mar 13 oct 2026
El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe que recomienda el juicio político contra el consejero del CPCCS, David Rosero.
Fotografía del consejero del Cpccs, David Rosero, el 11 de diciembre de 2025.
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X David Rosero
El Pleno de la Asamblea Nacional resolverá el juicio político contra el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), David Rosero. La sesión fue convocada para el martes 13 de octubre de 2026, a partir de las 10:30.
El trámite del juicio político consta como segundo punto del orden del día. Para lograr la censura y destitución de Rosero se necesita mayoría absoluta, es decir, 77 votos a favor.
Rosero es acusado de presunto incumplimiento de funciones en el contexto del concurso para elegir al Fiscal General del Estado. Se lo señala por supuestamente haberse reunido con una de las postulantes, Inés Maritza Romero, fuera de las instalaciones del Cpccs.
El caso enfrenta dos versiones. La Comisión de Fiscalización considera que existen elementos para cuestionar la actuación del consejero por una presunta falta de transparencia y un posible conflicto de intereses. Aunque Rosero niega esas acusaciones.
El asambleísta Sergio Peña, quien fue elegido como representante del correísmo, pero luego se distanció de ese bloque y se convirtió en aliado de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó la solicitud de juicio político contra Rosero.
El expediente se centra en la supuesta reunión que habría ocurrido el 5 de junio de 2026. Rosero lo niega y asegura que ese día estaba en Guayaquil. Además, sostiene que existen registros de GPS y el testimonio de su chofer como respaldo de su versión.
Inés Romero es jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Quedó fuera del concurso para elegir al Fiscal General del Estado luego de que la Comisión Ciudadana de Selección aceptara tres de las nueve impugnaciones presentadas en su contra.
Según el análisis de la Comisión de Fiscalización, el encuentro no habría sido transparentado mientras Rosero participaba en decisiones del Pleno del CPCCS relacionadas con el concurso. Entre ellas constan actuaciones sobre el reglamento, la designación de delegados al equipo técnico y distintas fases del proceso de selección.
La comisión considera que estos hechos podrían contravenir el artículo 45, numeral 2, de la Ley Orgánica del CPCCS, que prohíbe a sus consejeros actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones, como el concurso para designar al Fiscal General.
El informe de Fiscalización fue aprobado el 5 de octubre de 2026 con seis votos. Los cuatro representantes de la Revolución Ciudadana se abstuvieron. Con esa decisión, la comisión recomendó que el caso avance al Pleno legislativo.
El consejero ha rechazado la acusación y cuestionado las pruebas presentadas en su contra. En sus declaraciones públicas, sostuvo que las fotografías atribuidas al supuesto encuentro no cuentan con metadatos verificables, trazabilidad ni una cadena de custodia que permitan establecer su origen y contexto.
También negó haberse reunido con la jueza Romero y aseguró que el juicio político constituye una represalia por sus cuestionamientos al concurso para elegir al Fiscal General del Estado.
De acuerdo con el informe de Fiscalización, comisión presidida por el oficialista Ferdinan Álvarez, Rosero dijo que las pruebas presentadas en la solicitud de juicio político fueron obtenidas de forma ineficaz, ilícita e ilegal.
Por su parte, la jueza Romero también ha negado dicha reunión. Incluso aseguró que presentó una denuncia notariada por presunta suplantación de identidad ante la Fiscalía General del Estado.
Rosero, en una entrevista con Ecuavisa del lunes 12 de octubre de 2026, señaló una supuesta interferencia del Gobierno en medio del trámite de su juicio político.
El consejero comparó su caso con el de la entonces ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, que fue archivado el 31 de julio de 2026 por una cuestión relacionada con la valoración de pruebas. Para Rosero hay un trato diferente en su caso y en la revisión de los elementos presentados.
Rosero acusó directamente a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, por estar involucrada en la búsqueda de los votos necesarios para su destitución y censura.
"¿Qué hace, señora ministra, la señora Rosa Carminiani Molina en los pasillos de la Asamblea? ¿Qué tiene que ver usted con este juicio político?", cuestionó Rosero. Y alegó que no se respeta la división de poderes en Ecuador.
Por otro lado, a horas de que el juicio político sea tratado en el Pleno, el asambleísta oficialista Luigi García, aseguró que cuentan con los votos para la censura y destitución de Rosero.
"Está claro en el informe el conflicto de interés generado por una reunión de un consejero que debe ser el primero en ser independiente", dijo García. También insistió en que el proceso se ha llevado a cabo dentro de la ley y cumpliendo con el debido proceso.
