jueves 19 de noviembre de 2026
Denuncia ciudadana

Contraloría General del Estado investiga el uso de vehículos municipales en trabajos privados

El 11 de noviembre, la Contraloría retuvo una camioneta que abastecía de combustible a la retroexcavadora empleada fuera de sus actividades institucionales.

En pocas palabras

  • Contraloría General: Retuvo una camioneta municipal por abastecer de combustible a una retroexcavadora en trabajos privados en Santo Domingo.
  • Hallazgo de auditoría: Se identificaron dos vehículos institucionales del GAD Municipal de Santo Domingo involucrados en actividades ajenas a sus funciones.
  • Determinación de responsabilidades: El organismo de control determinará sanciones administrativas, civiles o indicios penales para los servidores vinculados.
Resumen generado por Thinkindot AI

La Contraloría General del Estado realizó una acción de control en Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 11 de noviembre de 2026, después de recibir una denuncia ciudadana sobre el presunto uso indebido de bienes municipales. Durante la intervención, los auditores identificaron dos vehículos institucionales involucrados en actividades particulares.

El operativo se desarrolló en los exteriores de un predio privado. Allí, una retroexcavadora perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Santo Domingo ejecutaba trabajos particulares, mientras una camioneta de la misma institución le suministraba combustible.

La Contraloría informó que la camioneta municipal fue retenida inmediatamente durante la intervención. Los dos vehículos fueron identificados como parte de una actividad ajena a sus funciones institucionales, por lo que el equipo auditor inició las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de los servidores vinculados.

Contraloría General del Estado y los controles sobre bienes públicos

El caso de Santo Domingo se produce en un contexto de otras acciones de control relacionadas con la administración de recursos públicos. El 5 de noviembre de 2026, la Contraloría identificó un perjuicio económico de aproximadamente 786.000 dólares en la adquisición de seis camiones recolectores de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), en Quito.

Ese examen determinó responsabilidades administrativas y civiles para 12 funcionarios, además de indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía. Los vehículos adquiridos presentaban incumplimientos de las especificaciones técnicas y se encontraban fuera de operación.

Las auditorías a las instituciones públicas también han estado relacionadas con el manejo de recursos económicos. En Pichincha, la Prefectura anunció el 30 de octubre de 2026 que solicitó un examen especial a la Contraloría por denuncias sobre el supuesto uso de cuentas particulares para recibir pagos vinculados con el fondo vial. La entidad también informó sobre la desvinculación del responsable del área de recaudaciones.

Las denuncias ciudadanas constituyen otra vía para alertar sobre posibles irregularidades en las instituciones públicas. El 10 de noviembre de 2026, Ecuador incorporó el acceso a la plataforma Más Integridad en el código QR de la cédula de identidad, una herramienta que permite reportar posibles actos de corrupción.

Qué responsabilidades puede determinar la Contraloría General del Estado

En el caso de Santo Domingo, el organismo de control señaló que continuará con el procedimiento correspondiente para establecer las responsabilidades derivadas del uso de los vehículos municipales. Los resultados de la acción de control pueden concluir en sanciones administrativas, responsabilidades civiles e indicios de responsabilidad penal para los servidores relacionados con los hechos.

Estas determinaciones dependen de los resultados del análisis de auditoría y del procedimiento correspondiente. La identificación de un posible uso indebido de bienes públicos constituye un hallazgo que debe ser examinado para establecer las actuaciones de los funcionarios involucrados.

La intervención del 11 de noviembre se originó en una denuncia ciudadana y permitió identificar una retroexcavadora y una camioneta municipales en una actividad particular.

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