En Ecuador, 485 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados entre enero y septiembre de 2026, lo que equivale a una víctima aproximadamente cada 13 horas y media. La cifra representa un incremento del 12 % respecto al mismo período de 2025, según los datos difundidos este martes por el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud.
El informe, elaborado con estadísticas del Ministerio del Interior, revela un aumento de la violencia letal contra menores de edad y una alta incidencia de armas de fuego en estos crímenes.
Asesinatos de menores de edad aumentan un 12 % en Ecuador
De acuerdo con el Observatorio, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 433 homicidios de niños, niñas y adolescentes. En el mismo período de 2026, la cifra ascendió a 485, es decir, 52 víctimas adicionales.
El Observatorio también señaló que el 82,5 % de las víctimas corresponde a adolescentes de entre 15 y 17 años.
Otro de los datos del informe es la elevada participación de armas de fuego en los asesinatos de menores de edad. Según el Observatorio, 445 de los 485 homicidios se cometieron con armas de fuego, lo que representa el 91,7 % del total.
La organización indicó que esta cifra es siete veces mayor que la registrada en 2018.
El reporte también identificó un incremento de las muertes violentas en la Amazonía. Durante el último trimestre analizado, los casos aumentaron un 167 % en esa región, con incrementos de hasta el 200 % en provincias como Orellana.
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Detenciones de adolescentes crecen un 20,5 %
El aumento de la violencia también se refleja en las estadísticas de detenciones de adolescentes.
Durante el encuentro denominado Protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia armada, el Observatorio informó que las detenciones de personas de entre 12 y 17 años aumentaron un 20,5 %, con 2.540 casos registrados. Según la organización, este incremento ocurrió a un ritmo doce veces mayor que el observado entre los adultos.
Además, uno de cada cinco adolescentes detenidos portaba un arma de fuego.
Las cifras fueron presentadas como parte del análisis sobre la exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia armada y a las dinámicas de la delincuencia organizada.
Crimen organizado convierte a menores en objetivos directos de la violencia
Durante el encuentro también se presentó un informe regional de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil y ONG internacionales para las poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en América Latina y el Caribe (LAC RMD).
El documento advierte que los menores de edad han pasado de ser víctimas indirectas de la violencia a convertirse en objetivos directos del crimen organizado y de los grupos armados.
La investigación señala que una de las manifestaciones más graves de esta situación es el incremento de los homicidios intencionales.
También identifica el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones armadas como formas de vulneración de sus derechos.
El informe regional identifica varias condiciones que pueden facilitar la vinculación de menores de edad con grupos criminales. Entre ellas se encuentran las carencias económicas y afectivas, la búsqueda de reconocimiento, la normalización de la violencia y la presencia de organizaciones delictivas en los territorios.
La investigación también recoge datos de Unicef sobre el aumento del reclutamiento infantil en otros países de América Latina y el Caribe. En Haití, este fenómeno se triplicó en un año, mientras que en Colombia se cuadruplicó durante los últimos cinco años.
La coalición subrayó que el reclutamiento y la utilización de menores deben entenderse como formas de explotación y no como decisiones voluntarias.
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Organizaciones piden priorizar la protección de niños y adolescentes
Ante este escenario, la coalición hizo un llamado a los gobiernos y organismos internacionales para que la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia armada sea considerada una prioridad regional.
Entre sus recomendaciones se encuentra fortalecer los marcos legales, reconocer y sancionar las distintas formas de reclutamiento y utilización de menores, e incrementar la inversión social en territorios de alto riesgo. También solicitó a los organismos internacionales y de cooperación que impulsen programas preventivos a largo plazo.
El informe advierte que enfrentar este fenómeno requiere no solo acciones contra las organizaciones criminales, sino también medidas de protección que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.