mié 07 oct 2026
Ecuador ejecutó la deportación de ocho extranjeros tras operativos migratorios en Quito, Imbabura, Carchi y Santa Elena.
Controles migratorios y procesos de deportación en Ecuador, representados en una ilustración sobre la gestión migratoria en el país.
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Elaboración propia con asistencia de ChatGPT.
El Ministerio del Interior informó el 5 de octubre de 2026 que ocho ciudadanos extranjeros fueron deportados de Ecuador tras operativos de control migratorio realizados en Quito, Imbabura, Carchi y Santa Elena. Según la entidad, cuatro colombianos fueron considerados una amenaza o riesgo para la seguridad y estarían vinculados con actividades ilegales de préstamos, cobranza e intimidación.
La deportación incluyó también a ciudadanos de Uruguay, Venezuela y Perú.
Las operaciones estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía Nacional, y tuvieron como objetivo verificar el estatus migratorio de ciudadanos extranjeros y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, cuatro ciudadanos colombianos fueron deportados por ser considerados una amenaza o riesgo para la seguridad y estarían vinculados con actividades ilegales de préstamos y cobranza, además de intimidación.
La entidad también informó sobre la deportación de un ciudadano uruguayo, a quien identificó como una amenaza o riesgo para la seguridad. Según el Gobierno, esta persona registra antecedentes en su país de origen relacionados con robo, amenazas, disturbios, violencia privada y daños.
En el caso de una ciudadana venezolana, el Ministerio señaló que habría estado implicada en delitos relacionados con la venta de sustancias controladas y robo, además de una presunta vinculación con grupos criminales. La institución mencionó a Los Lobos, en Quito, y al Tren de Aragua, en Venezuela.
Los otros dos casos corresponden a ciudadanos peruanos. Según la información oficial, ambos fueron deportados por evadir el filtro migratorio.
La Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador contempla procedimientos de deportación para personas extranjeras que incurran en determinadas causales. Entre ellas está ser considerada una amenaza o riesgo para la seguridad y la estructura del Estado, de acuerdo con la información de las autoridades competentes.
Una reforma publicada en octubre de 2025 incorporó un procedimiento específico para los casos de deportación por amenaza o riesgo para la seguridad. La norma establece que el procedimiento debe ser individualizado y que las fases de inicio, sustanciación y resolución deben estar diferenciadas entre funcionarios. Además, prohíbe la deportación de colectivos.
La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre estas disposiciones. En una sentencia de 2025 señaló que la expresión “amenaza o riesgo para la seguridad interna” no es contraria a la seguridad jurídica, aunque estableció condiciones para la aplicación de las normas sobre deportación y debido proceso.
El Ministerio del Interior indicó que los controles migratorios continuarán en distintos sectores de Ecuador para verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
