lun 19 oct 2026
El 19 de octubre, taxistas de Quito rechazaron el acuerdo con la aplicación y anunciaron reuniones con autoridades. La Unión de Taxis de Pichincha, que accedió a trabajar con Uber, agrupa solo a 150 operadoras, frente a unas 492 registradas en la ciudad.
Taxistas de Quito participaron en un plantón el 19 de octubre de 2026 para rechazar el acuerdo con Uber y exigir controles al transporte informal.
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Guadalupe Aizaga / Diario HOY.
Taxistas de Quito se reunieron para rechazar el acuerdo entre Uber y la Unión de Taxis de Pichincha a las 06:00 del 19 de octubre de 2026 . Durante el pronunciamiento, los dirigentes gritaron '¡Fuera Uber, fuera!' y '¡Fuera el transporte ilegal!', mientras exigieron controles y la aplicación de la normativa vigente.
Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, sostuvo que el convenio anunciado el 13 de octubre no representa a todo el sector. Cuestionó la representatividad de las organizaciones que negociaron el acuerdo con Uber y señaló que la Unión de Taxis de Pichincha, presidida por Fernando Cadena Molina, tiene una trayectoria reconocida, pero no representa a la mayoría del sector.
'Son un organismo de integración respetable y considerable pero no son la mayoría', afirmó Brunis. El dirigente sostuvo que antes de concretar una decisión de este tipo debió realizarse un proceso de socialización con las operadoras y convocarse a una asamblea general. Edwin Calero, secretario de la Federación indicó que, según sus cifras, Unión de Taxis de Pichincha cuenta con 150 operadoras y en Quito hay alrededor de 492.
La alianza entre Uber y la Unión de Taxis de Pichincha permite incorporar taxis amarillos a la aplicación. Según lo anunciado por las organizaciones, los conductores deben pertenecer al gremio y cumplir los requisitos de registro para acceder a esta modalidad.
Brunis sostuvo que existe una diferencia entre las obligaciones de los taxistas autorizados y las de quienes ofrecen transporte con vehículos particulares mediante aplicaciones. Para el dirigente, las autoridades deben garantizar que todos los prestadores cumplan las condiciones legales correspondientes a cada modalidad de transporte.
El artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el transporte comercial, categoría en la que se incluye el servicio de taxi, requiere un permiso de operación y debe prestarse mediante operadoras autorizadas. Por su parte, el artículo 58.1 define al vehículo particular como aquel destinado a las necesidades propias de transporte de su propietario, sin fines de lucro.
El artículo 62.a de la misma ley reconoce las plataformas digitales como herramientas tecnológicas para gestionar el transporte regulado, con excepción del servicio particular. La discusión planteada por los dirigentes se centra en cómo se aplica este marco legal a los servicios que conectan a pasajeros con conductores mediante aplicaciones digitales.
Brunis también cuestionó las diferencias entre las sanciones que, según dijo, afrontan los taxistas y las que se aplican a los vehículos particulares. El artículo 386, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal contempla una multa de dos salarios básicos unificados, la reducción de 10 puntos en la licencia y la retención del vehículo por un mínimo de siete días cuando se transportan pasajeros sin el título habilitante correspondiente.
Entre los acuerdos anunciados por los dirigentes consta gestionar reuniones con el Ministerio de Transporte y la Asamblea Nacional para exigir el cumplimiento de la ley. Brunis también indicó que esperan una respuesta de la ministra de Gobierno para abrir un espacio de diálogo sobre la situación del sector.
El dirigente afirmó que desde hace cinco años las organizaciones solicitan un reglamento que permita establecer condiciones claras para la operación de las plataformas digitales de transporte. Su pedido apunta a definir las reglas de funcionamiento y los mecanismos de control para los servicios que operan mediante estas aplicaciones.
El pronunciamiento se produce después de que los dirigentes del Taxismo Legal de Quito rechazaran públicamente el acuerdo con Uber y anunciaran su convocatoria para el 19 de octubre. La controversia abrió una nueva discusión dentro del gremio sobre la representación de las organizaciones y las condiciones para incorporar taxis convencionales a las plataformas digitales.
