viernes 20 de noviembre de 2026
Juzgamiento

Caso Vocales: Concluye en la Corte Nacional de Justicia el juicio por presunto tráfico de influencias

El Caso Vocales llegó a su fin. El fiscal Carlos Alarcón pidió seis años y ocho meses para los coautores. El tribunal inicia la deliberación de la sentencia

En pocas palabras

  • Caso Vocales: El juicio por presunto tráfico de influencias concluye en la Corte Nacional de Justicia.
  • Petición fiscal: Se solicitaron seis años y ocho meses de cárcel para los coautores y 13 meses para un cómplice.
  • Defensa: Los abogados argumentaron la falta de pruebas y contradicciones en el testimonio de la jueza que grabó la reunión.
Resumen generado por Thinkindot AI

El juicio por presunto tráfico de influencias en el Caso Vocales concluyó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La diligencia se realizó en el octavo piso de la Corte. El tribunal estuvo conformado por Rodrigo Sarango, Diego Gordillo y Katty Muñoz.

El tribunal que juzgó a Juan José Morillo y a Maribel Barreno, exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y del exjuez Vladimir Jahyya, escuchó este martes 10 de noviembre de 2026 a la Judicatura y los alegatos de cierre de los defensores.

El fiscal solicitó la pena máxima contemplada para este delito

El lunes 9 de noviembre de 2026 fue el turno del fiscal Carlos Alarcón y de la Procuraduría de cerrar su exposición. El fiscal solicitó a los jueces que impongan a los exvocales la pena máxima contemplada para ese delito y aumentada en un tercio. Eso equivale a seis años y ocho meses (60 meses de cárcel) como presuntos coautores del delito. En tanto que, para el exjuez Jhayya, como posible cómplice, el fiscal pidió una condena de 13 meses de cárcel.

¿Qué es el Caso Vocales?

La Fiscalía inició la investigación en junio de 2022 luego de la filtración de un audio grabado por la jueza Maritza Romero en donde se oye la intervención del exvocal Juan José Morillo. La Fiscalía presume que el objetivo del encuentro fue para presionar a jueces de la Corte de Pichincha (entre ellos Gustavo Osejo) y obtener un fallo en favor de una acción de protección planteada por Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, para que ella conserve su cargo.

En su intervención, la delegada del Consejo de la Judicatura indicó que ese organismo no presentó la acusación particular en el caso porque quienes se encontraban al frente ahora son procesados. Dijo que se probó en el juicio la existencia de la reunión. Habló de las pruebas que presentó la Fiscalía y que llevarían a establecer la responsabilidad de los investigados. Pidió que se dicte sentencia condenatoria porque los procesados habrían adecuado su conducta en el delito de tráfico de influencias.

Finalmente pidió la revisión y revocatoria de las medidas de protección dictadas en su momento en favor de la jueza Maritza Romero. Dijo que en el momento en el que se dictaron eran necesarias, pero al momento han cambiado las circunstancias y ya no hay situación de riesgo. Pidió que se valore la situación actual ya que el Consejo de la Judicatura debe seguir ejecutando sus competencias como sus facultades administrativas y disciplinarias.

Hernán Ulloa solicitó que se ratifique la inocencia de su cliente

Ulloa reiteró que no existen pruebas de quién convocó la reunión y que el único pedido que se hizo ahí es que revisen, analicen y resuelvan en el menor tiempo posible la apelación de la acción de protección presentada por Llori. Indicó que en la grabación la jueza protegida de la Fiscalía (quien grabó la reunión) se presentó como una jueza sin miedo y que no sabe de política. Sin embargo, citó varias de sus frases: “A mí me preocupa más la Asamblea, necesitamos 92”. La que no sabía de política estaba contando votos, manifestó Ulloa.

Los argumentos del abogado de Juan José Morillo

Ulloa reiteró que no existen pruebas de quién convocó la reunión y que el único pedido que se hizo ahí es que revisen, analicen y resuelvan en el menor tiempo posible la apelación de la acción de protección presentada por Llori. Indicó que en la grabación la jueza protegida de la Fiscalía (quien grabó la reunión) se presentó como una jueza sin miedo y que no sabe de política. Sin embargo, citó varias de sus frases: “A mí me preocupa más la Asamblea, necesitamos 92”. La que no sabía de política estaba contando votos, manifestó Ulloa.

Juan Carlos Salazar, defensor de Maribel Barreno insistió que se trataba de una patraña forjada y que busca acabar con el proyecto de vida de una ciudadana. Insistió que quien convocó a la reunión es Romero. Salazar espera que se ratifique la inocencia de su defendida.

Paúl Ocaña, abogado de Jahyya, les dijo a los jueces que su defendido no organizó la reunión y que se han desvirtuado las pruebas de la Fiscalía. Dijo que no basta decir que estuvo presente en la reunión sino probar cómo la conducta de Jahyya contribuye con el delito. Pidió que se ratifique la inocencia de su defendido.

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