mié 21 oct 2026
Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Ecuador necesitará más de 70 millones de dólares en infraestructura hasta el 2030.
Autoridades y representantes empresariales participaron en el I Foro de Infraestructura 2026 en Ecuador.
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Ecuador necesitará cerca de 72.000 millones de dólares para construir, mantener y reemplazar infraestructura hasta 2030. Esta es la estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citada por el ministro Roberto Luque durante el I Foro Ecuatoriano de Infraestructura 2026, realizado en Quito. La inversión requerida abarca sectores como transporte, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones.
Durante el encuentro, organizado por Seminarium e InfraMonitor, representantes del sector público, organismos multilaterales y empresas privadas analizaron alternativas para atraer inversiones y mejorar la infraestructura del país.
Desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte, Luque informó que el Plan Nacional de Repotenciación de Infraestructura Logística contempla 18 proyectos estratégicos, con una cartera aproximada de 2.500 millones de dólares. De ese total, nueve proyectos ya se encuentran en ejecución, según el funcionario.
"El Estado no puede asumir estos desafíos por sí solo. Necesitamos la colaboración del sector privado", afirmó Luque.
La propuesta gubernamental apunta a fortalecer la participación de capital privado en el desarrollo de infraestructura, mediante mecanismos que permitan financiar y ejecutar proyectos de largo plazo.
Durante el foro, el viceministro de Economía, Francisco Zalles, destacó el movimiento de carga registrado en los puertos ecuatorianos, como parte del análisis sobre las necesidades de infraestructura logística y su relación con la competitividad y el comercio exterior.
Según las cifras presentadas por el funcionario, Ecuador movilizó 63,4 millones de toneladas de carga durante 2025. De ese total, la Autoridad Portuaria de Guayaquil registró 13,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 34 % frente al año anterior.
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Uno de los principales temas del encuentro fue cómo convertir las necesidades de infraestructura en proyectos que cuenten con financiamiento y capacidad de ejecución.
Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile y doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), analizó las condiciones necesarias para atraer capital privado mediante asociaciones público-privadas (APP).
Su intervención abordó la distribución de riesgos, los mecanismos de supervisión y la importancia de fortalecer las capacidades del Estado para contratar y controlar inversiones de largo plazo.
Por su parte, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN Perú, compartió experiencias sobre asociaciones público-privadas, obras por impuestos y mecanismos para llevar proyectos hasta su cierre financiero.
También participó Manuel Felipe Gutiérrez, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, quien abordó los desafíos para ejecutar proyectos sostenibles.
Representantes de CAF, BID Invest, Banco Pichincha y otras entidades analizaron las condiciones financieras, tributarias y regulatorias que influyen en la viabilidad de las inversiones.
El I Foro Ecuatoriano de Infraestructura también abordó las necesidades de inversión en salud, vialidad, logística y movilidad.
En materia portuaria, Cristina Lazo, de DP World, analizó la relación entre seguridad, productividad logística y comercio exterior.
Martín Moreda, de Contecon, examinó las perspectivas de crecimiento portuario para el período 2026-2030, mientras que el economista Alberto Dahik abordó las posibilidades de financiamiento de infraestructura con horizonte a 2040.
En el sector sanitario, representantes de DIFARE, IBT Group Perú, CAF, ATREVIA y UNOPS discutieron la importancia de que las inversiones no se limiten a la construcción de establecimientos, sino que también garanticen mantenimiento, operación y calidad de los servicios.
El encuentro concluyó con el planteamiento de fortalecer la planificación de largo plazo, las capacidades institucionales y los mecanismos de financiamiento para convertir las necesidades de infraestructura en proyectos que mejoren los servicios públicos y la competitividad del país.
