jue 08 oct 2026
Los casos contra la supresión de la Unidad Anticorrupción aumentan en la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura insiste en defender la medida
Trámite. A la Corte Constitucional han llegado al menos 8 casos por supresión de unidades anticorrupción en general. (Foto: Corte Constitucional)
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Hasta el 8 de octubre de 2026 la Corte Constitucional (CC) recibió siete casos relacionados con la supresión de unidades anticorrupción. De ellos, siete tienen que ver con la desaparición de la Unidad de jueces Anticorrupción, que el Consejo de la Judicatura (CJ) ha sostenido que fue una reorganización.
El detalle de las causas figura en información remitida por la CC a Diario HOY y en una certificación emitida el 6 de octubre de 2026 por la Secretaría General de la Corte Constitucional.
En el documento del 6 de octubre se señala, con base en la información provista por el sistema automatizado de la Corte Constitucional, que la Secretaría General certifica que, “a la presente fecha, el caso 16-26-CN tiene identidad de objeto y acción con otras cinco causas presentadas por ese organismo”.
Otra causa se presentó el 8 de octubre y existe un proceso de 2024 por otra unidad suprimida.
Esos ocho casos fueron sorteados a seis jueces constitucionales. Los casos están en los despachos de Karla Andrade, Claudia Salgado, Sandra Cordero, Alejandra Cárdenas, Luis Terán y Richard Ortiz.
Entre ellos hay tres consultas que podrían paralizar el trámite de casos por posible lavado de activos y medidas cautelares por inmovilización de recursos en contra de 41 procesados. El juez que envía la consulta es Renán Andrade quien suspendió la tramitación de dos causas que conocía antes de la supresión de la Unidad Anticorrupción y de su traslado a una unidad judicial del norte de Quito.
El vocal Fabián Fabara respondió que adoptaron una resolución con base en la declaratoria de emergencia que tiene el Consejo de la Judicatura “que nos permite en casos excepcionales -y este lo era-, modificar, crear, suprimir o fusionar la competencia en razón de la materia, de juzgados o tribunales”.
Fabara insistió en que la jurisdicción especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado no ha desaparecido, se mantiene y ahora cuenta con 50 jueces de primera instancia (antes cuatro), en tribunales de juicio ahora 24 (antes nueve), y en sala de Corte antes seis, ahora 18. Situación que, para el vocal, mejora el acceso a la justicia penal ordinaria y la especializada.
Añadió que los jueces de Iñaquito y la Corte reasumen la competencia, porque hasta diciembre de 2022 todos conocían las dos subespecialidades. “Nunca hubo problema, ni enjuiciados o destituidos por incurrir en actos de corrupción”, enfatizó.
En el último periodo, cuatro de 21 jueces especializados fueron destituidos por actos ilegales, entre ellos Cristian Quito, Gabriela Lara y María Fernanda Castro, recordó Fabara.
Defendió que los 50 jueces tienen estudios de posgrado en materia penal y muchos dos posgrados obtenidos por cuenta propia, otros con beca para maestría de Criminalidad Compleja.
Resaltó que la formación específica penal no les falta a los jueces que no son Anticorrupción. Además, anunció que este mes dos grupos de 25 jueces y fiscales han recibido y recibirán capacitación específica en delitos transnacionales y de crimen organizado. La Escuela Judicial y el CJ preparan varios convenios con universidades del país para actualizar conocimientos de los jueces.
Puntualizó que: “las causas reasignadas están en curso. La seguridad personal de los operadores está coordinada con el Ministerio del Interior, tienen teletrabajo aprobado para los que deseen ante algún caso complejo”. Finalmente, dice que han dotado de tres escáner de gran capacidad para la unidad, tribunales y sala de Corte, respectivamente, para digitalizar todo el expediente y facilitar su trabajo.
La consulta formulada por el juez Andrade tiene que ver con la Resolución 187-2026, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 7 de septiembre de 2026, que dispone que: “Las causas que se encuentran con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de anuncio de decisión, resolución y sentencia, continuarán a cargo, hasta su conclusión, de los mismos jueces que conocieron en las dependencias judiciales suprimidas con la presente resolución”.
Y la consulta es por la expresión “continuarán a cargo, hasta su conclusión, de los mismos jueces”, cuando esos jueces han dejado de integrar el órgano especializado suprimido, han sido adscritos a una unidad judicial diferente y su nueva dependencia posee una competencia territorial ordinaria distinta de la competencia nacional que justificó la radicación original del proceso.
Tras la presentación de su acción de incumplimiento en la Corte Constitucional, las represalias no se habrían hecho esperar. En su contra, dos abogados presentaron una acción de declaratoria jurisdiccional previa que se tramita en la Corte de Pichincha.
