mié 07 oct 2026
El Consejo de la Judicatura ofreció reestructurar y fortalecer la Unidad Anticorrupción. Pero, tras suprimir la dependencia se trasladó a los jueces
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, se reunió con varios jueces en el Complejo Judicial Norte. (Foto: Consejo de la Judicatura)
FOTO
El 7 de septiembre de 2026, el Consejo de la Judicatura suprimió la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, implementada en diciembre de 2022. Esta decisión levantó alarmas en la comunidad jurídica y entre los propios jueces, quienes una semana después fueron trasladados a otras unidades.
Diversos sectores han interpretado la medida como otro fracaso del órgano administrativo de la Función Judicial.
La eliminación de la dependencia judicial, que contó con respaldo económico de la Embajada de Estados Unidos, se suma a otras obligaciones del organismo que han quedado inconclusas, suspendidas o anuladas por el Consejo de la Judicatura.
Entre ellas se incluyen la evaluación de jueces, la convocatoria al concurso para elegir jueces de la Corte Nacional de Justicia o el intento por integrar el banco de elegibles.
El 1 de octubre de 2026 el Consejo de la Judicatura anunció un proceso 'extraordinario' de selección con el que busca a 222 jueces temporales para unidades judiciales del país. La convocatoria es interna y solo para funcionarios judiciales con nombramientos definitivos, provisionales o contratos ocasionales con mínimo cinco años en la Función Judicial.
Los perfiles son: juez de Unidad Multicompetente, juez de Unidad Penal y juez de Unidad No Penal.
La Judicatura aclaró que este proceso extraordinario no sustituye a los concursos de méritos, "sino que responde de forma inmediata a la declaración de emergencia en el sistema de justicia". La convocatoria para los jueces temporales incluye un titular para la Unidad especializada en delitos de corrupción de Iñaquito.
Los vocales del Consejo de la Judicatura intentaron justificar la supresión de la Unidad Anticorrupción, argumentando que se trataba de una reestructuración y fortalecimiento, no de una eliminación. Sin embargo, los jueces ya fueron trasladados a otras dependencias en Quitumbe, Carcelén o Tumbaco.
El ofrecimiento de mantenerlos en el segundo piso del Complejo Judicial Norte no se cumplió. A finales de 2022, este espacio fue habilitado -con ayuda de la Embajada de Estados Unidos- para garantizar la seguridad de los jueces especializados.
La noche del lunes 14 de septiembre de 2026 los jueces recibieron correos electrónicos notificando movimientos administrativos que regían desde las 17:00 del mismo día. La mayoría fueron trasladados a Quitumbe, un sector considerado peligroso por la alta presencia de grupos delincuenciales y reportes de tráfico de drogas, áreas que los propios jueces tuvieron que juzgar en su momento.
Otros fueron enviados a Carcelén y Calderón, zonas con complejidades similares a las reportadas por la Policía en Quitumbe. Una jueza fue reubicada en Tumbaco a la Unidad de Violencia contra la Mujer.
El vocal Fabián Fabara señaló que esa no fue una resolución del pleno, sino de áreas técnicas y administrativas. "No dijimos nosotros como parte de la resolución 187 que deban ser reubicados a tal o cual destino. Más bien la idea era nuclearlos en Iñaquito", resaltó.
Al menos tres jueces consideraron que sus cambios de judicatura obedecían a represalias. El traslado administrativo distaba mucho del ofrecimiento oficial efectuado por el Consejo de la Judicatura, que informó que la reestructuración “no elimina la capacidad especializada para conocer delitos de corrupción y crimen organizado. Por el contrario, permite ampliar y optimizar la respuesta judicial”.
Añadía que, frente al déficit de jueces y la carga procesal, se pasó de 19 a más de 50 jueces penales capacitados y habilitados para conocer las causas, fortaleciendo la cobertura y capacidad de respuesta, dijo públicamente la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo.
El Consejo ofreció que seguirán “trabajando con cooperación internacional y aliados estratégicos para garantizar una justicia oportuna, eficiente, independiente y transparente”, tras la preocupación de abogados nacionales y relatores internacionales.
Dos jueces que se consideraron perjudicados por la reestructuración de la Unidad golpearon las puertas de la Corte Constitucional con una acción por posible incumplimiento. Renán Andrade y Karol Zambrano solicitaron, como medidas cautelares, que se frene el traslado administrativo notificado por Talento Humano del Consejo de la Judicatura hacia dependencias como Quitumbe y Tumbaco.
La resolución de la Judicatura provocó suspensión de audiencias en casos como Encuentro, Goleada y otros debido a una supuesta falta de claridad en las funciones de los jueces.
Ante ese escenario la Judicatura hizo varias precisiones. Una de ellas ratificó que el conocimiento, sustanciación y resolución de las causas relacionadas con delitos de corrupción y crimen organizado "continuarán siendo asignadas únicamente" a los jueces Anticorrupción de lñaquito.
