El 20 de octubre la Constitución ecuatoriana cumplió 18 años. En un país que ha tenido veinte constituciones en su historia republicana, la fecha merece atención. Hemos dedicado tiempo, talento y entusiasmo a discutir cómo debería redactarse la siguiente Constitución. ¿Cuánto de ese esfuerzo hemos puesto en cumplir la que tenemos?
En noviembre de 2025, el 61,8 % de los votantes rechazó la convocatoria a una asamblea constituyente. Conviene leer ese resultado con cuidado. La ciudadanía rechazó aquella propuesta de sustitución y dejó abierta la discusión sobre qué merece reformarse y por qué. Por ejemplo: ya en 2024 se había aprobado la reforma parcial que permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional frente al crimen organizado.
La experiencia de estos años muestra que podemos introducir cambios relevantes y preservar, al mismo tiempo, las reglas que nos permiten decidirlos. La experiencia de estos años muestra que podemos introducir cambios relevantes y preservar, al mismo tiempo, las reglas que nos permiten decidirlos.
Hay buenas razones para revisar cómo se distribuye el poder en Ecuador. ¿Cuánto poder concentra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cómo se designa a las autoridades que deben fiscalizar al poder político? ¿En qué condiciones pueden ejercer ese control con independencia? Estas preguntas nos llevan a lo que Roberto Gargarella llama la “sala de máquinas” de la Constitución. Pensemos en el ciudadano que denuncia un abuso y descubre que la institución llamada a protegerlo depende de la autoridad denunciada. Para él, la manera en que se organiza el poder determina cuánto vale, en la práctica, el derecho que invoca.
Por ejemplo, los retrasos en la designación de autoridades se han convertido en sistemáticos. Nos tomó seis años volver a tener un contralor titular. Durante ese tiempo, la Contraloría estuvo a cargo de subrogantes, hasta que Mauricio Torres se posesionó en noviembre de 2023. Hoy la demora se repite en la Fiscalía. El período de Diana Salazar concluyó en abril de 2025 y recién el 10 de noviembre de 2026 el concurso para designar a su sucesor entró en la fase de oposición. Desde el día en que una autoridad se posesiona sabemos cuándo termina su período, ¿por qué llegamos una y otra vez a esa fecha sin haber elegido a quien debería sucederla?
Es aquí donde conviene distinguir los defectos del diseño de las responsabilidades de quienes lo aplican. Si el procedimiento dificulta una designación oportuna, corresponde identificar qué etapa debe reformarse y por qué. Si quienes conducen el concurso dejan pasar los meses, deben explicar sus decisiones y responder por la demora. Atribuir los dos problemas a la Constitución tiene una ventaja para quienes ejercen el poder. Siempre será más cómodo discutir el próximo texto que rendir cuentas por la propia actuación.
Confundir una regla mal diseñada con una regla desobedecida tiene una consecuencia política. A quien incumple le resulta más fácil proponer otra Constitución que explicar por qué desatendió la vigente. El artículo 426 de la Constitución obliga a todas las personas a cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Qué ganaríamos con repetir ese mandato en una nueva carta si, frente a la siguiente infracción, nadie responde? Cada excepción que se tolera enseña a quien sí respeta las reglas, que hacerlo lo deja en desventaja.
Entonces, la cultura constitucional se aprende del ejemplo que damos a diario. Una autoridad que ejecuta una sentencia adversa enseña qué significa la independencia judicial. Una mayoría que acepta un límite a sus atribuciones da razones a la minoría para confiar en las reglas comunes. Y cada uno de nosotros asume su parte cuando defiende, para quien piensa distinto, las mismas garantías que reclama para sí.
La Constitución ya alcanzó la mayoría de edad. La próxima vez que una autoridad reciba una decisión que la incomode, tendremos una ocasión más reveladora que este aniversario para saber cuánto ha madurado nuestra democracia.