jue 08 oct 2026
Aturdimiento por sustancias, violencia social y fallas en la recepción de denuncias afrontan de las familias de desaparecidos en Ecuador.
El dolor de la incertidumbre se renueva cada día para cientos de familias ecuatorianas que buscan a sus seres queridos sin obtener respuestas inmediatas del Estado. Detrás de los desaparecidos existen historias de dolor que permanecen abiertas a espera de una llamada, una pista o un hallazgo.
El hallazgo sin vida de Joselyn Oña, una joven madre de 26 años cuyo cuerpo fue localizado en el río Chiche, al nororiente de Quito, tras cinco meses de búsqueda, volvió a poner en evidencia la angustia que rodea a estos casos. Su familia, al menos, pudo darle su despedida, otras siguen a la espera de una noticia.
A escala nacional existe una tendencia al alza en el número de denuncias por desaparición. Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026, el Ministerio del Interior contabilizó 5.216 personas reportadas como desaparecidas.
La cifra confirma un incremento progresivo frente a los 5.063 casos reportados en el mismo período de 2025 y los 4.865 eventos registrados entre enero y septiembre de 2024. De acuerdo con las cifras oficiales, el 55% de las víctimas a escala nacional corresponde a mujeres, concentrándose la mayoría en adolescentes.
En el Distrito Metropolitano de Quito, las denuncias suman 1.063 casos de desaparición en los primeros ocho meses de 2026. Aunque la cifra muestra una leve reducción frente a los 1.092 casos de 2025 y los 1.130 eventos de 2024, la capital concentra cerca del 20% del total nacional. La distribución territorial muestra que las zonas con mayor actividad comercial, financiera y residencial son las más vulnerables ante este problema social y de seguridad.
La distribución territorial muestra que las zonas con mayor actividad comercial, financiera y residencial son las más vulnerables ante este problema social y de seguridad.
El mapa de los casos en Quito sitúa al distrito Eugenio Espejo a la cabeza, al registrar 208 denuncias entre enero y septiembre de 2026. Le siguen el distrito Quitumbe, en el sur, con 196 casos, Eloy Alfaro, también en el sur, con 189, La Delicia, en el norte, con 154, Manuela Sáenz, en el centro histórico, con 92, Calderón, al norte, con 91, Tumbaco, nororiente, con 70, Los Chillos, suroriente, con 60 y Nanegal, al noroccidente, con 3 eventos. La alta concentración en Eugenio Espejo, según la Policía Nacional, responde al flujo diario de transeúntes en centros comerciales, sectores bancarios y zonas de entretenimiento nocturno.
Una de las modalidades de mayor preocupación en Quito es el aturdimiento con escopolamina, empleada por bandas delictivas para cometer robos. Entre enero y julio de 2026, el Ministerio del Interior registró 60 desapariciones involuntarias vinculadas al uso de estas sustancias en Ecuador, de las cuales 29 ocurrieron en la capital.
El perfil de las víctimas en Quito muestra que el 96,5% corresponde a hombres, con un promedio de edad de 28 años. El distrito Eugenio Espejo concentra 11 de estos eventos, ocurridos principalmente los días miércoles, viernes y sábados en zonas de restaurantes y bares.
Entre los últimos casos están el de Héctor Vinicio Rojas, exfuncionario de la Aviación Civil fue hallado sin vida en una quebrada de San Juan, o el de Christian Santiago Beltrán en Quitumbe. La Policía Nacional informó que el 58,6% de las denuncias por escopolamina se presenta entre 24 y 48 horas después del hecho, lo que dificulta la detección en análisis médicos.
La Coordinadora de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec), Lidia Rueda, dijo que la atención inicial a las familias carece de empatía y respeto a los derechos humanos. Rueda explicó que existe un subregistro debido a que muchas Unidades de Policía Comunitaria (UPC) no cuentan con equipos informáticos para recibir las denuncias, obligando a los ciudadanos a trasladarse a dependencias centrales.
Además, enfatizó que cuando una persona es hallada sin vida, la investigación inicial se diluye y se reclasifica únicamente bajo el delito final, visibilizando solo el último hecho, es decir, un número menos en la cifra de desaparecidos.
Desde la perspectiva de la seguridad, la experta Alexandra Zumárraga dijo que las desapariciones no se limitan a las acciones de los Grupos de Delincuencia Organizada o redes delictivas.
Zumárraga explicó que el fenómeno responde también a un proceso de deterioro social en el entorno cercano de las víctimas, donde conocidos o familiares resultan involucrados en hechos violentos.
La especialista destacó que la autoprotección, la alerta constante sobre el entorno social y la difusión responsable en redes sociales de las actividades que no comprometan la seguridad de cada persona constituyen herramientas clave para prevenir vulneraciones.
La acumulación de causas sin resolver mantiene a miles de familias en pie de lucha, exigiendo celeridad en los peritajes forenses y asignación de fiscales especializados. Asfadec contabiliza más de 4.000 casos acumulados sin respuesta desde 2012.
