mié 07 oct 2026
El juez Sebastián Cornejo ratificó la validez del caso por delincuencia organizada en la ANT y rechazó la nulidad planteada por las defensas y la Fiscalía.
Imagen del edificio matriz de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en el norte de Quito, julio de 2026.
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Andrés Salazar / Diario HOY
El juzgamiento por presunta delincuencia organizada contra una red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mantendrá su curso. El juez de Corrupción y Crimen Organizado, Sebastián Cornejo, declaró la validez procesal de la causa penal y rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa de los 16 procesados, acusación particular y la propia Fiscalía General del Estado.
La decisión judicial desbarató los intentos de la defensa por echar abajo la causa sustentándose en supuestos vicios de procedimiento e indefensión.
En el acta resumen de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez Cornejo estableció que la nulidad es una medida excepcional de última ratio que solo procede cuando existe una afectación real, concreta y trascendente al derecho a la defensa, principio que, según el juez, no se verificó en ninguna de las alegaciones examinadas.
Entre los reclamos desestimados figuraba la incorporación de documentos tras el cierre de la instrucción fiscal, ocurrido a las 23:59 del 5 de junio de 2026.
El magistrado aclaró que las solicitudes de diligencias presentadas de forma oportuna antes del vencimiento del plazo legal conservan su validez, aunque su contestación, agregación o despacho administrativo se haya producido en días posteriores.
Por ello, determinó un margen de convalidación administrativa del 6 al 8 de junio de 2026 para organizar el expediente, sin que esto signifique una prórroga de la etapa investigativa.
Tampoco prosperó el argumento basado en el cambio del fiscal del caso. La defensa del exdirector de la ANT, Pedro A., pretendía invalidar toda la investigación previa a raíz del Memorando FGE-CGAJ-2026-00485-M, que dispuso la separación del fiscal Richard Alvarado por un eventual conflicto de intereses y reasignó el expediente al fiscal Washington Burbano Campos.
El juez precisó que dicha medida fue un acto de reorganización administrativa interna de la Fiscalía para garantizar la objetividad hacia el futuro, el cual no posee efectos retroactivos ni anula las evidencias obtenidas previamente con autorización judicial.
Respecto a las quejas por falta de notificación a procesados como Gonzalo F., el tribunal comprobó que la Fiscalía desplegó una búsqueda exhaustiva y plural a través de llamadas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y visitas al domicilio verificado.
El juez recordó además que la Sala Especializada de Apelaciones de la Corte Nacional ya analizó la situación y ratificó su orden de prisión preventiva sin hallar vicio alguno de nulidad.
El caso Jaque se hizo público el 30 de enero de 2026 tras una serie de allanamientos simultáneos que desarticularon una red de cobros ilegales en la ANT.
Sin embargo, la investigación previa se originó el 2 de julio de 2025 a partir de una denuncia anónima a la línea 1800 Delitos, en la que se alertó sobre la venta de turnos, emisión de licencias de conducir y matriculación vehicular al margen del sistema regular en la agencia de Cayambe.
Las indagaciones revelaron que la red cobraba entre 150 y 250 dólares por trámite, operando a través de interceptaciones telefónicas donde se identificaron apodos como "Charly", "Kike", "Alejo", "Dama" y alias "Pedrito", este último atribuido por los investigadores al entonces director ejecutivo de la ANT, Pedro Abril.
Durante los allanamientos de enero en su vivienda en Tumbaco, las autoridades hallaron 19.780 dólares en efectivo en billetes de 100 y 20 dólares, un arma de fuego y 29 cartuchos.
Informes de la Contraloría y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) evidenciaron que el patrimonio de Abril se duplicó entre 2020 y 2025, pasando de 171.764 a 321.639 dólares.
El número de implicados en la causa ascendió a 16 procesados en mayo de 2026, de los cuales 14 se encuentran con prisión preventiva. La nómina abarca a exdirectivos de alta jerarquía y jefes de agencias como Quitumbe, Tumbaco, Cayambe, Plataforma Norte y Plataforma Sur, además de la exdirectora provincial de Pichincha.
Reportes de la UAFE expusieron inconsistencias financieras en funcionarios como Dany Z., exjefe de atención al usuario en Cayambe, cuyos egresos superaron en más de 19.000 dólares a sus sueldos registrados, además de hallarse en su domicilio 273 documentos públicos y 20 licencias de conducir.
La Agencia Nacional de Tránsito actúa dentro del juicio como acusadora particular y fue declarada víctima por el juez Cornejo.
Esta entidad del Estado ha tenido varios golpes en los últimos meses debido a problemas con el sistema para matriculaciones y con el agendamiento de turnos para renovación de licencias.
La institución pide una reparación económica e indemnización por el menoscabo patrimonial sufrido, argumentando que la red no solo afectó la reputación institucional, sino que utilizó de forma ilícita infraestructura tecnológica, plásticos para licencias, cintas de impresión y horas de trabajo de personal cooptado mediante presiones administrativas.
Diario HOY solicitó una entrevista con el fiscal a cargo del caso y con uno de los abogados de la ANT, y está a la espera de una respuesta.
Con la validez del proceso ratificada por la justicia, la causa avanzará hacia la fase de juzgamiento.
