sáb 10 oct 2026
El tribunal para los exvocales del Consejo de la Judicatura no se ha podido integrar. Los incidentes han impedido instalar el juicio cuando hubo tribunal
El 14 de septiembre de 2026, en la Corte Nacional, se produjo el décimo intento por instalar el juicio para los exvocales del Consejo. Foto: Corte Nacional de Justicia.
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Consejo de la Judicatura: tras cuatro años y luego de 10 convocatorias fallidas, aún no se ha podido instalar la audiencia de juzgamiento por presunto tráfico de influencias en el caso Vocales contra dos exvocales y un expresidente de la Corte de Justicia de Pichincha, quienes podrían enfrentar de tres a cinco años de cárcel.
Inició en julio de 2022 tras la filtración de una grabación de una reunión particular que se produjo el 2 de junio de 2022 en una oficina de un edificio cercano a la Corte Provincial de Pichincha, en el norte de Quito. En ese lugar coincidieron Juan José Morillo, quien por esos días era presidente encargado del Consejo de la Judicatura, la vocal Maribel Barreno y el juez provincial Vladimir Jhayya.
El tema de la reunión, según se evidenció en la grabación, fue la acción de protección presentada por Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, con la que buscaba evitar su destitución como titular del Legislativo.
Según lo expuesto por la Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio, en la reunión se analizaron los detalles de la apelación a la sentencia de acción de protección que Llori presentó ante la Corte de Pichincha. El caso fue sorteado al Tribunal Tercero de Sala de la Familia.
Uno de los jueces que conformaban el tribunal era Gustavo Osejo. Los exvocales Morillo y Barreno habrían citado al juez provincial Osejo a cargo de la apelación de la acción para que resuelva favorablemente el recurso y en el menor tiempo posible.
La Fiscalía atribuyó a Jhayya haber impartido las directrices de cómo llegar al lugar de la reunión, asegurando que era una oficina propiedad del vocal Morillo. Él incluso habría aportado con motivaciones para señalar en el fallo y en sintonía en la solicitud de los exvocales del Consejo.
Una jueza provincial (actualmente una de las candidatas del concurso para ser fiscal general) estuvo presente en la reunión y grabó el encuentro. Ella se convirtió en testigo protegida de la Fiscalía.
Podrían enfrentar una condena de entre tres y cinco años de cárcel, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Hasta la fecha, no se ha logrado integrar un tribunal que lleve adelante el juicio dictado en septiembre de 2023. Según el Sistema Satje de la Función Judicial, han existido 10 convocatorias para instalar la audiencia, pero los pedidos de suspensión, diferimiento y excusas de jueces y conjueces han imposibilitado su realización. Han sido los propios magistrados quienes se han excusado de integrar el tribunal.
Desde la designación del primer tribunal que conoció el caso han pasado al menos 12 jueces y conjueces. Licencias por vacaciones, competencias suspendidas o falta de un conjuez son algunas de las motivaciones que han hecho imposible la instalación del juicio.
Por cerca de un año y durante todo 2025 no hubo señalamiento de audiencia de juicio debido a que el tribunal asignado al caso no se pudo integrar por las excusas de sus integrantes, como Mercedes Caicedo, actual presidenta del Consejo de la Judicatura.
