mar 06 oct 2026
El fiscal Carlos Alarcón se abstuvo de acusar al exministro Antonio Goncalves y se inhibió de seguir con el caso Apagón, que dejó de tener fuero de Corte Nacional, y fue enviado para sorteo.
Audiencias. Durante la instrucción fiscal del caso Apagón todas las audiencias se cumplieron en la Corte Nacional de Justicia. (Foto: CNJ)
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Con el dictamen abstentivo y el sobreseimiento dictado en favor del exministro de Energía Antonio Goncalves, el Caso Apagón -o Progen-, que tenía fuero, salió de la Corte Nacional de Justicia y espera su sorteo a un juez de la Unidad de Garantías Penales y Especializados en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de Pichincha.
La exclusión de Goncalves la nómina de procesados por presunto peculado se redujo a 30 sospechosos de presunto peculado para quienes la Fiscalía presentó un dictamen acusatorio. Para ellos el fiscal Carlos Alarcón había solicitado una fecha de audiencia preparatoria de juicio que deberá ser resuelta por el nuevo juez del caso.
Leonardo Stagg fue uno de los abogados del exministro de Energía, Antonio Goncalves. La resolución de dejar fuera del caso a su defendido cree que fue una decisión tomada conforme a derecho y a los elementos contenidos en la investigación.
"Desde el primer día sostuvimos que Antonio Gonçalves, como ministro de Energía, no tenía competencia ni responsabilidad sobre la contratación, administración, ejecución o pago de los contratos de Progen en Celec EP". Para Stagg, se hizo justicia y añadió que lo importante es que el exministro puede recuperar su tranquilidad y su buen nombre.
La Fiscalía investigó a 31 personas en el caso Apagón por un presunto delito de peculado. El mismo se habría cometido en la firma de contratos emergentes para las centrales Salitral en Guayas y Quevedo III en Los Ríos. El objetivo era producir energía eléctrica durante el déficit eléctrico ocurrido en Ecuador en 2024.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), estuvo a cargo de la suscripción de los documentos en agosto de 2024. La empresa escogida fue la estadounidense Progen Industries LLC. El monto total fue de 149,1 millones de dólares.
Lo que se buscaba con la contratación de Progen era la colocación de un bloque que iba a generar energía termoeléctrica de emergencia que, repartido entre Salitral y Quevedo III, generaría 150 megavatios (MW). Salitral tenía un costo de 99,4 millones de dólares y Quevedo III costaría 49,7 millones de dólares.
Según la investigación, se habrían evadido y omitido procedimientos de contratación pública para favorecer a la empresa Progen Industries LLC con la adjudicación de contratos para adquirir generadores electrógenos para las dos centrales, aunque no cumplían con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones establecidas en el contrato.
La Fiscalía afirma que los contratos de emergencia de Salitral y Quevedo fueron suscritos por funcionarios que se habrían aprovechado del déficit energético que atravesaba el Ecuador y habrían abusado, se habrían apropiado, distraído, dispuesto arbitrariamente, evadido y omitido procedimientos de contratación pública en las fases precontractual, contractual y de ejecución.
¿La finalidad? Favorecer a un contratista que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual.
Que las comisiones técnicas habrían sugerido adjudicar contratos a pesar que las ofertas no cumplían con todas las especificaciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en las descripciones técnicas.
Dice la Fiscalía que, a pesar de las anomalías y deficiencias detectadas en el proceso, Progen fue adjudicada con los contratos y habría recibido el 70% del valor total como anticipo. Eso habría representado 104,3 millones de dólares, cifra del posible perjuicio para el Estado.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los elementos recogidos en la investigación determinaron que los generadores eléctricos entregados por Progen no eran nuevos, como fue el ofrecimiento y eran técnicamente incompatibles, tenían fallas operativas y no cumplieron la misión de contribuir con energía al Sistema Interconectado en los tiempos establecidos.
Se espera la fecha para la audiencia preparatoria de juicio. El 26 de septiembre de 2026 el fiscal Carlos Alarcón dispuso el cierre de la instrucción fiscal y pidió se señale fecha para la diligencia. La instrucción fiscal inició en mayo de 2026 contra 21 personas duró 90 días y es extendió por otros 30 días por la vinculación de 10 personas más.
El fiscal general presentó un dictamen mixto. Acusó a 30 personas del posible delito de peculado y se abstuvo de presentar acusación para el exministro Antonio Goncalves
El fiscal se inhibió porque quedó fuera el exministro, con lo que el caso dejó de tener fuero de Corte Nacional. Estaba fijado el testimonio anticipado de Celso Sánchez para el 8 de octubre de 2026. Él fue quien viajó a revisar los generadores de Progen.
