados con la Agencia de Tránsito. Desde el 22 de junio de 2022 hasta agosto de 2025 se han contabilizado 14 muertes violentas de miembros de esa Agencia. Entre ellos, el presidente de la Asociación de Agentes de Tránsito, 11 agentes, un supervisor y un exdirector.
Un agente de Manta fue asesinado en Guayaquil y en ese caso la Policía informó que en su poder se encontraron armas, drogas y 120.000 dólares en efectivo. Otro agente que fue a ese sepelio también fue asesinado afuera de la funeraria. Otro agente recibió al menos 20 puñaladas. Del exdirector asesinado la Policía dijo que era "abogado de organizaciones delictivas".
El supervisor asesinado fue identificado por la Policía como hermano de Samara Rivera, esposa de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, exlíder de Los Choneros. La Fiscalía y la Policía hicieron un allanamiento en la Agencia dentro de un proceso por el que era investigada Rivera.
La presencia de familiares o allegados a líderes de grupos delincuenciales como el fallecido alias ‘Rasquiña’ o del líder de los Choneros Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, en entidades como el Municipio de Manta no son casuales.
El coronel Pazmiño explica que los grupos delictivos “necesitan tomar el control en los municipios o en las instituciones en donde exista un banco de información”.
Dice que el objetivo no es tener un puesto ahí sino acercarse a los bancos de información para acceder a los nombres completos de las personas, donde vive, las cargas familiares, los recursos económicos y eso le facilita para poder extorsionar o hacer un secuestro exprés o en firme.
Con eso se evitan vigilancias o seguimientos. Menciona que esa es la razón por la que grupos delictivos se pelean por municipios como Durán, Manta o Puerto Bolívar para acceder a los sistemas informáticos.
