vie 09 oct 2026
En septiembre el juez del Caso Goleada se inhibió de seguir con el trámite tras el cierre de la Unidad Anticorrupción. El 19 será la apelación de la prisión
Encierro. El alcalde Aquiles Álvarez está recluido en la Cárcel de El Encuentro. (Foto referencial)
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Gobierno Nacional
El trámite del Caso Goleada se reactiva. El juez Sebastián Cornejo recuperó la competencia en el proceso que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a su entorno familiar y a otros procesados por presunto lavado de activos.
¿Por qué el juez Sebastián Cornejo dejó de conocer el Caso Goleada?
La Fiscalía indagó la presunta venta irregular de combustible subsidiado que involucra a 17 personas naturales y nueve jurídicas. Tras la supresión de la Unidad Anticorrupción, resuelta por el Consejo de la Judicatura el 7 de septiembre, el juez Cornejo se apartó del conocimiento de la causa y el caso fue resorteado a la jueza Ana Lucía Cevallos.
Ella también se inhibió de conocer la causa y devolvió al juez de origen (Cornejo), quien generó el conflicto negativo de competencia. El conflicto fue a una sala de la Corte de Pichincha que el 8 de octubre consideró que la inhibición de Cornejo, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado con sede en Iñaquito, es equivocada. Dispuso que continúe conociendo la causa hasta la conclusión y resolución de la audiencia preparatoria de juicio que ya había sido instalada y fue suspendida.
Mientras tanto, el tribunal de la sala Penal de la Corte de Pichincha, integrado por Paúl Pérez Reina, Patricio Vaca Nieto y Wilson Lema Lema (ponente), convocó para el próximo lunes 19 de octubre de 2026, a las 09h30, la audiencia de apelación presentado por Raúl Chávez, Fernando Viteri, Andrés Viteri, Aquiles Álvarez, Xavier Álvarez, Antonio Álvarez, Fernando Peñaherrera y César Bravo, contra la prisión dictada en su contra.
La diligencia en el Caso Goleada será por Zoom. El enlace se habilitará 30 minutos antes de la hora señalada. El tribunal dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) debe prestar las facilidades para garantizar su comparecencia por vía telemática.
La Fiscalía investigó un supuesto entramado empresarial que presuntamente se creó para vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional sin levantar alertas en las instituciones de control.
La Fiscalía cree que el alcalde Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier habrían construido una estructura empresarial destinada a viabilizar su giro de negocio por medio de la venta de combustible para generar ganancias a partir de acciones reñidas con la Ley.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, el grupo habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, mismo que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional.
Pero, habría sido desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos, creado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos.
La Fiscalía asegura que el efecto lesivo para el Estado radicaba en el desfalco reflejado en la venta del diésel subsidiado para que los procesados lo revendan a precio del mercado internacional (sin subsidio).
Inicialmente la Fiscalía investigaba un presunto delito de delincuencia organizada. Pero, en mayo de 2026 se reformularon los cargos a lavado de activos. En julio de 2026 Aquiles Álvarez y sus hermanos recibieron prisión preventiva. El alcalde al momento se encuentra en la cárcel de El Encuentro.
El caso ha sufrido incidentes y paralizaciones y corre el riesgo de volver a paralizarse debido a que algunos de los investigados inscribieron sus nombres como candidatos en los comicios seccionales y podrían recibir inmunidad hasta que se proclamen los resultados electorales.
