La noche del 18 de noviembre de 2026, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió designar a 163 Jueces Temporales para unidades judiciales de todo el país. ¿La razón? Al revisar documentación individual previa a designación se encontraron algunos inconvenientes.
Por ejemplo, en algunas provincias no se obtuvieron postulantes que superen los mínimos. La resolución del tema se dio en dos jornadas de una sesión extraordinaria que se realizó la mañana y la noche del 18 de noviembre.
Lo que se resolvió en las dos partes de la reunión extraordinaria
En la primera parte de la reunión del Consejo de la Judicatura, las unidades técnicas presentaron un informe en el que se sugería la designación de 168 vacantes de Jueces Temporales. Sin embargo, hubo modificaciones al informe original luego de la constatación de la existencia de recursos; la Dirección Jurídica hizo ajustes al proyecto de resolución presentado y finalmente se designó a los 163 funcionarios temporales con el objetivo de dar continuidad al servicio de justicia.
¿Quiénes estarán en el registro de elegibles de Jueces Temporales?
Al registro de elegibles fueron quienes cumplieron con el puntaje mínimo requerido. Ellos estarán habilitados para cubrir las plazas pendientes o futuras necesidades del sistema judicial. En ese sentido, para completar las 59 vacantes que aún quedan, el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó tres lineamientos técnicos.
La prioridad será para quienes integran el registro de elegibles con las notas más altas dentro de la misma provincia y especialidad. Si existen vacantes de jueces multicompetentes, se podrá recurrir, de forma excepcional, a los elegibles de la especialidad no penal de esa misma localidad, siempre que sus perfiles sean compatibles. Finalmente, en caso de que aún persistan plazas disponibles en una provincia, se llamará a los elegibles de las jurisdicciones geográficamente más cercanas, respetando el orden de puntuación.
El Consejo anunció que trabaja en la distribución de los espacios físicos, la dotación de equipamiento tecnológico y la asignación de personal de apoyo jurisdiccional para garantizar el funcionamiento de los nuevos despachos. Durante la sesión, los vocales calificaron la designación como un hito histórico.
Los vocales del Consejo de la Judicatura destacan la designación
Fabián Fabara, por ejemplo, dijo que por primera vez se valida una carrera para designar a secretarios y ayudantes en calidad de Jueces Temporales. Indicó que se requieren 730 partidas para tener grupos óptimos para la atención de la justicia. En una emergencia declarada se consiguió el financiamiento para la integración de los nuevos jueces y garantizar el pago de sus emolumentos el próximo año. "Por primera vez el país tiene jueces temporales nacidos en su integridad de la carrera judicial y que han llevado años en la institución", dijo.
Por su parte, Damián Larco, destacó que el pleno tiene el deber de garantizar que el servicio de justicia no se interrumpa en ninguna parte del país y eso, con los 222 jueces temporales, se garantiza. Precisó además que lo temporal debe cumplir su propósito, con metas claras y seguimiento periódico para saber cuánto se ha avanzado y cómo se ha reducido la carga procesal.
Magaly Ruiz manifestó que es una medida institucional necesaria para garantizar la continuidad del servicio público. La designación temporal no resuelve la crisis, pero es una respuesta legítima y necesaria. Ella espera que los nuevos jueces asuman la responsabilidad porque la temporalidad exige probidad, transparencia y compromiso con los ciudadanos.
La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, insistió en que la designación es el resultado de un proceso institucional que responde a una necesidad emergente de la Función Judicial. Recordó que en agosto se autorizaron los ingresos correspondientes y a partir de ahí inició un trabajo técnico y administrativo que concluirá el 1 de diciembre con la posesión de los jueces, según el cronograma modificado.
Guayas y Pichincha tienen casi un tercio de las designaciones
Los nombres de los nuevos jueces ya se publicaron en la página del Consejo de la Judicatura. Los designados tienen puntajes de entre 98 y 84 puntos. Guayas y Pichincha obtuvieron la mayoría de designaciones con 36 y 27 jueces, respectivamente. Les siguen Manabí, Cotopaxi, Los Ríos y Chimborazo con entre 11 y ocho designaciones.
Guayas y Pichincha tienen casi un tercio de las designaciones
En las disposiciones generales de la resolución que designa a los jueces temporales se especificó que la persona que haya sido designada para ocupar el cargo de jueza temporal en un puesto en litigio, cuando el titular se reintegre, el servidor temporal retornará al registro de elegibles, conforme al orden de mejor puntuación correspondiente.
Si la persona designada no acepta el cargo o no se posesiona en el término establecido por una sola ocasión, continuará formando parte del registro de elegibles; se lo ubicará al final del mismo y se convocará al siguiente postulante según el orden de mejor puntuación.
El registro de elegibles estará vigente hasta que se cuente con bancos de elegibles producto de concursos públicos de méritos y oposición que lleve a cabo el Consejo de la Judicatura, considerando la planificación y disponibilidad presupuestaria. Las direcciones técnicas garantizarán la conservación, integridad, trazabilidad y disponibilidad de los expedientes y registros que respalden los resultados definitivos del proceso y las actuaciones administrativas derivadas de las decisiones adoptadas por el pleno del Consejo de la Judicatura.
Los jueces temporales deben renunciar a sus cargos anteriores
A partir de la notificación de la resolución, los jueces aceptarán la designación temporal y presentarán la renuncia a su cargo actual, en el término de 24 horas, con excepción de los servidores con nombramientos definitivos quienes deberán presentar su solicitud de licencia.
La Escuela de la Función Judicial, en el plazo de hasta 20 días, capacitará a los jueces temporales de Unidad Judicial, una vez que hayan sido legalmente posesionados en sus cargos, a través de un programa intensivo de refuerzo, nivelación y fortalecimiento de las competencias requeridas para el ejercicio de la función jurisdiccional.