Un abogado de 34 años, una exalcaldesa de 62, exalcaldes que vuelven a competir y la esposa de un actual alcalde figuran entre los candidatos de las elecciones 2026. Las listas de Quito, Guayaquil, Pichincha y Guayas reúnen a 54 postulantes con trayectorias y antecedentes distintos.
Las candidaturas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 tienen varios nombres conocidos y algunas particularidades. Entre los 54 postulantes a las alcaldías de Quito y Guayaquil y a las prefecturas y viceprefecturas de Pichincha y Guayas hay exautoridades que buscan regresar, funcionarios que aspiran a otro cargo y candidatos con vínculos familiares con figuras de la política local.
Uno de los contrastes está en las edades. Bernardo Jijón, candidato de Sociedad Patriótica a la Alcaldía de Quito, tiene 34 años. En el otro extremo, Susana Santistevan, postulante de CREO al Municipio de Guayaquil, tiene 62 años.
Tres alcaldes vuelven a la papeleta
Pabel Muñoz, Jorge Yunda y Cynthia Viteri tienen algo en común: los tres ya ocuparon una Alcaldía. Muñoz busca la reelección inmediata en Quito; Yunda intenta regresar al Municipio capitalino, que dirigió entre 2019 y 2021, y Viteri busca volver al Sillón de Olmedo, después de gobernar Guayaquil entre 2019 y 2023.
Yunda fue removido por el Concejo Metropolitano en 2021. La decisión fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su candidatura por Avanza lo vuelve a ubicar en la papeleta quiteña, esta vez frente al alcalde que lo sucedió.
En Guayaquil, Viteri participa por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). La exalcaldesa también tiene una trayectoria legislativa, fue diputada, asambleísta constituyente y candidata presidencial, en 2006 y 2017.
De ministros y asambleístas a prefectos
Otros postulantes buscan cambiar de institución. Andrés Guschmer, candidato de ADN a la Prefectura del Guayas, fue ministro del Deporte durante el gobierno de Daniel Noboa y asambleísta, puesto al que renunció para postularse en las seccionales. Antes también fue concejal de Guayaquil, entre 2019 y 2022.
Juan Zapata, aspirante de Imparables a la Prefectura de Pichincha, fue ministro del Interior, entre 2022 y 2023 y antes de eso, director del ECU 911, desde 2019.
Mishelle Calvache, de CREO, fue vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Guillermo Churuchumbi, de Pachakutik, fue alcalde de Cayambe durante dos periodos, entre 2014 y 2022, y en 2023 también compitió por la Prefectura de Pichincha.
En Guayas, Sofía Espín, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), fue asambleísta en dos periodos por la Revolución Ciudadana, entre 2017 y 2023. Geraldine Weber, candidata de CREO, también pasó por la Asamblea Nacional, entre 2021 y 2023, pero ahora busca la Prefectura.
Una candidatura con vínculo familiar con el Municipio
En Guayaquil, Fiorella Ycaza, candidata del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), es esposa del actual alcalde, Aquiles Alvarez, quien permanece recluido en la cárcel del Encuentro. Es su primera candidatura y no registra cargos públicos anteriores.
Además, está procesada en el caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos relacionado con empresas de la familia Alvarez Henriques. Ahora, cuenta con inmunidad por las elecciones 2026, hasta la proclamación de resultados, por lo que el proceso en su contra fue suspendido.
Más mujeres en las viceprefecturas
La distribución de género también deja una diferencia entre las candidaturas principales y las viceprefecturas. De los 36 aspirantes a las alcaldías y prefecturas, 12 son mujeres y 24 hombres. En las 18 candidaturas a viceprefecturas, en cambio, hay 12 mujeres y seis hombres.
En total, entre las cuatro jurisdicciones y las tres dignidades, participan 24 mujeres y 30 hombres.
Otro caso que llama la atención en Pichincha es el de Alexandro Tonello. El exviceprefecto, quien acompañó a Paola Pabón en dos periodos, busca ahora la Prefectura, mientras la Asamblea Nacional aprobó una fiscalización sobre contratos de Tonello Soluciones Integrales y otras compañías vinculadas con él o su entorno familiar. La revisión legislativa comprende el periodo 2019-2026; se trata de un proceso de fiscalización y no de una declaración de responsabilidad penal.