mar 06 oct 2026
El Ministerio de Salud ofreció disculpas a Yolanda por violencia obstétrica para acatar un fallo judicial. Esta es la historia.
La violencia obstétrica vulnera los derechos de las mujeres durante la atención médica y afecta su autonomía y consentimiento informado.
FOTO
Elaboración propia con asistencia de ChatGPT.
El Ministerio de Salud Pública ofreció disculpas públicas a Yolanda el 6 de octubre de 2026, más de un año después de que la Corte Constitucional determinara que el Hospital General Universitario de Guayaquil vulneró sus derechos y que los hechos ocurridos durante su parto constituyeron violencia obstétrica.
La decisión de la Corte fue aprobada el 22 de mayo de 2025, en la sentencia 96-21-JP/25, tras revisar una acción de protección presentada por Yolanda, una adolescente venezolana en situación de movilidad humana. El caso se originó por hechos ocurridos durante la atención de su parto en julio de 2020.
Yolanda tenía 17 años cuando acudió al Hospital General Universitario de Guayaquil para dar a luz. Durante la atención médica fue sometida a una ligadura tubárica, un procedimiento permanente, sin que la Corte considerara válido el consentimiento obtenido.
La Corte determinó que el consentimiento fue viciado y coercitivo, pues los médicos presionaron a Yolanda en pleno quirófano y anestesiada advirtiéndole que moriría en un futuro embarazo. Además, el hospital cometió violencia obstétrica al ignorar métodos alternativos e intentar respaldar la esterilización con la firma de su suegra para descargarse de responsabilidad.
Tras el alta médica, Yolanda permaneció retenida e incomunicada durante seis días, sufriendo una severa violencia psicológica e institucional. Durante su encierro, el personal sanitario la amenazó reiteradamente con que el Estado le quitaría a su hija recién nacida argumentando que, por ser adolescente y extranjera, "no estaba apta" para cuidarla.
En 2020, los jueces de primera y segunda instancia habían rechazado la acción de protección. La Corte Constitucional dejó sin efecto esas decisiones y aceptó la acción presentada a favor de Yolanda, al establecer vulneraciones a sus derechos a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, a la integridad y a la igualdad y no discriminación.
La Corte estableció que las actuaciones del hospital constituyeron múltiples expresiones de violencia obstétrica y amplió la jurisprudencia sobre esta forma de violencia de género en contra de las mujeres, con un enfoque de protección reforzada para adolescentes en situación de movilidad humana.
La sentencia también determinó que una institución de salud no debe proponer ni realizar procedimientos reproductivos definitivos cuando la paciente no ha expresado previamente una voluntad clara y libre. El consentimiento informado debe garantizar que la paciente comprenda la intervención y pueda decidir sin coerción.
Como reparación, la Corte ordenó al Hospital General Universitario de Guayaquil pagar 15.000 dólares a Yolanda y ofrecer disculpas públicas en un plazo máximo de dos meses. También dispuso investigaciones administrativas contra el personal sanitario involucrado.
La sentencia estableció obligaciones diferentes para el MSP. El Ministerio tenía un plazo máximo de seis meses para revisar y adecuar los instrumentos normativos sobre salud sexual y reproductiva, capacitar al personal sobre prevención de violencia obstétrica y difundir la decisión.
Por eso, las disculpas que el MSP ofrece el 6 de octubre de 2026 deben diferenciarse de la medida que la Corte ordenó directamente al hospital. El fallo dispuso las disculpas públicas al Hospital, mientras que al Ministerio le asignó medidas institucionales de prevención y capacitación.
La Corte también remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos que podrían configurar un delito. La sentencia señala que, durante la audiencia constitucional, la parte accionante informó que la investigación previa no había avanzado.
Con la publicación del 6 de octubre de 2026, el MSP reconoce públicamente las vulneraciones sufridas por Yolanda. El pronunciamiento llega 1 año, 4 meses y 14 días después de la aprobación de la sentencia que estableció las vulneraciones de sus derechos.
