mié 07 oct 2026
Entre los procesados en el caso Blindado está el alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís. La investigación inició por un reporte de la UAFE
Diligencia. En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de apelación de medidas en el caso Blindado. (Foto: CNJ)
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En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló la audiencia de apelación de las medidas cautelares dictadas en contra del alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís y otras siete personas procesadas por presunto lavado de activos en el Caso Blindado.
La diligencia fue convocada por el tribunal integrado por Felipe Córdova (ponente), Olavo Hernández y Rodrigo Sarango. El juez Felipe Córdova concedió entre 10 y 15 minutos a los defensores de los procesados.
Jorge Luis Ortega inició con la defensa de Kleber Salcedo señalando que la decisión de la jueza de dictar la prisión preventiva no se encuentra motivada. Recordó los elementos presentados por la Fiscalía General en contra de su cliente y los suficientes arraigos presentados para conseguir medidas alternativas. La defensa de Jorge Pinos desistió de la apelación presentada por su cliente. Pidió que se actúe con objetividad en el proceso.
William Mieles en representación de Diego Montaño argumentó que la prisión dictada contra su cliente carece de motivación. No existió indicios suficientes y se vulneraron derechos. Pidió que se revoquen la prisión y se dicten medidas alternativas.
Gustavo García, defensor del alcalde Vicko Villacís también alegó falta de motivación en la prisión dictada en contra de su cliente. Afirmó que no se individualizaron elementos que motivaran la prisión preventiva. Pidió se revoque la prisión y se dicten medidas como prohibición de salida del país, presentación periódica, dispositivo electrónico o arresto domiciliario. El abogado La audiencia continúa en la Corte Nacional de Justicia tras un receso dispuesto por el juez con la exposición de los argumentos de los demás abogados y de la Fiscalía.
El caso Blindado es una investigación que impulsa la Fiscalía. Inició con una investigación previa cargo de la Fiscalía de Fuero Provincial de Pichincha. Inició en noviembre de 2025, con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
A partir de este reporte, según la Fiscalía, los elementos reunidos evidenciarían la existencia de una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención sistemática y el aprovechamiento indebido de fondos estatales.
La Fiscalía presume que el monto del presunto delito de lavado de activos sería de 7’ 543. 716 dólares. Afirma que ese monto habría terminado "en el círculo cercano del alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís, en empresas vinculadas, en cuentas en el exterior y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles".
La Fiscalía procesó al alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís a quien la Fiscalía señala como la figura central de la presunta estructura, jueces de la Corte de Esmeraldas, un juez multicompetente, un empleado privado, personas jurídicas.
